El caso Spagnuolo derivó en una crisis institucional dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. Con intervención oficial, audios filtrados y denuncias cruzadas, el escándalo revela el lado más oscuro de la gestión y agita las internas en el oficialismo.
Actualidad23 de agosto de 2025
Alejandro Cabrera
Un derrumbe anunciado
No fue un golpe sorpresivo. La caída de Fernando Spagnuolo como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) era un secreto a voces dentro de los pasillos del poder. Lo que pocos imaginaban era la magnitud del escándalo que se destaparía tras su salida. Corrupción, pedidos de coimas, presiones sobre intendentes y un entramado que involucra funcionarios de primera línea: la causa se convirtió en una bomba que ahora el Gobierno intenta desactivar mientras corre contrarreloj para contener el daño político.
La detonación pública llegó a través de una filtración. En los audios, presuntamente grabados por uno de los interlocutores, Spagnuolo aparece presionando a un dirigente para entregar parte de las pensiones por discapacidad a cambio de retornos. La negociación es cruda, directa y no deja lugar a interpretaciones. En otra grabación, se lo escucha exigiendo lealtad absoluta al equipo político de la ANDIS bajo la amenaza de remover fondos a quienes no se alineen. Los audios corrieron como pólvora en redes sociales y medios. La respuesta del Ejecutivo fue inmediata: intervención del organismo, remoción de funcionarios de confianza y una investigación administrativa en marcha.
El entramado interno
La figura de Fernando Spagnuolo no era ajena al poder. Se lo identificaba como un hombre con terminales directas en el Ministerio de Capital Humano, y con vínculos fluidos en las segundas líneas del oficialismo libertario. Había llegado a la ANDIS como parte de un acuerdo para “ordenar” el reparto de fondos, revisar pensiones, y, según su entorno, “romper con las cajas heredadas de la política tradicional”. Pero lejos de la transparencia prometida, lo que emergió fue un esquema paralelo de recaudación irregular.
Las denuncias señalan que la entrega de pensiones se manejaba con criterios políticos: intendentes afines eran premiados con cupos, mientras que los díscolos veían bloqueadas las gestiones. Varios municipios del conurbano lo señalaron en off desde hace semanas. La intervención se había vuelto inminente, pero el Gobierno dudaba por las implicancias políticas. La filtración de los audios aceleró los tiempos. El costo de mantenerlo se volvió impagable.
Una intervención a medida
La primera reacción oficial fue defensiva. Se cuestionó la veracidad de los audios, se deslizó la posibilidad de un “operativo de inteligencia” y se buscó encapsular la crisis. Pero a medida que se conocieron más detalles, la línea de defensa se volvió insostenible. El propio vocero presidencial reconoció “situaciones irregulares que ameritan una respuesta firme del Estado”. A las pocas horas se oficializó la intervención de la ANDIS. El nuevo interventor, con perfil técnico, desembarcó con la orden de revisar contratos, revisar legajos y revisar vínculos.
La medida tuvo impacto inmediato: más de veinte funcionarios de la gestión Spagnuolo fueron desplazados. Algunos de ellos ya habían sido señalados por protagonizar gestiones irregulares con ONG y fundaciones. También se ordenó revisar todos los expedientes de pensiones firmados desde el inicio del gobierno. El objetivo es identificar los casos en que los beneficios se entregaron sin sustento legal.
El eco en el Gabinete
El caso no se limita a una oficina del Estado. Las ramificaciones políticas comenzaron a sentirse fuerte dentro del Gabinete. El Ministerio de Capital Humano, donde se insertaba la ANDIS como dependencia técnica, quedó en la mira por no haber detectado a tiempo las irregularidades. Algunas versiones sugieren que los audios ya circulaban semanas antes entre funcionarios y que se optó por “bancar” a Spagnuolo hasta que la presión mediática fue imposible de contener.
Esto generó cortocircuitos internos. Algunos sectores libertarios consideran que el episodio debilita al Gobierno y pone en tela de juicio el discurso de la “casta”. Desde sectores más moderados, en cambio, plantean que la intervención fue una señal de autoridad y que lo importante es marcar un corte claro. Lo cierto es que la figura de Spagnuolo se convirtió en un símbolo de lo que se quería erradicar: la opacidad en la gestión y la connivencia con estructuras del viejo poder.
Las pensiones como botín político
La política de pensiones para personas con discapacidad es uno de los instrumentos más sensibles del Estado. Se trata de un universo de más de 1 millón de beneficiarios y un presupuesto que supera los 700 mil millones de pesos al año. Cualquier intento de manipulación en este terreno no solo afecta derechos, sino que se transforma en una herida abierta en la sensibilidad social.
Las denuncias señalan que se usaban los expedientes para construir fidelidad política. Hubo casos en los que dirigentes territoriales recibían la promesa de pensiones como parte de un paquete de contención. En otros, se exigían favores o contraprestaciones para destrabar gestiones. El sistema estaba tan desvirtuado que en algunos municipios se naturalizó que “había que pagar algo” para acelerar los trámites.
El escándalo ahora obliga al Gobierno a transparentar todo el circuito administrativo, pero también lo enfrenta a una dificultad: muchas de las prácticas heredadas no se desarmaron, y en algunos casos fueron absorbidas con otros actores.
Reacción en el Congreso y la Justicia
Diputados de la oposición ya impulsan la creación de una comisión investigadora. Varios bloques preparan pedidos de informes y no se descarta la citación a funcionarios. Mientras tanto, en el ámbito judicial, se iniciaron actuaciones preliminares que podrían derivar en una causa penal. La Justicia investiga si existió una red de funcionarios que operaban en tándem con fundaciones que recibían fondos a cambio de favores políticos o retornos en efectivo.
En paralelo, algunas organizaciones de discapacidad comenzaron a movilizarse para exigir que no se frene el sistema de pagos. Temen que la intervención genere demoras y que los más vulnerables queden atrapados en el medio de una disputa política. La ANDIS, que debía garantizar derechos, quedó atrapada en una trama de poder y corrupción que aún no muestra su límite.
La interna libertaria al rojo vivo
El caso Spagnuolo también expone las tensiones dentro del oficialismo. Algunas voces señalan que la filtración de los audios no fue una acción espontánea, sino una jugada política para correrlo del camino. En los últimos meses, Spagnuolo había comenzado a concentrar poder y a tomar decisiones sin consultar a instancias superiores. Incluso se había mencionado su nombre como posible candidato a un cargo electivo en el futuro.
Otros dirigentes, molestos por la centralización, habrían alimentado el fuego interno hasta que la bomba estalló. El resultado es una interna feroz, donde se cruzan lealtades, traiciones y operaciones. La “nueva política” parece haber reproducido las peores lógicas de la vieja, pero con menos estructura para contener los daños.
El escándalo Spagnuolo será, por mucho tiempo, un emblema de lo que puede ocurrir cuando el poder se usa sin controles y cuando la gestión pública se convierte en botín. La intervención es apenas el primer paso. Lo que viene será la prueba más difícil: recuperar credibilidad en un terreno donde la sensibilidad social no admite errores.
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