La líder madrileña criticó la decisión del gobierno español de crear un registro nacional de médicos que se nieguen a practicar abortos. Aseguró que la medida vulnera la libertad de conciencia y calificó al presidente de “machito autoritario”.
España14 de octubre de 2025
Alejandra Larrea
La expresidenta de la Comunidad de Madrid y referente del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, protagonizó un nuevo cruce con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras el anuncio de un proyecto que impulsa la creación de un registro de médicos objetores al aborto. La dirigente conservadora calificó la medida como un acto de “machismo institucional” y acusó al Ejecutivo de querer “señalar” a quienes piensan distinto.
Ayuso sostuvo que el plan impulsado por el Ministerio de Sanidad convierte en sospechosos a los profesionales de la salud que ejercen su derecho a la objeción de conciencia. “El gobierno actúa como un machito que cree que puede imponer sus ideas en todo”, expresó en declaraciones públicas que se viralizaron en redes sociales y reavivaron el enfrentamiento político entre el PP y el PSOE.
El registro de objetores, aún en etapa de diseño, busca identificar a los médicos que se niegan a practicar interrupciones voluntarias del embarazo, con el objetivo de garantizar la cobertura sanitaria en todo el país y evitar que la falta de profesionales disponibles impida el acceso a un derecho legalmente reconocido. Desde el Gobierno aseguran que la iniciativa no tendrá carácter punitivo, sino organizativo, pero la oposición interpreta que se trata de una herramienta de control ideológico.
La crítica de Ayuso apuntó a que el Ejecutivo “rompe la neutralidad del Estado” al recopilar información sensible sobre convicciones éticas o religiosas. Además, advirtió que la medida “exhibe” a quienes disienten del discurso oficial y que eso “es propio de regímenes que no toleran la libertad individual”.
En el entorno de Sánchez, en cambio, defienden el registro como una herramienta de planificación necesaria. Explican que el sistema permitirá saber cuántos profesionales están disponibles en cada región para realizar los procedimientos, algo que —según argumentan— mejorará el acceso de las mujeres a la atención médica segura y legal.
El tema abrió una nueva grieta en la política española. Mientras sectores progresistas celebran la iniciativa como un paso hacia la igualdad y la transparencia sanitaria, los conservadores la consideran una medida invasiva y discriminatoria. Organizaciones médicas y colegios profesionales pidieron conocer los detalles del texto antes de opinar formalmente, pero advirtieron que el derecho a la objeción está protegido por la Constitución.
El debate sobre la objeción de conciencia en torno al aborto no es nuevo en España. Desde la reforma de la ley en 2023, el Gobierno intenta homogeneizar la aplicación de la norma para que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo sea igual en todas las comunidades autónomas. En algunas regiones, como Castilla-La Mancha y Galicia, los hospitales públicos tuvieron dificultades para garantizar el servicio debido al alto número de objetores.
Ayuso capitalizó la polémica para reforzar su perfil opositor. Acusó al Gobierno central de usar la agenda feminista “para imponer dogmas y callar disidencias”, y dijo que Sánchez “pretende adoctrinar incluso a los médicos”. La respuesta del PSOE fue inmediata: dirigentes oficialistas calificaron las palabras de Ayuso como “una manipulación cínica” y recordaron que el registro “no obliga a nadie a renunciar a sus creencias, sino que protege a las mujeres”.
El enfrentamiento entre ambos dirigentes vuelve a reflejar la profunda polarización política de España. Mientras el Ejecutivo busca consolidar su agenda de derechos, la oposición apuesta a denunciar un exceso de intervencionismo estatal. En ese cruce ideológico, el debate sobre la objeción de conciencia se convirtió en otro escenario de disputa cultural y electoral.
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