Vialidad: embargaron propiedades vinculadas a Cristina Kirchner y alcanzaron el departamento de San José 1111

La ejecución patrimonial de la causa Vialidad abrió este miércoles un nuevo capítulo. El Tribunal Oral Federal N°2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, aceptó el pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y dispuso una serie de embargos destinados a evitar que determinados bienes puedan ser vendidos, transferidos o quedar fuera del alcance judicial mientras se define su decomiso definitivo.

La resolución tiene un dato de fuerte impacto político: entre los inmuebles alcanzados se encuentra San José 1111, el departamento porteño donde Cristina Kirchner cumple actualmente los seis años de prisión impuestos en Vialidad bajo el régimen de domiciliaria. El embargo, sin embargo, no implica que la expresidenta deba abandonar ahora la propiedad ni que ésta vaya inmediatamente a remate. Es una medida cautelar destinada a conservar el bien mientras continúa la discusión sobre su incorporación definitiva al decomiso.

El objetivo: recuperar casi $685.000 millones

Además de la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la sentencia firme de Vialidad estableció una consecuencia económica. Los condenados deben responder solidariamente por $684.990.350.139,86, monto fijado como perjuicio provocado al Estado por las maniobras investigadas.

Cuando la condena quedó firme, el TOF 2 intimó a los condenados para que depositaran voluntariamente esa suma. Como nadie realizó el pago, el tribunal encargó a la fiscalía identificar propiedades y otros activos susceptibles de ser decomisados. Después de distintas presentaciones y recursos de las defensas, fueron seleccionados inicialmente 111 bienes para tasar y eventualmente rematar, aunque la Justicia continúa investigando otros activos.

El dato que marca la dimensión del conflicto es que, más de un año después de que la condena quedara firme, la Justicia todavía no consiguió decomisar dinero directamente a Cristina Kirchner, según señaló LA NACION. La nueva resolución intenta justamente asegurar un conjunto adicional de propiedades mientras los jueces terminan de decidir sobre su ejecución.

El tribunal fue explícito al justificar la medida: ya no se trata de preservar bienes ante una eventual condena futura, porque esa etapa terminó. Existe una sentencia firme, una obligación patrimonial determinada y un decomiso que todavía no fue satisfecho.

San José 1111, Puerto Madero y hoteles de la familia

El TOF 2 ordenó cautelarmente el embargo de 13 inmuebles vinculados con Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., las principales sociedades patrimoniales de la familia Kirchner. La nómina incluye el departamento de San José 1111, un dúplex y otro departamento en el complejo Madero Center de Puerto Madero, siete cocheras y una baulera en el mismo emprendimiento.

También quedaron comprendidos el Hotel La Aldea, en El Chaltén, cuatro propiedades ubicadas en El Calafate y otras cuatro en Río Gallegos. La Justicia no dispuso todavía su confiscación definitiva: decidió inmovilizarlas mientras analiza si corresponde utilizarlas para satisfacer el decomiso impuesto por Vialidad.

El caso de San José 1111 resulta especialmente singular porque la propiedad es además el domicilio fijado por la Justicia para que Cristina Kirchner cumpla su prisión domiciliaria. El embargo patrimonial y la ejecución de la pena son jurídicamente cuestiones diferentes. Por lo tanto, la resolución conocida ahora no modifica automáticamente su situación de detención.

Si más adelante el inmueble fuera definitivamente decomisado y se ordenara su venta, el tribunal tendría que resolver entonces dónde continúa cumpliendo la expresidenta su condena.

¿Por qué aparecen Máximo y Florencia si no fueron condenados?

Este es probablemente el punto jurídicamente más delicado de la resolución. Máximo Kirchner y Florencia Kirchner no fueron condenados en Vialidad, algo que el propio Tribunal Oral Federal N°2 reconoce expresamente. Sin embargo, ambos están relacionados patrimonialmente con Hotesur y Los Sauces y recibieron bienes de la familia.

Para justificar el embargo cautelar, los jueces retomaron una conclusión de la sentencia de Vialidad: consideraron probado que el dinero proveniente de la maniobra produjo beneficios directos para Lázaro Báez y beneficios indirectos para la familia Kirchner, en un contexto donde existieron relaciones comerciales entre empresas del constructor y sociedades familiares.

El tribunal señaló que durante el mismo período hubo negocios vinculados con alquileres, explotación turística y emprendimientos relacionados con los hoteles de la familia, operaciones en las que participaron Hotesur, Los Sauces y firmas pertenecientes a Báez. Esa conexión es la que permite, según el TOF 2, preservar cautelarmente los bienes hasta decidir si corresponde finalmente decomisarlos.

Esto no equivale a considerar penalmente responsables a Máximo y Florencia por la causa Vialidad. La discusión se encuentra en otro plano: si activos pertenecientes actualmente a sociedades o terceros pueden ser ejecutados cuando la Justicia considera que estuvieron relacionados con los beneficios económicos producidos por el delito ya juzgado.

Ese criterio seguirá siendo discutido por las defensas y forma parte de los planteos que pueden terminar bajo revisión de tribunales superiores.

También fueron alcanzadas empresas relacionadas con Lázaro Báez

La resolución se extiende más allá del patrimonio de los Kirchner. El TOF 2 ordenó el embargo de un inmueble perteneciente a Kank y Costilla S.A. y de otras dos propiedades correspondientes a Loscalzo y Del Curto S.R.L., compañías adquiridas por Báez que participaron junto con Austral Construcciones en las contrataciones viales nacionales realizadas en Santa Cruz.

También quedó alcanzada una propiedad santacruceña que formalmente está sometida a un proceso sucesorio, pero que, según la reconstrucción judicial, había sido adquirida por Báez en 2005.

La lógica detrás de estas medidas es reconstruir el circuito patrimonial completo generado durante los años investigados. El decomiso no está limitado únicamente a encontrar efectivo en las cuentas de los condenados: puede avanzar sobre activos que la Justicia considere producto, beneficio o transformación económica de la maniobra.

Nueve vehículos y una embarcación

El tribunal también renovó los embargos que pesaban sobre nueve vehículos pertenecientes a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López. En la nómina aparecen camionetas BMW, Land Rover, Dodge y Chrysler, junto con vehículos de colección como un Torino GS.

En el caso de José López, además, se mantuvo el embargo sobre una embarcación y dos propiedades ubicadas en Chicligasta, Tucumán. El objetivo es que todos esos activos permanezcan disponibles mientras se calcula cuánto podría recuperarse mediante su eventual ejecución.

El Banco Galicia quedó bajo advertencia del tribunal

La nueva resolución incorporó además un episodio que puede abrir otro frente. El Tribunal Oral señaló que existieron “reiterados incumplimientos” del Banco Galicia frente a pedidos de información sobre una caja de seguridad y dos cajas de ahorro a nombre de Florencia Kirchner.

No se trata de un dato menor. Son las cajas vinculadas con el episodio ocurrido hace una década, cuando la Justicia encontró más de US$4 millones. Ante la demora en recibir la información requerida, el tribunal le dio al banco un plazo de 24 horas para responder, bajo apercibimiento de ley.

Este punto muestra que la investigación patrimonial no está limitada a los inmuebles ya identificados. Los fiscales siguen tratando de determinar qué activos existen, dónde se encuentran y si pueden ser alcanzados para cumplir con el decomiso.

Embargar no significa quedarse con la propiedad

La diferencia entre embargo y decomiso resulta fundamental para entender qué ocurrió.

El embargo preventivo es una medida cautelar. Su función principal es impedir que el propietario pueda disponer libremente del bien mientras la Justicia analiza qué hacer con él. El inmueble continúa existiendo jurídicamente dentro de su actual estructura de propiedad, pero queda limitado para evitar transferencias que puedan frustrar una futura ejecución.

El decomiso es el paso posterior y definitivo. Una vez que la Justicia establece que un bien debe responder por el delito o por el monto establecido en la sentencia, puede avanzarse hacia su realización económica y eventualmente hacia un remate.

Por eso, que San José 1111 haya quedado embargado no significa que el Estado ya sea propietario del departamento ni que mañana pueda venderlo. Todavía quedan decisiones judiciales y recursos por resolver.

Cristina llevó el decomiso a la Corte Suprema

Parte de la ejecución patrimonial ya fue respaldada por la Cámara Federal de Casación Penal, pero Cristina Kirchner objetó ante la Corte Suprema las decisiones adoptadas sobre sus bienes.

El debate más importante gira alrededor del alcance que puede tener el decomiso: qué propiedades pueden considerarse vinculadas con el producto del delito, qué ocurre con aquellas que fueron transferidas posteriormente y hasta dónde puede avanzarse sobre bienes actualmente registrados a nombre de personas que no fueron condenadas.

Esa discusión es distinta de la condena penal. La responsabilidad de Cristina Kirchner en Vialidad ya quedó firme. Lo que sigue abierto es cómo se transforma la condena económica en dinero efectivamente recuperado por el Estado.

Una causa penal que ahora se convirtió en una batalla patrimonial

Durante años, Vialidad estuvo concentrada en determinar si existió direccionamiento de contratos de obra pública hacia empresas de Lázaro Báez y cuál había sido la responsabilidad de los funcionarios involucrados. Esa etapa culminó con condenas que posteriormente quedaron firmes.

Ahora el centro del expediente cambió.

La Justicia necesita ejecutar una obligación cercana a los $685.000 millones y para hacerlo comenzó a reconstruir patrimonios, sociedades, inmuebles, vehículos y movimientos financieros de los condenados y de estructuras empresarias vinculadas con ellos.

El embargo de San José 1111 es el símbolo más visible de esta nueva fase porque reúne las dos dimensiones actuales del caso Cristina Kirchner: allí la expresidenta cumple la condena penal de Vialidad y, al mismo tiempo, el inmueble quedó congelado dentro de la disputa destinada a ejecutar la consecuencia económica de esa misma sentencia.

La resolución de este miércoles no significa que esas propiedades serán inmediatamente rematadas, pero sí demuestra que el TOF 2 pretende avanzar hasta convertir una condena de cientos de miles de millones de pesos en bienes efectivamente recuperables.

Y esa batalla, a diferencia del juicio penal, todavía está lejos de haber terminado.