Bullrich lanza protocolo para agentes encubiertos en redes sociales

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó un protocolo oficial que faculta a fuerzas federales a implementar “agentes encubiertos digitales” y “reveladores”, quienes operarán con identidades reales o avatares falsos en redes sociales e internet para investigar delitos complejos.

Política16 de julio de 2025Alejandra LarreaAlejandra Larrea
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El Gobierno implementó un protocolo para regular el despliegue de agentes encubiertos digitales en el ciberespacio.

Desde Buenos Aires, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial una resolución que regula el uso de perfiles falsos o reales por parte de agentes federales para infiltrarse en plataformas virtuales. La finalidad: observar y neutralizar delitos como narcotráfico, trata de personas, pornografía infantil y terrorismo a través de un despliegue encubierto digital supervisado por la Justicia.

Hasta ahora, la Ley 27.319 regulaba el accionar presencial de agentes encubiertos, pero el protocolo incorpora específicamente la dimensión digital. Se crea un “Registro de Avatares” gestionado por Renaper, que formaliza las identidades ficticias con documentación real, destinadas a brindar verosimilitud durante las investigaciones judiciales.

El proceso exige orden judicial, selección del agente, validación de la identidad ficticia y constancia de las operaciones. Toda actividad será registrada y resguardada. El agente deberá eliminar su avatar al finalizar la misión, salvo excepciones relacionadas a seguridad personal o continuidad del caso.

La decisión se complementa con la creación de un Consejo Académico Ad honorem, liderado por el juez Ricardo Basílico. Este organismo tendrá la función de definir contenidos, capacitaciones y protocolos operativos, y estará conformado por expertos de la Justicia, representantes de las fuerzas y académicos, con el objetivo de profesionalizar el uso de estas herramientas digitales.

Defensores de derechos civiles criticaron la medida, al considerar que podría infringir la privacidad, facilitar la intervención en conversaciones y abrir una vía para monitoreo político o persecución. Por su parte, el Gobierno defendió la propuesta argumentando que las plataformas virtuales son hoy el escenario fundamental de operativos criminales.

Esta política forma parte de una estrategia más amplia de la gestión de Seguridad, que ya en 2024 había habilitado el ciberpatrullaje automático y la intervención de inteligencia artificial, especialmente en casos relacionados a delitos tecnológicos y financieros.

El protocolo marca una expansión significativa de las capacidades investigativas digitales del Estado. En equilibrio entre control y civiles, plantea interrogantes sobre límites y privacidad. Si bien potencia la investigación judicial, también abre un debate urgente sobre el rol del Estado en el ciberespacio.

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