Un operativo conjunto del Gobierno porteño recuperó un predio detrás del Mercado de Bonpland. Un empleado con pedido de captura fue detenido.
Policiales31 de julio de 2025
Alejandra Larrea
Una madrugada intensa sacudió Palermo: fuerzas de seguridad porteñas avanzaron sobre un terreno ubicado en Bonpland 1660, ocupado ilegalmente durante más de dos décadas. El espacio había sido utilizado para un comedor comunitario —según permisos otorgados en 2001—, pero con el tiempo derivó en actividades no autorizadas, como eventos sociales, venta de artesanías y reuniones culturales.
El Gobierno de la Ciudad, a través de la Policía porteña y los ministerios de Espacio Público y Desarrollo Humano, ejecutó el desalojo. Durante la operación se detuvo a un hombre de 52 años, empleado del predio, quien contaba con una orden de captura vigente por una causa de violencia de género y lesiones. La administración local aseguró que se trataba de una usurpación que alteraba el orden vecinal y vulneraba derechos normados.
Desde el oficialismo, se puntualizó que los comerciantes del mercado cercano no tenían vínculo con la organización que ocupaba el terreno. También informaron la suspensión del financiamiento de colectivos que trasladaban a cartoneros vinculados a dicha cooperativa. Este predio forma parte de una estrategia que incluye más de 370 desalojos ordenados desde el inicio de la actual gestión.
La cooperativa que ocupaba el lugar sostiene que ahí funcionaba un comedor con autorización, talleres y actividades comunitarias desde hace años, y que contaba con papeles y habilitaciones vigentes, negando cualquier vínculo operativo directo con el dirigente social Juan Grabois. Desde su entorno aclaran que la relación es reciente y no política, sino respetuosa entre personas.
El desalojo simboliza una política activa de recuperación del espacio público en la Ciudad de Buenos Aires. Más allá de disputas políticas, refleja también la compleja tensión entre reclamos sociales y normativas vigentes. Ahora, el uso que se le dará al predio queda en manos de la administración porteña, mientras la controversia continua.
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