Alejandro CabreraLa política de sanciones de Estados Unidos dio un giro en 2026 bajo la administración de Donald Trump, con decisiones que afectan directamente a dos actores clave del sistema energético mundial: Venezuela y Rusia. Aunque ambas medidas suelen presentarse bajo la misma lógica, en la práctica responden a estrategias distintas, con plazos, alcances y objetivos claramente diferenciados.
El trasfondo es común: garantizar estabilidad en el suministro global de energía en un contexto marcado por conflictos internacionales, tensiones geopolíticas y volatilidad en los precios del petróleo. Sin embargo, el modo en que Washington actúa sobre cada país revela una política exterior mucho más quirúrgica que uniforme.
Venezuela: apertura progresiva desde enero sin plazo de cierre
El caso venezolano muestra el cambio más estructural. El 29 de enero de 2026 marcó el inicio de una flexibilización significativa en el régimen de sanciones, cuando Estados Unidos permitió nuevamente operaciones vinculadas al petróleo venezolano. A partir de ese momento, empresas internacionales recuperaron la posibilidad de comprar, transportar y refinar crudo proveniente del país sudamericano.
El proceso no se detuvo allí. El 13 de febrero se amplió el alcance de las licencias, incorporando nuevas autorizaciones para el sector energético y habilitando negociaciones comerciales que habían estado bloqueadas durante años. Esto permitió avanzar en acuerdos vinculados tanto al petróleo como al gas, reactivando vínculos económicos clave.
La fase más reciente llegó el 14 de abril, cuando se levantaron restricciones sobre el sistema financiero venezolano. La medida incluyó al Banco Central y a entidades clave, habilitando operaciones que facilitan transferencias internacionales y transacciones con el Estado.
A diferencia de otros casos, estas decisiones no tienen una fecha de cierre definida. Funcionan bajo el sistema de licencias del Tesoro estadounidense, que pueden renovarse, ampliarse o cancelarse, pero que en la práctica configuran una apertura sostenida en el tiempo. El resultado es un regreso progresivo de Venezuela al mercado energético global, sin un plazo límite claro.
Rusia: excepciones puntuales con plazos cortos y objetivos específicos
La política hacia Rusia sigue un camino distinto. No hay un levantamiento general de sanciones, sino una serie de excepciones acotadas en tiempo y alcance. El 18 de abril de 2026, Estados Unidos extendió el permiso para comercializar petróleo ruso ya cargado en buques, una medida diseñada para evitar un impacto inmediato en los mercados.
Este tipo de decisiones tiene un objetivo claro: permitir que operaciones en curso se completen sin generar disrupciones bruscas en el suministro global. Se trata de autorizaciones puntuales, con plazos cortos, que no modifican el esquema general de sanciones.
En paralelo, también se habilitaron permisos específicos en el sector energético europeo. Uno de los casos más relevantes es la autorización para reactivar una refinería vinculada a la empresa Lukoil, con un plazo de 45 días para volver a operar. En otros casos, se concedieron excepciones de hasta seis meses para garantizar el abastecimiento en países dependientes del crudo ruso.
Estas medidas confirman que la estrategia hacia Moscú es táctica y limitada: aliviar tensiones puntuales sin alterar el marco general de presión económica.
Energía y geopolítica: el factor común
Tanto en Venezuela como en Rusia, el eje central es el mismo: la energía. Las decisiones de Washington buscan aumentar la oferta global de petróleo y reducir el riesgo de crisis en un momento donde otros conflictos, como la guerra en Medio Oriente, amenazan con afectar el suministro.
La diferencia radica en el enfoque. En Venezuela, la apertura es progresiva y estructural, con impacto directo en la producción y en la reinserción del país en los mercados. En Rusia, las medidas son temporales y específicas, orientadas a evitar crisis puntuales sin cambiar la lógica general de sanciones.
Un nuevo equilibrio en construcción
Las decisiones de Trump muestran un giro hacia una política más pragmática, donde las sanciones dejan de ser un instrumento rígido y pasan a ser una herramienta flexible, ajustada a las necesidades del contexto global. La economía, y especialmente el mercado energético, se convierte en el principal condicionante de la política exterior.
El resultado es un tablero en movimiento. Venezuela recupera margen de acción y vuelve a captar interés internacional, mientras Rusia obtiene alivios puntuales que le permiten sostener operaciones clave. Estados Unidos, por su parte, se posiciona como un actor que regula el flujo energético global, utilizando las sanciones y sus excepciones como instrumentos de poder.
En un escenario marcado por la incertidumbre y la competencia geopolítica, estas decisiones no cierran conflictos, pero sí reconfiguran el equilibrio. Y en ese nuevo mapa, la energía vuelve a ser el factor decisivo.
