Alejandro CabreraEstados Unidos e Irán consiguieron alejarse, al menos provisionalmente, del escenario de una guerra abierta y permanente. Después de semanas de ataques, bloqueos navales, represalias, amenazas y negociaciones indirectas, ambas partes suscribieron un memorando preliminar destinado a extender el alto el fuego y abrir una nueva etapa diplomática.
El acuerdo representa un avance real, pero todavía no equivale a una paz definitiva. El propio Gobierno iraní reconoció que se trata de un primer paso y que el entendimiento de largo plazo aún debe construirse. Washington también admite que el documento es general, tiene apenas unas páginas y deja para una segunda fase las cuestiones más difíciles.
La ceremonia formal está prevista para el viernes 19 de junio en Suiza. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el principal negociador iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, aparecen como las figuras destinadas a representar a ambas partes en un acto que buscará transformar el entendimiento político en un compromiso público.
Pero el verdadero proceso comenzará después de la firma.
El punto inmediato más importante es la extensión durante otros 60 días del frágil alto el fuego que había comenzado en abril. La intención es detener las operaciones militares directas entre Estados Unidos e Irán mientras continúan las negociaciones sobre un pacto más amplio.
El documento también establece la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta. Irán había bloqueado de hecho la circulación desde el comienzo de la ofensiva estadounidense e israelí, mientras Washington aplicaba su propio cerco sobre los puertos iraníes.
Por Ormuz pasa alrededor de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado. Su cierre alteró el mercado energético, encareció los seguros marítimos, obligó a desviar embarcaciones y generó temores sobre una nueva crisis internacional de precios.
Washington sostiene que el estrecho deberá permanecer abierto y sin peajes durante los próximos 60 días. Teherán, en cambio, afirma que mantendrá capacidad de control y coordinación sobre la navegación, posiblemente junto con Omán, y que los barcos deberán continuar comunicándose con la Guardia Revolucionaria iraní.
La reapertura tampoco será inmediata ni completamente normal. Las navieras necesitan garantías de seguridad, los seguros deben volver a cubrir la ruta y todavía existen dudas sobre la posible presencia de minas. El proceso de recuperación del tránsito comercial podría demandar semanas e incluso meses.
El memorando incluye además el compromiso general de que Irán no desarrollará ni adquirirá un arma nuclear. Donald Trump presentó ese punto como la gran victoria de la negociación y aseguró que el futuro acuerdo levantará un “muro” entre Teherán y la bomba atómica.
Irán sostiene desde hace años que su programa nuclear tiene fines civiles y que nunca decidió fabricar un arma. Por eso el Gobierno iraní considera que, al aceptar esa cláusula, no está realizando una concesión sustancial.
El problema es que una promesa política no resuelve por sí sola las cuestiones técnicas.
La próxima fase se concentrará sobre el futuro del programa nuclear iraní. Ese será el núcleo de la negociación y también el punto con mayor capacidad para hacer fracasar todo el proceso.
Durante los 60 días de tregua, Irán se comprometería a mantener congelada la situación nuclear: no aumentaría el nivel de enriquecimiento de uranio ni ampliaría sus principales instalaciones. El objetivo es evitar que Teherán avance mientras se discute un acuerdo de control permanente.
Washington pretende establecer límites estrictos, inspecciones internacionales y garantías que impidan que Irán alcance la capacidad de producir un arma nuclear.
La disputa más complicada gira alrededor del uranio ya enriquecido.
Estados Unidos quiere que una parte importante de esas reservas sea destruida o retirada del país. Irán rechaza perder completamente el control sobre el material y propone diluirlo dentro de su propio territorio hasta niveles compatibles con usos civiles.
No es una diferencia menor.
El destino del uranio determina cuánto tiempo necesitaría Irán para reconstruir una capacidad nuclear militar en caso de que el futuro acuerdo colapsara. Washington busca aumentar al máximo ese plazo. Teherán quiere conservar una industria nuclear propia y evitar que el pacto sea presentado como una capitulación.
También deberá definirse qué ocurrirá con las instalaciones alcanzadas durante los bombardeos. Todavía existen dudas sobre el verdadero nivel de destrucción sufrido por la infraestructura iraní y sobre la capacidad que el país conserva para reconstruir rápidamente sus centros de enriquecimiento.
La experiencia del acuerdo nuclear de 2015 pesa sobre toda la negociación. En aquella oportunidad, Irán aceptó límites y controles a cambio de un levantamiento parcial de sanciones. Donald Trump retiró a Estados Unidos del pacto durante su primer mandato y reinstaló una política de presión máxima.
Teherán exige ahora garantías de que Washington no volverá a abandonar unilateralmente el acuerdo después de que Irán cumpla su parte.
Trump, por su lado, evalúa someter el nuevo texto a revisión del Congreso. Eso podría darle mayor estabilidad institucional, aunque también abriría una fuerte pelea política dentro de Estados Unidos.
La principal recompensa que espera Irán es económica.
El país atravesó meses de guerra, sanciones, destrucción de infraestructura y restricciones sobre sus exportaciones energéticas. La reapertura de Ormuz y la posibilidad de volver a vender petróleo con menos obstáculos son fundamentales para estabilizar su economía.
Las negociaciones incluyen un paquete gradual de alivio de sanciones. Washington podría permitir mayores exportaciones petroleras, suspender algunas penalidades financieras y liberar fondos iraníes congelados en bancos extranjeros.
Una de las cifras mencionadas durante la preparación del acuerdo fue la liberación inicial de alrededor de 25.000 millones de dólares en activos iraníes. Sin embargo, el monto definitivo, los plazos y las condiciones todavía no fueron publicados oficialmente.
También se analiza la creación de un fondo regional de reconstrucción que podría alcanzar los 300.000 millones de dólares. Los países del Golfo que albergan bases estadounidenses y que también sufrieron ataques iraníes aportarían una parte importante del dinero.
Ese fondo tendría un fuerte componente político. Los gobiernos árabes buscarían reducir la posibilidad de una nueva guerra, reconstruir la infraestructura dañada y vincular la recuperación económica iraní con el cumplimiento del acuerdo.
Estados Unidos no entregaría todos los beneficios de manera inmediata.
El levantamiento de sanciones sería progresivo y estaría condicionado a que Irán respete los límites nucleares, permita controles y mantenga el alto el fuego. Washington también pretende utilizar el incentivo económico para presionar a Teherán sobre su relación con las organizaciones armadas de la región.
Para el Gobierno iraní, una demora excesiva podría resultar peligrosa. La población espera que el acuerdo se traduzca rápidamente en mejoras económicas, reconstrucción y normalización comercial. Si esos beneficios no aparecen, el régimen podría enfrentar nuevas protestas internas.
El acuerdo preliminar no resuelve todos los objetivos con los que Estados Unidos e Israel justificaron la guerra.
El programa de misiles balísticos iraní no fue desmantelado. Tampoco desapareció la red de organizaciones aliadas de Teherán en la región, especialmente Hezbolá en Líbano.
Las próximas conversaciones se concentrarán en principio sobre el programa nuclear. Los misiles y el apoyo iraní a grupos armados no formarían parte central de esa primera negociación técnica.
Sin embargo, funcionarios estadounidenses señalan que el alivio económico más amplio podría quedar condicionado a que Irán reduzca su apoyo a esas organizaciones.
Teherán difícilmente acepte presentarlo como un abandono de sus aliados. La Guardia Revolucionaria considera a Hezbolá y a otros grupos regionales una pieza esencial de la defensa iraní frente a Israel y Estados Unidos.
Por eso existe una diferencia entre lo que puede aparecer formalmente en el texto y las condiciones políticas que Washington intentará imponer para completar la normalización.
Israel considera que ese vacío convierte al acuerdo en una amenaza.
Desde el Gobierno israelí sostienen que Irán puede utilizar el alivio de sanciones y la liberación de activos para reconstruir su capacidad militar, financiar nuevamente a Hezbolá y recuperar parte de la infraestructura dañada durante la guerra.
La crítica israelí es que Estados Unidos estaría comprando una tregua sin eliminar las estructuras que originaron el conflicto.
El frente libanés es hoy el punto más peligroso de toda la negociación.
Irán sostiene que la reducción de hostilidades debe incluir el fin de los ataques israelíes sobre Líbano. Hezbolá es uno de sus principales aliados regionales y Teherán no está dispuesto a aceptar una paz que permita a Israel seguir bombardeando Beirut y el sur libanés.
Israel, en cambio, no participó directamente de la negociación entre Estados Unidos e Irán y no se considera obligado por sus términos.
Benjamin Netanyahu aseguró que las tropas israelíes permanecerán en el sur del Líbano y que su país conservará plena libertad para responder a cualquier ataque de Hezbolá.
Washington tampoco incluyó formalmente una retirada israelí como condición del memorando.
Esa contradicción puede hacer fracasar el proceso.
Irán interpreta que la tregua debe producir una reducción general de las operaciones en la región. Israel entiende que solo limita los ataques directos entre Washington y Teherán, pero no modifica su guerra contra Hezbolá.
El reciente bombardeo israelí sobre los suburbios de Beirut mostró la fragilidad de la situación. Trump cuestionó públicamente a Netanyahu y reclamó que no se repitan ataques capaces de destruir el acuerdo.
El problema es que un solo misil de Hezbolá contra una ciudad israelí podría generar una nueva represalia. A su vez, un nuevo bombardeo israelí de gran magnitud podría obligar a Irán a responder para no aparecer como un aliado incapaz de proteger a la organización libanesa.
La paz entre Estados Unidos e Irán depende así de actores que no firmaron el acuerdo.
Donald Trump necesita presentar la negociación como una victoria.
La guerra provocó miles de muertos, afectó los mercados energéticos, obligó a Estados Unidos a mantener un enorme despliegue militar y abrió cuestionamientos dentro del propio Partido Republicano.
El Presidente afirma haber impedido que Irán obtenga un arma nuclear y sostiene que la nueva etapa permitirá normalizar gradualmente la relación entre ambos países.
Sin embargo, Washington no retirará inmediatamente sus fuerzas de la región.
El Pentágono mantendrá aviones, buques, sistemas de defensa y tropas suficientes para conservar abierta la opción militar durante los 60 días de negociaciones. La estrategia consiste en combinar incentivos económicos con la amenaza de reanudar los ataques si Teherán incumple.
Esa presión puede facilitar concesiones, pero también alimentar la desconfianza iraní.
Teherán quiere garantías de que el alto el fuego no será utilizado por Estados Unidos e Israel para reorganizarse, obtener información y preparar una nueva ofensiva.
Dentro de Irán, los sectores más duros cuestionan cualquier pacto con Washington. Consideran que Estados Unidos demostró en 2018 que puede abandonar los acuerdos y volver a imponer sanciones incluso después de que Irán haya aceptado restricciones.
El Gobierno iraní deberá convencer a esas facciones de que la negociación no equivale a una derrota.
El viernes se firmará formalmente un marco de negociación, no el tratado definitivo.
A partir de ese momento comenzará una cuenta regresiva de 60 días.
Durante ese período deberán resolverse el nivel permitido de enriquecimiento, el destino del uranio acumulado, el sistema de inspecciones, el futuro de las instalaciones nucleares y el mecanismo para levantar sanciones.
También tendrá que definirse cómo actuar si una de las partes acusa a la otra de incumplimiento. Sin un sistema claro de verificación y resolución de disputas, cualquier incidente puede provocar el derrumbe del pacto.
El frente libanés continuará funcionando como una amenaza externa. Estados Unidos deberá presionar a Israel para evitar ataques de gran escala, mientras Irán tendrá que contener a Hezbolá y evitar lanzamientos que provoquen represalias.
Tampoco está resuelto el futuro del bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes. Washington promete comenzar a levantarlo en la medida en que Ormuz vuelva a funcionar, pero conservará capacidad militar para reinstalarlo si considera que Teherán viola los compromisos.
El escenario actual es mejor que el de hace una semana. Los ataques directos disminuyeron, el petróleo bajó, los barcos comienzan a prepararse para regresar a Ormuz y las dos partes aceptaron sentarse nuevamente a negociar.
Pero la distancia entre una tregua y una paz estable sigue siendo enorme.
Estados Unidos e Irán lograron acordar cómo dejar de dispararse durante dos meses. Ahora deberán decidir si pueden convivir después de ese plazo sin reconstruir exactamente las condiciones que llevaron a la guerra.
