Alejandra Larrea
El Gobierno nacional volvió a mover piezas en su estrategia de reconfiguración del Estado. Esta vez, mediante la publicación del Decreto 591/2025 en el Boletín Oficial, prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2025 el plazo para que los organismos y empresas públicas finalicen la rescisión de contratos y convenios con compañías que gozan de beneficios exclusivos en la prestación de servicios. La medida implica una prórroga significativa respecto de la fecha límite que vencía el 22 de agosto, de acuerdo con lo establecido previamente en el Decreto 747/2024.
La decisión tiene un trasfondo político y económico. Por un lado, busca dar más tiempo a los organismos para reordenar los procesos internos y preparar nuevas licitaciones nacionales que garanticen mayor transparencia. Por otro, intenta desarmar mecanismos que durante años otorgaron privilegios a determinadas empresas, que se beneficiaban de normativas que limitaban la competencia y ataban al Estado a contrataciones obligatorias.
El decreto habilita a que los organismos competentes de cada jurisdicción prorroguen los contratos comprendidos en los decretos 1189/2012, 1191/2012 y 823/2021, hasta fines de 2025. Es decir, los convenios que originalmente debían finalizar este mes podrán continuar vigentes, siempre que la autoridad correspondiente considere conveniente la extensión. Esta flexibilidad se justifica, según el Ejecutivo, en la necesidad de “facilitar una transición ordenada” hacia un nuevo esquema de contrataciones.
Uno de los aspectos más relevantes de la medida es la derogación de normativas que imponían al Estado la obligación de contratar exclusivamente con ciertas entidades. El caso paradigmático es el del Banco Nación, que tenía la exclusividad para el pago de salarios en el sector público. El Gobierno considera que este tipo de disposiciones generaban “situaciones de privilegio” y actuaban como un verdadero “impuesto oculto” que restringía la libertad de elección y perjudicaba la eficiencia del gasto.
El decreto también se enmarca en la política de desregulación impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. Esta cartera ha tomado protagonismo en los últimos meses con una batería de medidas orientadas a simplificar procesos administrativos, eliminar requisitos burocráticos y reducir costos de gestión. En este contexto, la prórroga de los contratos aparece como una herramienta para dar oxígeno al aparato estatal mientras se implementan las nuevas reglas de juego.
En términos políticos, la medida refleja la intención del presidente Javier Milei de consolidar un discurso de ruptura con lo que denomina “casta prebendaria”. La narrativa oficial insiste en que el Estado no debe ser un actor que favorezca a determinados grupos económicos mediante monopolios legales, sino que debe garantizar un terreno competitivo e igualitario. Al mismo tiempo, se busca evitar un colapso operativo: si los contratos se daban de baja en la fecha prevista sin reemplazos inmediatos, podían generarse vacíos de prestación en áreas sensibles de la administración.
El impacto de esta decisión no es menor. Implica extender la vigencia de contratos en rubros diversos, que van desde servicios tecnológicos y bancarios hasta convenios de infraestructura. Cada prórroga deberá ser evaluada en función de las necesidades de los organismos y de la disponibilidad de alternativas licitadas en el mercado. En algunos casos, se trata de contratos millonarios que involucran recursos estratégicos.
Las críticas no tardaron en aparecer. Desde sectores opositores se plantea que la prórroga contradice el espíritu de la reforma, ya que perpetúa vínculos contractuales con los mismos actores que el Gobierno busca desplazar. También advierten que el exceso de discrecionalidad en las prórrogas puede dar lugar a negociaciones poco transparentes. Desde el oficialismo, en cambio, defienden la medida como un paso pragmático: extender plazos para evitar interrupciones de servicios mientras se trabaja en un nuevo esquema abierto y competitivo.
El decreto refleja, en definitiva, la tensión entre dos tiempos distintos: el de la política, que exige decisiones rápidas y contundentes, y el de la administración pública, que necesita procesos ordenados y plazos realistas para llevar adelante transformaciones profundas.
La prórroga hasta diciembre de 2025 busca otorgar al Gobierno un margen de maniobra para consolidar su plan de desregulación sin generar vacíos de gestión. El desafío será demostrar que, pasado ese plazo, las nuevas licitaciones efectivamente reemplazarán a los contratos heredados, eliminando privilegios y garantizando transparencia. La medida, que en apariencia solo ajusta plazos, vuelve a poner en juego la coherencia y la eficacia de la estrategia de transformación estatal
