En un giro controvertido de su política migratoria, Estados Unidos deportó por primera vez a cinco personas a Eswatini (antigua Suazilandia), aplicando un mecanismo que permite expulsar a migrantes a países que no son su lugar de origen. La medida se da tras una resolución de la Corte Suprema y reaviva cuestionamientos legales y éticos.
Estados Unidos16 de julio de 2025
Alejandra Larrea
Por orden del Departamento de Seguridad Nacional, un vuelo partió con cinco migrantes: ciudadanos de Vietnam, Jamaica, Laos, Cuba y Yemen, todos con condenas graves por delitos como homicidio o abuso infantil, según las autoridades. Sus países de origen se negaron a recibirlos debido a la naturaleza de sus crímenes, lo que llevó al Gobierno a recurrir a Eswatini, un reino africano que aceptó su llegada sin que se conozcan plenamente los términos del acuerdo.
La base legal fue un fallo reciente de la Corte Suprema estadounidense que autorizó la deportación a “terceros países” si esos Estados garantizan que no habrá persecución ni tortura. El secretario adjunto del DHS calificó a los deportados como “tan barbáricos” que sus propios países no los aceptaron. Este es el segundo destino africano elegido en pocas semanas, tras envíos previos a Sudán del Sur.
Aunque el DHS asegura que se trata de una estrategia eficaz para reducir la presión migratoria y proteger a la sociedad, organismos de derechos humanos alertan sobre la falta de transparencia. No se sabe si los deportados están detenidos, en libertad condicional o en qué condiciones; mientras tanto, organizaciones civilistas en Eswatini han expresado su inquietud por la celeridad de la política y los riesgos para la seguridad de sus comunidades, dado que esa nación está bajo una monarquía absolutista con historial de represión.
La nueva política también implica que, en casos extraordinarios, ICE puede ejecutar las deportaciones con apenas seis horas de aviso a los afectados, siempre que tengan acceso a un abogado y el tercer país haya dado garantías formales. Se prevé replicar el modelo en otras naciones africanas, según lo admitido por funcionarios estadounidenses.
Este giro sustancial en la gestión migratoria refuerza una línea dura del Ejecutivo que promete expulsiones masivas sin depender de repatriación tradicional. No obstante, genera fricciones en el plano diplomático y jurídico, tanto en EE. UU. como en países receptores que temen convertirse en “vertedero de detenidos peligrosos”.
La primera operación de deportación a África marca un quiebre dramático: Estados Unidos abre una nueva ruta migratoria basada en acuerdos especiales, sin transparencia ni protocolos asentados. Queda por verse si otros países africanos cederán al modelo, qué respuesta dará la comunidad internacional y cómo enfrentarán los sistemas judiciales y de derechos humanos estos vuelos polémicos.
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