Una jueza federal suspendió el artículo clave del DNU que eliminaba el organismo responsable de rutas y caminos. El fallo genera un fuerte revés para el Gobierno y abre un nuevo frente judicial.
Política17 de julio de 2025
Alejandro Cabrera
El gobierno de Javier Milei sufrió este jueves un nuevo revés judicial: la Justicia federal suspendió de manera cautelar el decreto presidencial que ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. La medida había sido implementada en el marco del DNU 70/2023, una de las piezas centrales del plan de desregulación del Estado impulsado por el Ejecutivo.
La jueza encargada de emitir el fallo consideró que la disolución del organismo era una “medida de gravedad institucional” que podría afectar el funcionamiento del Estado y, en consecuencia, la vida de millones de personas. Por eso decidió suspender el artículo específico del DNU que ejecutaba la eliminación del ente.
La Dirección Nacional de Vialidad es el organismo estatal que desde hace décadas se encarga del mantenimiento, la planificación y la construcción de rutas y caminos a lo largo del país. La disolución dispuesta por el gobierno incluía su reemplazo por un esquema privado o descentralizado aún no detallado.
La decisión de la Justicia también contempló la necesidad de mantener en funciones al personal técnico, profesional y operativo del organismo, cuyo rol es clave para garantizar la seguridad vial, la conectividad logística y el cumplimiento de obras públicas esenciales.
Un nuevo freno para el plan motosierra
Este fallo no es un hecho aislado. Se suma a otros frenos judiciales que viene recibiendo la administración de Javier Milei en su intento por avanzar con decretos de desregulación del Estado. La particularidad de este caso es que se trata de una estructura administrativa histórica, con decenas de delegaciones en todo el país y con fuerte inserción en provincias estratégicas.
La suspensión, además, expone una tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial que ha ido escalando en los últimos meses. Mientras el gobierno denuncia a jueces y fiscales por poner trabas a la “modernización del Estado”, desde el ámbito judicial crecen las resoluciones que marcan límites institucionales a los decretos.
“La disolución de Vialidad no fue explicada técnicamente ni acompañada por un plan de transición”, señalan fuentes vinculadas a la causa. De hecho, la Justicia le pidió al Ejecutivo que en un plazo de diez días presente información detallada sobre los motivos, el impacto y las consecuencias de eliminar el organismo.
Tensión política e impacto federal
La reacción política no se hizo esperar. Desde la oposición salieron a respaldar el fallo y celebraron la medida como “una defensa del federalismo y del empleo estatal calificado”. Incluso algunos sectores de provincias gobernadas por aliados libertarios mostraron inquietud ante la posibilidad de perder estructuras claves para la obra pública.
El impacto federal de esta suspensión es directo. Vialidad Nacional ejecuta convenios con provincias y municipios para la construcción y reparación de rutas, caminos rurales y accesos estratégicos. Su eliminación dejaba a decenas de gobiernos locales sin interlocutores ni presupuesto para continuar obras en ejecución.
Desde el oficialismo, en cambio, evitaron hacer declaraciones formales, pero dejaron trascender que apelarán el fallo y seguirán impulsando “la reducción del gasto y la eliminación de organismos ineficientes”.
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