Alejandro Cabrera
. Bajo el liderazgo del radical Pablo Blanco, es probable que en la sesión de mañana, que tratará principalmente la suspensión de las PASO, la UCR, el kirchnerismo, algunos miembros de Pro y líderes provinciales apoyen la formación de una comisión investigadora para averiguar las responsabilidades del Presidente y su círculo más cercano.
No será fácil para los opositores. Se requieren dos tercios del total para incluir el proyecto en la agenda, que son 48 votos. El camino hacia este objetivo pareció más claro el miércoles por la tarde, después de la reunión del bloque de Unión por la Patria, donde se decidió apoyar la iniciativa radical.
En total, estos dos lugares tienen 47 senadores. Es probable que Guadalupe Tagliaferri (Pro) se una para aclarar los hechos, así como el exoficialista Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso). El mismo camino podría seguir la cordobesa Alejandra Vigo, quien pidió que la Justicia actúe “de inmediato”.
Si se lleva a cabo esta acción, el Gobierno recibirá otro “cachetazo”. Celebrará la suspensión de las primarias, pero lamentará la sorprendente unidad de la oposición que lo pondrá en una situación difícil durante la campaña electoral. Su estrategia de apagar el criptogate en el debate público no habrá funcionado.
Las tareas de la comisión
La propuesta de Blanco es crear una comisión de 17 senadores que trabajará durante seis meses para “investigar, analizar y esclarecer” las acciones del Presidente. Podrá pedir informes y documentos a las personas involucradas y a organismos públicos, solicitar allanamientos, citar testigos, hacer investigaciones y requerir información a los organismos de inteligencia nacional.
Al finalizar su trabajo, elaborará un informe que podría resultar en una denuncia penal si hay pruebas legales. Blanco presentó el proyecto de resolución para crear la comisión investigadora, con las firmas de Martín Lousteau, Flavio Fama, Daniel Kroneberger y del presidente del bloque radical, Eduardo Vischi.
Con una oposición desorganizada y sin capacidad para detener el movimiento libertario, el Gobierno le dio la excusa ideal para unirse de nuevo. “Los peronistas tenemos dos narinas: en una olemos calas y en la otra, el poder”, expresó un líder del PJ.
En la Cámara baja, la oposición más fuerte propuso varias ideas para hacer que el cuerpo reflejara el escándalo. A la solicitud de juicio político del kirchnerismo, que es la iniciativa más radical, se agregaron propuestas de otros grupos para formar una comisión investigadora. Además, en las últimas horas, se han hecho solicitudes para interrogar en el recinto a los principales miembros del gabinete libertario.
Esta última iniciativa es la que tiene más apoyo hasta ahora. Los diputados de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda solicitaron que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, asista al recinto para dar explicaciones. Al algunos legisladores les gustaría que la interpelación incluya a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y al vocero presidencial, Manuel Adorni.
Los opositores tendrán que esperar hasta que empiecen las sesiones ordinarias, el 1° de marzo, y pedir a las comisiones que evalúen sus propuestas, sabiendo que el oficialismo y sus aliados tratarán de detenerlos.
Los bloques de Pro y de la UCR indican que, por el momento, no se unirán a las acciones de la oposición más extrema. “Vamos a esperar a que la Justicia actúe y ver cómo se resuelve el asunto”, explican. En ambos grupos hay legisladores que quieren renovar sus mandatos a través de un acuerdo electoral con La Libertad Avanza. Ellos creen que en los próximos días la emoción del escándalo se calmará y no tendrán que enfrentar el dilema de si apoyar o no un pedido de interpelación.
Esta figura se menciona en el artículo 71 de la Constitución Nacional. Para que funcione, la resolución debe ser aprobada antes por la Comisión de Asuntos Constitucionales, que actualmente es presidida por el libertario Nicolás Mayoraz. Solo afecta a los miembros del gabinete del Poder Ejecutivo, no al Presidente. Hay pocos ejemplos de una interpelación a un ministro en el Congreso. El más famoso fue el exministro de Economía Domingo Cavallo en 1995, que duró once horas.
Los opositores pedirán que el jefe de Gabinete y/o los funcionarios clave que estuvieron involucrados en el episodio vengan al lugar a dar explicaciones.
“El problema es que el Presidente, por su posición y su gran audiencia, promovió un activo financiero que no estaba regulado ni tenía respaldo, lo que pudo haber confundido a pequeños inversores. Este episodio no solo dañó los fondos de los inversores afectados, sino que también hirió gravemente la confianza en las instituciones argentinas y la credibilidad del país en los mercados financieros internacionales”, dijeron Nicolás Massot, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Natalia De la Sota y los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, quienes propusieron interpelar no solo a Francos, sino también a Karina Milei, la hermana del presidente.
El grupo de la Coalición Cívica solicitó que se llame a Francos al recinto según el artículo 100 de la Constitución. “El jefe de Gabinete es el responsable político ante el Congreso y de la administración general del país”, explicó Maximiliano Ferraro, quien escribió el proyecto.
Ambos grupos, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, tienen en sus propuestas una larga lista de preguntas sobre el escándalo. No solo buscan investigar la conexión entre los empresarios de criptomonedas y los funcionarios del Gabinete, sino también si hubo beneficios ilegales y el impacto económico que causó esta acción.
Con datos de Delfina Celichini LN
