Alejandra Larrea
La captura de Alberto Carlos Mejía Hernández puso fin a una persecución que se extendió durante más de un mes y que puso en evidencia fallas graves en el sistema judicial chileno. El joven, acusado de ser sicario en el asesinato del empresario José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, había sido detenido en junio y enviado a prisión preventiva. Sin embargo, una confusa resolución electrónica lo dejó en libertad apenas 24 horas después, lo que le permitió escapar del país y desatar un escándalo judicial.
Bajo una identidad falsa y con la ayuda de redes de apoyo que aún se investigan, Mejía huyó hacia el norte y luego se trasladó por distintas ciudades de Sudamérica. Su nombre comenzó a circular en Argentina cuando trascendió que se encontraba en el sur del país, lo que llevó a realizar operativos de control en la zona de Bariloche y Villa La Angostura. Durante semanas se creyó que podía haberse ocultado en Santa Cruz, lo que incrementó la tensión.
La pista clave para su localización fue un tatuaje en su mano derecha con el rostro del dios griego Zeus, un rasgo físico imposible de disimular. Ese detalle permitió confirmar su verdadera identidad en medio de los controles realizados por Interpol y las policías de la región. Finalmente, fue interceptado en la ciudad colombiana de Barrancabermeja, donde intentaba pasar desapercibido con el cabello teñido de rubio.
El operativo fue coordinado entre la Policía Nacional de Colombia, la Policía de Investigaciones de Chile y agentes de Interpol, en un despliegue que incluyó vigilancia encubierta y seguimiento de comunicaciones. Una vez reducido, Mejía fue puesto a disposición de la Fiscalía colombiana, que ya trabaja en conjunto con la Cancillería para avanzar en el proceso de extradición solicitado por Chile.
La detención abre una nueva etapa en el caso. Mientras en Colombia se espera la confirmación del trámite diplomático, en Chile continúan las investigaciones para determinar responsabilidades internas por el error que permitió la liberación del acusado. El episodio expuso las debilidades de un sistema judicial que, a través de un fallo administrativo, dejó en libertad a un sospechoso de homicidio y lo convirtió en prófugo internacional.
El caso también evidenció la capacidad de adaptación de las estructuras criminales que operan en la región, donde el sicariato ha ganado terreno en los últimos años. La fuga de Mejía atravesó al menos tres países y obligó a una coordinación policial inédita en Sudamérica. Ahora, con su regreso a Santiago cada vez más cercano, el proceso judicial promete reabrir el debate sobre las falencias institucionales y la necesidad de mayor control en el manejo de detenidos de alta peligrosidad.
Lo que parecía un error aislado en la burocracia judicial terminó siendo un problema regional. La detención de Mejía devuelve momentáneamente la calma, pero deja como saldo una serie de interrogantes que aún no tienen respuesta: quién facilitó su huida, cómo logró cruzar fronteras sin ser detectado y, sobre todo, cómo un homicida imputado pudo quedar en libertad por un trámite mal ejecutado.
