Alejandra Larrea
Una de las comisiones más esperadas del año concluyó su ciclo sin emitir dictamen ni escuchar testigos. El órgano parlamentario que debía investigar el escándalo vinculado a la criptomoneda $Libra y al rol del presidente Javier Milei expiró oficialmente sin funcionar. Su mandato de 90 días caducó sin poder constituirse legalmente: nunca tuvo autoridades electas, reglamento aprobado ni mecanismos claros de trabajo.
Desde su origen, la comisión enfrentó dificultades. Aunque fue aprobada por mayoría opositora en la Cámara de Diputados, encontró desde el inicio resistencia del bloque del oficialismo y aliados, que impidieron desahogar los puntos clave. Los debates internos no lograron superar la paridad en las votaciones y, sin liderazgo definido ni sesión formal, la investigación quedó desde el primer momento en un limbo legislativo.
El cuerpo había sido pensado como un instrumento para describir los hechos vinculados a la promoción de $Libra, proyecto que generó millonarias pérdidas a inversores gracias a una explosión de valor seguida del derrumbe del activo digital. También debía determinar posibles responsabilidades de Milei, su hermana Karina, funcionarios como Luis Caputo y otros vinculados. Pero ninguna de estas denuncias llegó a una audiencia formal presentarse ante la comisión.
Cuando se cumplió el plazo de vigencia, la oposición denunció la maniobra como una estrategia deliberada: aseguran que hubo una campaña mediática dirigida por el oficialismo para instalar la idea de que el período de trabajo comenzó a correr desde la conformación formal, algo que nunca ocurrió. Sin quorum ni autoridades, la comisión nunca logró sesionar válidamente.
A pesar de ello, la propuesta original preveía una etapa extra de 30 días corridos luego de los 90 reglamentarios para elevar un informe final. Sin embargo, la oposición interpreta que esa extensión no será útil si no se desata el cuerpo internamente. Reclaman que la Cámara en pleno desactive la parálisis, vote una prórroga y avance en el relevamiento de evidencias.
El presidente de la Cámara baja fue señalado como actor clave en el bloqueo: su negativa a legitimar las autoridades impidió cualquier sesión válida. Algunos legisladores opositores advirtieron que desde el inicio hubo un plan para impedir el inicio real del trabajo investigativo, aunque la integración haya sido aprobada formalmente.
La situación genera preocupación sobre los límites del control político al Poder Ejecutivo. Una comisión surgida por resolución legislativa para analizar acciones del Presidente y su equipo queda neutralizada sin ley ni debate, bajo la sombra de poder político mayoritario.
Mientras tanto, la causa judicial por $Libra avanza —se investigan conexiones con operadores financieros, demanda en Estados Unidos, e implicados en el lanzamiento del token digital. Pero en el ámbito parlamentario, el espacio creado quedó vacío. El debate sobre transparencia, mecanismos de control y autonomía legislativa se instala con fuerza.
