La administración interrumpió un convenio tecnológico con la empresa HTECH Innovation, controlada por Sergio Andrés Aguirre—socio de Martín Menem—tras denuncias por facturación irregular.
Política01 de agosto de 2025
Alejandra Larrea
Una polémica contratación estatal entró en crisis esta semana: el Gobierno suspendió el contrato entre Osprera—la obra social intervenida de los trabajadores rurales—y la empresa HTECH Innovation SA, fundada por Sergio Aguirre, un allegado de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. La medida fue tomada a raíz de la difusión de facturación millonaria en escaso tiempo y sospechas sobre la legitimidad de los servicios prestados.
La empresa fue constituida en abril de 2024, pocos meses después del decreto que inició la intervención gubernamental en Osprera. En noviembre del mismo año emitió sus primeras dos facturas dirigidas a la obra social, por montos de decenas de millones pesos. Desde entonces, mantuvo pagos mensuales que oscilaron entre $16 y $20 millones, acumulando un total superior a $150 millones en nueve meses, hasta que la contratación fue suspendida recientemente.
El vínculo entre Aguirre y Menem se revela en una sociedad previa: ambos comparten el 50 % de TR Nutrition SRL, firma que comercializa suplementos dietarios. En su declaración jurada, Martín Menem reconoció su participación accionaria en esa empresa, lo que generó tensiones políticas frente a la contratación posterior de HTECH en Osprera. Testimonios y registros indican que la madre de Aguirre ejercía actividad directa en la gestión institucional de la obra social.
Desde el interventor actual se dispuso una auditoría integral: la Unidad de Compliance y Ética de Osprera liderará una revisión interna, y se designará una consultora externa para evaluar las licitaciones, facturas y calidad del servicio. Hasta tanto se compruebe regularidad, el contrato se encuentra suspendido.
La decisión ocurre en medio de una denuncia judicial tramitada por el juzgado federal de Ariel Lijo, ante una presentación ampliada del sindicato Uatre. Se investiga si la adjudicación del contrato estuvo influenciada por vínculos políticos y si se omitieron controles obligatorios sobre transparencia y conflictos de interés.
La obra social intervenida atiende a más de medio millón de afiliados y gestiona una masa económica significativa. Desde agosto de 2024 enfrenta un déficit operativo elevado y controversias por falta de atención médica. Mientras tanto, empleados y afiliados expresan preocupación por el deterioro institucional y la falta de mecanismos claros de rendición de cuentas.
Este escándalo se suma a otras denuncias sobre Martín Menem, incluida una licitación en el Banco Nación a una firma vinculada a su familia por casi 4.000 millones pesos. Aunque Menem aseguró que se desvinculó de esa empresa antes de asumir su banca, la sombra del conflicto de interés persiste.
La suspensión del contrato en Osprera representa un intento de contención por parte del oficialismo, pero también expone fragilidades en los procesos de intervención en instituciones estratégicas. La audiencia pública, las investigaciones judiciales y la auditoría serán los próximos pasos para aclarar si se trató de un negocio legítimo o un caso emblemático de irregularidad política.
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