Alejandra Larrea
Una tarde que prometía recreo y camaradería quedó marcada por la tragedia. Cristian Ravena, de solo 16 años, disfrutaba de una jornada junto a amigos en el arroyo del barrio privado Lago Manzanares Norte. Sin vigilancia, señalización ni impedimentos, el joven se internó en las aguas y nunca regresó. Ahora, más de una década después, la Justicia determinó que el country será responsable: sus falencias en seguridad lo convierten en garante del daño para su familia.
La muerte de Cristian ocurrió en 2010, cuando accedió al arroyo sin restricciones ni advertencias visibles. El perímetro del country carecía de vallas y estaba deteriorado; nadie lo impidió. El joven fue arrastrado por una corriente generada por un sistema hidráulico escondido bajo el agua, un “salto hidráulico” con fuerza suficiente para atraparlo.
Después de dos días de angustiosa búsqueda, su cuerpo apareció cerca del curso de agua. Tras una investigación judicial que comprobó la ausencia de prevención y vigilancia, la Cámara Civil ratificó que las empresas que administran el predio son responsables del accidente y deben indemnizar a la madre del joven.
Es una decisión que trasciende lo simbólico —debe enfrentar la carga económica—, y, sobre todo, una advertencia para los barrios privados: el territorio cerrado no exime de obligaciones hacia quienes transitan sus márgenes. La sentencia resuena como un llamado de atención sobre los límites entre el disfrute privado y la responsabilidad colectiva.
Cristian no debería haber estado allí. Ni sus padres, ni su hogar, ni su recuerdo, merecían el final que encontró en un lago sin barreras. La decisión judicial reafirma que el silencio burocrático no puede ser el único guardián de una tarde trágica. Donde hubo falencias, ahora surge un deber: reparar lo que quedó sin palabras.
