Una base digital administrada por autoridades prorrusas exhibe a casi 300 niños ucranianos con fotos, datos personales y descripciones, en medio de denuncias por traslado forzoso y violaciones al derecho internacional humanitario.
Mundo08 de agosto de 2025
Alejandra Larrea
La reciente publicación de un catálogo digital con menores ucranianos en la región ocupada de Lugansk ha provocado una ola de repudio. La plataforma, gestionada por la administración prorrusa, muestra fichas detalladas de 294 niños, con datos que incluyen edad, sexo, características físicas, estado de salud y hasta valoraciones sobre su carácter. Estos perfiles, disponibles para adopción o acogimiento, se presentan con un nivel de exposición que vulnera la intimidad y seguridad de los menores.
Las fichas describen a los niños con términos como “obediente”, “educado” o “tranquilo”, un lenguaje que remite más a un mercado de personas que a un registro oficial de protección de la infancia. En la mayoría de los casos, las imágenes se muestran sin difuminado y con detalles que facilitan su identificación. No se trata únicamente de niños huérfanos: muchos habrían sido separados de sus familias durante la guerra y trasladados por la fuerza a territorio controlado por Rusia.
Organizaciones humanitarias y autoridades ucranianas sostienen que este mecanismo es parte de una estrategia más amplia para borrar la identidad ucraniana de los menores. En numerosos casos, se les habría otorgado ciudadanía rusa y nuevos documentos, dificultando su rastreo y eventual restitución a sus familias de origen. Este patrón, denunciado en foros internacionales, ya había sido señalado como una violación grave de la Convención de Ginebra y de la Convención sobre los Derechos del Niño.
El catálogo no solo exhibe información personal, sino que también clasifica a los menores según su “aptitud” para ser adoptados. Esta práctica es interpretada por expertos como un intento de normalizar el traslado y la adopción de niños desde zonas ocupadas, diluyendo el debate sobre la legalidad de estas acciones. Detrás de la aparente burocracia, se oculta un problema humanitario que ya ha despertado la atención de organismos multilaterales y cortes internacionales.
Desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022, se calcula que decenas de miles de niños han sido trasladados a Rusia o a regiones bajo su control. Muchos no han regresado y permanecen integrados a familias rusas o en instituciones estatales. El catálogo actual refuerza las sospechas de que estos traslados no responden a necesidades de protección, sino a una política sistemática de asimilación.
Para los especialistas en derechos humanos, la publicación de este registro en línea supone un riesgo adicional: convierte a los menores en objetivos potenciales de redes de explotación o trata. Además, dificulta cualquier proceso judicial posterior, ya que la exposición pública podría ser utilizada como argumento para justificar que los niños ya están “integrados” en nuevas familias.
En Ucrania, el tema ha despertado un fuerte debate político y social. Mientras las autoridades preparan nuevos expedientes para presentar ante instancias internacionales, las familias afectadas siguen buscando a sus hijos. La mayoría teme que, con el paso del tiempo, el rastro se pierda definitivamente y que el catálogo sea solo una muestra visible de una política más amplia y silenciosa.
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