La jueza estadounidense Loretta Preska desestimó el pedido oficial para frenar la transferencia del 51 % de las acciones de YPF al fondo Burford, abierta como parte de un fallo millonario por la expropiación de la petrolera en 2012.
Economía14 de julio de 2025
Alejandra Larrea
En Nueva York, la magistrada rechazó solicitar un “stay” a la orden judicial, dejando firme la exigencia de transferencia accionaria mientras Argentina apela. La cortesía institucional cedió paso a una fuerte decisión judicial, que presiona al país en un contexto de alta tensión legal y económica.
El fallo de junio determinaba que Argentina debía ceder el control de YPF para pagar una indemnización de alrededor de US$ 16.100 millones a inversores minoritarios representados por Burford, resultado de la nacionalización de la firma en 2012.
El Gobierno apeló inmediatamente, pero Preska aclaró que Argentina no cumplió con los requisitos previos exigidos para suspender la transferencia. El reclamo fue visto como un intento de “eludir obligaciones” por parte del Estado, según la jueza.
Con esta negativa, Argentina avanza hacia una etapa de alta presión legal. Podría enfrentar embargos sobre activos en Estados Unidos y otras jurisdicciones si la apelación no prospera. El equipo legal ya solicitó medidas cautelares mientras continúa la defensa en segunda instancia.
Desde Buenos Aires, el Ejecutivo calificó la decisión como una amenaza a la soberanía y anticipó una nueva apelación, incluso ante la Corte Suprema de EE.UU. Frente a ello, analistas advierten que ceder acciones sin respaldo del Congreso podría tener repercusiones institucionales y económicas graves.
El proceso sigue en curso en la Corte de Apelaciones y la cautela política y financiera cobra fuerza. Si se mantiene la orden, la entrega accionaria podría concretarse en poco tiempo, incrementando la urgencia legal y diplomática.
El rechazo de Preska revierte la expectativa oficial de lograr un freno temporal. Con el fallo firme, Argentina ingresa en una fase decisiva del litigio, donde la negociación, la apelación y la posible resistencia institucional enfrentarán la tensión entre soberanía y obligaciones internacionales.
El Gobierno estadounidense anunció que respaldará la posición de Argentina en el litigio internacional que busca suspender la entrega del 51 % de YPF al fondo Burford. La decisión implica una señal política inesperada desde Washington y refuerza la estrategia legal de la Casa Rosada.
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