Diputados dio luz verde a la Justicia para avanzar sobre los bienes de José Luis Espert

Un paso que marca un cambio de escenario

La votación se desarrolló en una sesión marcada por el silencio del bloque libertario. Pese a la tensión previa, el cuerpo legislativo dio por aprobada la solicitud judicial con amplia mayoría. El documento, remitido por el juez a cargo de la investigación, pedía autorización para realizar medidas de prueba sobre el patrimonio de Espert, quien conserva inmunidad parlamentaria pese a haber pedido licencia.

La medida no implica un desafuero, pero sí autoriza allanamientos, peritajes, apertura de cajas de seguridad y acceso a registros financieros. En la práctica, habilita al Poder Judicial a avanzar sin restricciones institucionales en una causa que podría derivar en una imputación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Espert había solicitado licencia hace apenas una semana, en medio de la polémica por sus vínculos con el empresario Federico Machado, detenido en Neuquén y requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. El escándalo golpeó de lleno a La Libertad Avanza y desató una ola de pedidos de transparencia dentro del propio bloque.

La licencia y la presión política

El pedido de licencia de Espert, presentado por carta a la presidencia de la Cámara, fue interpretado como un intento de descomprimir la presión mediática. Sin embargo, la decisión de Diputados de habilitar la investigación judicial transformó ese movimiento defensivo en un nuevo foco de conflicto.

En el Congreso, los jefes de bloque coincidieron en la necesidad de que el proceso avance “sin privilegios”. Desde distintos sectores remarcaron que el aval legislativo no supone prejuzgar, pero sí garantizar que la Justicia pueda actuar con independencia.

El propio presidente del cuerpo, Martín Menem, firmó la notificación oficial que permitirá al juez interviniente acceder a los registros patrimoniales de Espert y realizar peritajes sobre sus bienes declarados y no declarados. El paso fue considerado “institucionalmente correcto” y se dio sin debate en el recinto.

En los pasillos del Congreso, el clima fue de cautela. Pocos diputados se animaron a hablar en público. En privado, varios reconocen que el oficialismo intenta cerrar cuanto antes la crisis para evitar que el caso escale durante la campaña legislativa.

Una causa que avanza con velocidad

La investigación que ahora queda habilitada apunta a reconstruir el flujo financiero de los últimos años del economista. Los investigadores analizan operaciones inmobiliarias, movimientos de fondos en cuentas del exterior y la compra de participaciones en empresas consultoras vinculadas a su entorno familiar.

Aunque el expediente se mantiene bajo reserva, trascendió que los peritos contables del Poder Judicial ya solicitaron colaboración de la Unidad de Información Financiera y de la AFIP. El objetivo es determinar si hubo movimientos de dinero incompatibles con los ingresos declarados.

Para los fiscales del caso, el levantamiento de las restricciones parlamentarias era indispensable para avanzar en medidas de fondo. A partir de ahora, la Justicia podrá disponer el acceso a documentación bancaria, balances y declaraciones juradas. También podrá citar a testigos y colaboradores cercanos del legislador.

La autorización no implica una acusación formal, pero sienta un precedente relevante: es la primera vez desde la llegada del nuevo Gobierno que el Congreso habilita una investigación patrimonial de uno de sus integrantes por presuntas irregularidades financieras.

La caída política de un referente liberal

El deterioro político de Espert fue tan rápido como inesperado. Hace apenas unos meses era el principal articulador de la agenda económica oficialista en el Congreso. Presidía la Comisión de Presupuesto y Hacienda y actuaba como nexo entre el Palacio de Hacienda y los bloques aliados.

Su figura combinaba la solvencia técnica del economista con el perfil político del liberal doctrinario que había sido uno de los primeros en respaldar a Javier Milei. Pero la aparición de audios, mensajes y vínculos indirectos con el empresario Machado —acusado en Estados Unidos de liderar una red de lavado vinculada al narcotráfico— alteró el equilibrio interno.

Aunque Espert negó cualquier tipo de relación personal o financiera con Machado, el daño político ya estaba hecho. Las versiones sobre supuestos aportes de campaña, reuniones no declaradas y contactos compartidos entre asesores minaron su credibilidad dentro del espacio libertario.

En medio de ese escenario, su renuncia a la Comisión de Presupuesto fue interpretada como un paso previo a una salida más amplia. El pedido de licencia, presentado pocos días después, buscaba cerrar el ciclo con el menor costo institucional posible.

Un oficialismo que intenta contener la crisis

Dentro de La Libertad Avanza, la reacción fue ambivalente. Algunos dirigentes cercanos a Milei expresaron públicamente que “nadie está por encima de la ley”, mientras otros evitaron hacer comentarios. En la Casa Rosada se impuso la estrategia del silencio: dejar que la Justicia avance sin interferencias ni defensas corporativas.

Sin embargo, el tema reavivó tensiones internas. Los sectores más radicalizados del espacio ven en la caída de Espert una oportunidad para consolidar un liderazgo más ideológico, mientras los moderados temen que el caso erosione la imagen de seriedad fiscal que el gobierno intenta proyectar.

A nivel parlamentario, la licencia de Espert deja vacante una de las bancas más activas del bloque. Su lugar quedará sin reemplazo hasta diciembre, cuando finaliza el mandato. En lo simbólico, representa el cierre anticipado de una figura que había llegado al Congreso como emblema del liberalismo económico y termina saliendo envuelto en un escándalo financiero.

Las consecuencias judiciales

Con el permiso de la Cámara en marcha, el Poder Judicial tendrá ahora margen para avanzar con medidas de prueba y eventuales embargos. El primer paso será revisar el contenido de las declaraciones patrimoniales y su correspondencia con las operaciones registradas en los últimos años.

De confirmarse irregularidades, el caso podría derivar en imputaciones formales por enriquecimiento ilícito o por lavado de activos. Si las pruebas resultan insuficientes, el expediente podría archivarse sin más consecuencias.

De cualquier modo, el impacto político ya está consumado. La imagen de Espert se vio afectada incluso entre sus aliados ideológicos, y su nombre pasó de ser asociado a la disciplina fiscal a convertirse en sinónimo de crisis dentro del oficialismo.

El cierre de una etapa

El caso marca un punto de inflexión en el Congreso y dentro del gobierno libertario. Por primera vez, un dirigente cercano al Presidente enfrenta un proceso judicial con aval institucional del propio Parlamento. El mensaje hacia la opinión pública es doble: un intento de transparencia, pero también un reconocimiento implícito de que el escándalo fue demasiado grande para ser contenido puertas adentro.

Con licencia vigente y sin poder político, José Luis Espert atraviesa los últimos meses de su mandato en silencio, mientras los tribunales avanzan sobre su patrimonio. La misma Cámara que lo consagró como figura de cambio ahora habilita la investigación que podría cerrar su carrera legislativa de manera abrupta.