Alejandra Larrea
Una estructura ubicada en una esquina céntrica de La Plata sigue generando inquietud: un depósito clandestino funcionaba sin habilitación operativa cuando un incendio de grandes dimensiones lo consumió durante más de cinco horas. Aunque no hubo víctimas humanas, el derrumbe parcial reveló grietas y una estabilidad muy comprometida.
Ahora, tras los informes técnicos que lo calificaron de peligro real, la Justicia autorizó su demolición controlada. En los próximos días se espera que un operativo organizado con precisión permita evacuar lo último del edificio antes del derrumbe mecánico.
El siniestro comenzó en la mañana y tomó fuerza rápidamente por la presencia de electrodomésticos y elementos inflamables, al punto que heladeras y lavarropas llegaron a caer sobre la calle durante el colapso parcial. Fueron evacuadas más de 50 familias y se cerraron comercios mientras operativos de bomberos, Defensa Civil y Policía actuaban en un escenario caótico.
Tras inspecciones realizadas por ingenieros de la UNLP y especialistas judiciales, se confirmó que la estructura no podía mantener pie sin riesgo grave. Se contrató a una empresa especializada para realizar una demolición mecánica: la metodología contempla el uso de brazos hidráulicos para desarmar desde arriba hacia abajo, minimizando impactos sobre inmuebles contiguos.
El operativo, previsto en una jornada de lunes, contempla grúas, camiones y personal técnico capacitado. Vecinos, autoridades locales y comerciantes siguen atentos a los detalles logísticos: existe incertidumbre sobre el acceso a viviendas y negocios contiguos, así como preocupación por eventuales vibraciones o desprendimientos.
Este episodio expone la intersección entre negligencia operativa y vulnerabilidad urbana. Un depósito ilegal, sin habilitación y sin medidas de seguridad, se incendia y deja al descubierto fallas estructurales que requieren demolición urgente. La demolición controlada es la respuesta para proteger la zona y permitir que los vecinos vuelvan a sus hogares con seguridad. Más allá del operativo, el caso plantea una reflexión sobre regulaciones fallidas y la necesidad de reforzar controles en edificaciones bajo riesgo.
