Tras detectarse posibles filtraciones de información sobre la demanda contra Burford en Nueva York, la Casa Rosada ordenó el despido de más de 60 funcionarios y la reducción de áreas técnicas, en medio de una estrategia más estricta en el organismo.
Actualidad16 de julio de 2025
Alejandro Cabrera
En un movimiento contundente contra las supuestas filtraciones en la causa YPF —donde Argentina enfrenta un reclamo millonario en EE.UU.— el Gobierno ordenó una limpieza interna en la Procuración del Tesoro. Más de 60 trabajadores fueron desvinculados y se redujeron las unidades técnicas para reforzar el control administrativo.
El ministro de Economía coordinó con el Procurador Santiago Castro Videla un plan de eficiencia operativa. La reacción se dio horas después de que trascendieran sospechas de que documentos sensibles habrían sido vendidos a los fondos demandantes estadounidenses.
Despidos masivos tras la señal de alerta
La Procuración eliminó más de 60 puestos, representando una reducción superior al 20 % de su plantilla desde febrero de 2025. Algunas Direcciones Nacionales fueron fusionadas y se disolvió la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, que pasa a depender de un centro más pequeño.
La medida se presentó como un ahorro histórico, bajo la consigna de eliminar “lujos jerárquicos” y mejorar el funcionamiento técnico del organismo.
Motivación real del cambio
El cambio se desencadenó tras la sospecha de que se produjeron filtraciones sobre la estrategia judicial de Argentina en la demanda por la expropiación de YPF. La acusación habla de “venta de información” desde adentro de la Procuración, aunque el Gobierno no detalló públicamente qué tipo de datos fueron comprometidos.
Un portavoz definió el hecho como “muy grave” y enmarcó los despidos dentro de una purga política que busca blindar el sistema jurídico del Estado.
¿A qué apuesta la Casa Rosada?
El Gobierno busca reforzar la posición defensiva en la Corte de Apelaciones de Nueva York, donde también intervino el Departamento de Justicia de EE.UU. como amicus curae a favor de Argentina. El objetivo es evitar la ejecución de un fallo que ordena el pago de más de USD 16 000 millones y salvaguardar bienes soberanos.
La reorganización también pretende mostrar disciplina fiscal y eficacia, alineada con el discurso de austeridad de la gestión actual.
Riesgos de una purga severa
Sin embargo, la purga plantea interrogantes: reducir capacidades técnicas puede limitar la defensa y la generación de doctrina jurídica. La disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados, en particular, podría impactar en la capacitación profesional dentro del organismo.
Asimismo, la señal de que empleados que trabajaban en temas delicados fueron despedidos genera incertidumbre sobre la independencia institucional de la Procuración.
El siguiente paso para el Congreso
En paralelo, en el Senado consideran convocar informalmente a una sesión para consultar al Ejecutivo, a YPF y a la Procuración sobre el estado del juicio y las filtraciones. Se busca obtener claridad institucional sin interferir judicialmente en un asunto sensible.
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