Una investigación policial destapó una red que operaba con documentos falsificados del Ministerio de Salud. La pareja sospechada habría comercializado recetas ilegales para medicamentos de venta controlada.
Policiales15 de agosto de 2025
Alejandra Larrea
Una pareja quedó formalmente imputada por un esquema de falsificación y venta de recetas médicas que simulaban provenir del Ministerio de Salud. El operativo que permitió su detención se originó a partir de denuncias sobre la circulación de medicamentos de venta controlada adquiridos sin el respaldo de una prescripción legítima.
La investigación reveló que los acusados utilizaban membretes y sellos oficiales apócrifos, replicados con gran detalle para simular la autenticidad de los documentos. Con estas recetas falsificadas, terceros podían adquirir fármacos restringidos, incluyendo psicotrópicos y analgésicos de alta potencia, en farmacias que no detectaban la irregularidad de inmediato.
La maniobra no solo implicaba un delito contra la salud pública, sino que también representaba un riesgo para los consumidores. Los medicamentos obtenidos de esta manera podían ser desviados hacia el mercado negro o usados de forma indebida, sin control médico ni seguimiento profesional.
El procedimiento policial incluyó allanamientos en el domicilio de la pareja, donde se encontraron decenas de recetas en blanco con membretes falsos, sellos, firmas adulteradas y dispositivos electrónicos utilizados para su confección. También se hallaron listados de clientes frecuentes, lo que hace presumir que la actividad tenía un circuito estable y organizado.
Fuentes judiciales indicaron que la modalidad detectada es parte de un fenómeno creciente: la falsificación de documentación sanitaria como atajo para la obtención ilegal de medicamentos. Este tipo de delitos combina la vulneración de normas sanitarias con la falsificación de documentos públicos, lo que agrava las penas previstas en el Código Penal.
Las autoridades sanitarias recordaron que la compra de medicamentos de venta controlada sin receta legítima es ilegal y peligrosa, y que las farmacias tienen la obligación de verificar la validez de los documentos antes de dispensar los productos.
La pareja imputada afronta cargos que podrían derivar en una condena de varios años de prisión. Mientras tanto, la justicia avanza para determinar si existieron más personas involucradas en la producción o distribución de las recetas falsas, así como para identificar el destino final de los medicamentos adquiridos mediante esta maniobra.
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