El presidente declaró una emergencia de seguridad pública en la capital estadounidense, interviniendo las fuerzas locales y sumando agentes federales. La medida genera rechazo de las autoridades locales, que denuncian un uso político del poder presidencial.
Estados Unidos11 de agosto de 2025
Alejandra Larrea
Donald Trump anunció este lunes una de las intervenciones federales más controvertidas de su gestión: la toma temporal del control de la Policía Metropolitana de Washington D.C. y el despliegue de 800 efectivos de la Guardia Nacional. El objetivo declarado es combatir lo que describió como una crisis creciente de indigencia y delincuencia en la capital. Sin embargo, las cifras oficiales muestran un descenso significativo de los delitos violentos en el último año, lo que alimenta las críticas de que la movida responde más a un cálculo político que a una urgencia real.
La decisión se sustenta en la Sección 740 de la Ley de Autonomía de Washington (Home Rule Act), que habilita al Ejecutivo a asumir el control de las fuerzas locales por hasta 30 días sin necesidad de aprobación del Congreso. En este caso, Trump argumentó que la ciudad atraviesa un “momento de vergüenza” debido a “delincuencia, grafitis, baches y gente viviendo en las calles”, y prometió “devolver el orden” a la capital del país.
La medida incluye, además, la incorporación de agentes de agencias federales como el FBI, la DEA y el Servicio de Alguaciles, que patrullarán zonas adyacentes a edificios gubernamentales y monumentos. En su discurso, el mandatario evitó referirse a las estadísticas difundidas por la propia policía de la ciudad, que señalan una caída del 26% en los delitos violentos durante los primeros ocho meses de 2025, en comparación con el mismo período de 2024.
La reacción local fue inmediata. La alcaldesa Muriel Bowser calificó la intervención como “inquietante” y “políticamente motivada”, mientras que el fiscal general del distrito, Brian Schwalb, cuestionó la legalidad de la medida y recordó que Washington vive una de las tasas de criminalidad más bajas de las últimas tres décadas. Para ambos funcionarios, el despliegue militar y policial responde a una estrategia de campaña de Trump para proyectar una imagen de mano dura de cara a las elecciones.
La intervención se da en un contexto de creciente tensión entre el gobierno federal y las autoridades de la capital, que históricamente han reclamado un mayor grado de autonomía. Washington D.C. no es un estado y, por lo tanto, su gobierno local está sujeto a la supervisión del Congreso y, en casos excepcionales, del Ejecutivo nacional. En este marco, la decisión de Trump se percibe como una muestra de fuerza que reaviva el debate sobre el estatus político de la ciudad.
El operativo ya está en marcha en las zonas céntricas, con presencia visible de vehículos militares y patrullas mixtas integradas por policías locales y agentes federales. Fuentes cercanas a la Casa Blanca aseguran que las patrullas se enfocarán en desalojar campamentos de personas sin hogar, reforzar el control en áreas turísticas y realizar arrestos por delitos menores vinculados a la seguridad urbana. Según Trump, estas acciones serán “rápidas, firmes y visibles”.
Los críticos advierten que la medida podría generar un clima de tensión social, especialmente entre sectores vulnerables. Organizaciones civiles alertan que el desalojo masivo de personas en situación de calle, sin ofrecer alternativas habitacionales, podría agravar el problema en lugar de resolverlo. Además, cuestionan que se prioricen medidas punitivas sobre políticas de asistencia y prevención.
De prolongarse la intervención más allá del plazo legal de 30 días, el presidente necesitará la aprobación del Congreso, un escenario incierto dado el clima de polarización política. Mientras tanto, la capital estadounidense se convierte en un escenario donde se cruzan la seguridad urbana, la disputa por el poder y el pulso de una campaña presidencial que ya comenzó.
Trump sostiene que “no hay tiempo que perder” para limpiar la imagen de la ciudad ante el mundo. Sus detractores replican que lo que está en juego no es la seguridad, sino el control político y el uso del aparato estatal como herramienta electoral. Lo cierto es que, por ahora, la capital vive una intervención sin precedentes recientes, con las fuerzas federales patrullando sus calles y un clima de incertidumbre sobre lo que ocurrirá después del mes de control federal.
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