Alejandro Cabrera
En el tribunal, los relatos de los imputados colaboradores despejaron sombras que por años rodearon la causa conocida como “los cuadernos de la corrupción”. El qué de su exposición fue contundente: pagos sistemáticos de empresarios a cambio de obra pública durante los Gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, bolsas de dinero que circulaban por pasillos oficiales, maletines que cambiaban de manos, nombres de empresas que colaboraron y una línea temporal que arrancó en el kirchnerismo temprano y se extendió hasta que el escándalo emergió.
El cómo lo explicaron los arrepentidos en la sala: uno de los testimonios más llamativos aseguró que “el día que murió Néstor Kirchner había más de 60 millones de dólares en el departamento de Juncal”. Otro describió un envío de valijas rumbo a Santa Cruz “a través del Tango 01”. Los relatos incluyen funciones precisas: empresarios que entregaban dinero, funcionarios que lo recibían, decisiones de obra que se adjudicaban sin control, y el uso de la contabilidad paralela para disfrazar el circuito. Esa cadena quedó plasmada en los cuadernos del chofer Óscar Centeno, testigo inicial del escándalo y pieza clave desde 2018.
El cuándo se circunscribe a la década que va aproximadamente de 2003 a 2015, cuando los Kirchner ejercieron el poder, y se consolidó a través de rutas de financiamiento paralelas. El dónde se condensa en los despachos de los ministerios, en el departamento de Juncal, en las oficinas de empresas constructoras y en la Justicia federal. Y el por qué —que todavía se debate— aparece claro en los testimonios: los empresarios aportaban “voluntariamente”, según su versión, a campañas electorales; pero los jueces y la fiscalía sostienen que se trató de sobornos exigidos a cambio de contratos. Los imputados colaboradores admitieron pagos que, según los investigadores, no eran “aportaciones” sino parte de un sistema de recaudación ilícita.
La lectura de dichos testimonios se produjo durante la jornada en la que el Tribunal Oral Federal 7 leyó los descargos de los arrepentidos, en un avance que marca un antes y un después en el juicio contra Cristina Kirchner y otros 83 imputados. El tribunal admitió que los relatos contienen detalles inéditos, que apuntan a un mecanismo complejo y colectivo, no solo individual.
Por qué el juicio se acelera, qué riesgos surgen para los implicados y cómo esto redefine el mapa de la corrupción en Argentina
Este tramo del juicio representa un cambio clave en la estrategia judicial: los arrepentidos ya no sólo declararon en acordadas de colaboración, sino que relataron públicamente, en sede oral, el funcionamiento interno del sistema de recaudación ilícita. Por qué esto ocurre ahora tiene relación con la necesidad de la fiscalía de mostrar avances concretos y de los tribunales de dar visibilidad a los procesos de corrupción de mayor impacto. Las defensas ya anticipan que esta fase será la más difícil: no es sólo explicar imputaciones antiguas, es contrarrestar testimonios de exsocios de la trama que describieron el flujo completo del dinero.
El efecto político-institucional es inmediato. La exposición de empresarios constructores con nombre y apellido, mujeres y hombres que admitieron pagos, castiga la narrativa de que los hechos eran “aportes voluntarios” o que sólo existían errores aislados. El sistema queda retratado como una asociación ilícita de altos vuelos que operó durante años. Y para los políticos implicados, entre ellos Cristina Kirchner, esto amplía la presión y reduce el margen de maniobra defensiva.
Entre los riesgos también figura el retraso del juicio: los jueces del tribunal pidieron a la Cámara Federal de Casación Penal recursos y salas para acelerar las audiencias. El riesgo: que la dilación genere impunidad de facto o desgaste entre la opinión pública y que el proceso pierda fuerza. Por eso este momento cobra una particular relevancia.
Además, los relatos de los arrepentidos hicieron hincapié en que el esquema de recaudación siguió «con Cristina Kirchner en la presidencia», lo que complica la estrategia defensiva que negaba continuidad. En este escenario, el tribunal y la fiscalía debieron enfrentar un alto volumen de pruebas digitales, peritajes sobre los cuadernos de Centeno y declaración tras declaración que adentra al país en uno de los mayores procesos por corrupción de su historia.
El impacto también recae en el empresariado: muchas compañías deberán revisar sus contratos con el Estado, sus responsabilidades, los embargos y las sanciones que pueden venir. Para el sistema judicial, este juicio servirá de test sobre la capacidad del país para procesar grandes esquemas de corrupción sin que estos queden en un esqueleto jurídico.
De modo que lo que está en juego no es sólo la condena individual de quienes hoy declaran, sino la capacidad del Estado para responder a causas masivas que atraviesan varias presidencias, modelos de gestión, redes empresariales y poderes paralelos.
