En la zona limítrofe con Brasil, en Misiones, se dispararon los crímenes cometidos por sicarios. Se registraron al menos nueve casos sin resolver en los últimos cinco años.
Policiales05 de agosto de 2025
Alejandra Larrea
En los últimos días, la región de Bernardo de Irigoyén, en la provincia de Misiones, se encuentra en estado de alerta por un incremento inusual de asesinatos a manos de sicarios. Las autoridades locales enfrentan la presión de una comunidad que exige respuestas ante hechos violentos que suman al menos nueve casos en los últimos cinco años.
Uno de los incidentes recientes involucró el atropello deliberado de un joven por un patrullero, tras una persecución, lo que profundizó la preocupación por la acción y la impunidad de estos ataques presuntamente vinculados al crimen organizado.
La frontera entre Argentina y Brasil se ha convertido en un escenario complejo donde la fragilidad institucional y la proliferación de bandas dedicadas al sicariato generan un clima de temor. Las víctimas, a menudo jóvenes de comunidades vulnerables, han sido blanco de ataques que muestran planificación y ejecución profesional.
Las estadísticas oficiales indican que al menos nueve homicidios vinculados a sicarios quedaron sin esclarecer en los últimos lustros. En casi todos los casos no hubo imputaciones concretas ni pistas claras sobre los autores, lo que refleja la debilidad del accionar judicial en la zona. Esta ausencia de avances refuerza la sensación de impunidad entre los vecinos.
En uno de los eventos más impactantes, un joven fue perseguido en moto y embestido con un patrullero oficial. La maniobra, registrada como deliberada, expuso un nivel de coordinación y osadía pocas veces visto en la región. El episodio generó cuestionamientos sobre posibles vínculos entre fuerzas de seguridad y las redes criminales.
El contexto podría estar influenciado por el tránsito de drogas, armas y dinero desde Brasil. La dificultad para controlar pasos fronterizos irregulares favorece la movilidad de sicarios, facilitando el acceso a territorios menos vigilados y con menor presencia del Estado.
La comunidad vive entre la incertidumbre y la desconfianza. Los habitantes señalan que este tipo de ataques no responde a conflictos personales, sino a advertencias directas de los grupos delictivos. Esa lógica de disuasión basada en la violencia incrementa el silencio colectivo ante comportamientos sospechosos.
Si bien las fuerzas de seguridad reforzaron la presencia en la frontera, las denuncias persisten sin respuestas contundentes. Las comisarías reportan falta de pruebas, testigos reacios a declarar y estructuras criminales cada vez más profesionales.
A nivel provincial, se barajan hipótesis sobre organizaciones con base en Brasil que operan desde enclaves logísticos cercanos. Estos grupos contarían con intermediarios locales que coordinan contrataciones y logística, lo que dificulta su identificación directa.
El temor entre vecinos ha provocado además migraciones internas: familias que consideran mudarse para proteger a sus hijos. Esa tensión social agrava el tejido comunitario y refuerza la demanda de políticas estatales bien articuladas con países limítrofes.
El ciclo de violencia alimenta otra ola: familias reclaman justicia y abogan por investigaciones independientes. A su vez, organismos de derechos humanos reclaman mayor visibilidad pública sobre el fenómeno, ante el riesgo de que vuelva invisible a las víctimas.
El escenario proyecta un desafío inmediato: activar mecanismos de cooperación transfronteriza con Brasil, reforzar judicatura local y desarrollar estrategias de inteligencia dirigidas. La respuesta exige salir del encierro institucional para construir herramientas de intervención sostenibles.
Cierra esta etapa una sensación generalizada: la escalada de asesinatos por sicariato en Bernardo de Irigoyén no es un efecto aislado sino una señal de alerta creciente. La frontera ya no solo divide países, también expone la vulnerabilidad compartida frente a redes violentas que avanzan sin respuesta visible.
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