Caputo admitió tasas de hasta 700% en fintech, pero descartó que el Gobierno intervenga

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que existen fintech y otros proveedores de crédito que están cobrando tasas que pueden alcanzar niveles de 400% e incluso 700%, las calificó directamente como “abusivas”, pero descartó que el Gobierno avance con regulaciones para establecer límites a esos costos financieros.

“Hoy no hay nada que les impida hacerlo”, afirmó el funcionario al ser consultado por el fenómeno. Para Caputo, pese a cuestionar la magnitud de las tasas, se trata esencialmente de una relación contractual entre particulares: “Es un tema entre privados”, resumió.

La declaración se produce en un momento particularmente delicado para el mercado de crédito argentino. La cantidad de personas con problemas para cumplir sus compromisos financieros aumentó con fuerza y el deterioro es todavía mayor entre quienes se endeudan fuera del sistema bancario tradicional.

Según los datos difundidos en los últimos meses, 20,4 millones de argentinos tenían algún tipo de financiamiento en junio y alrededor de 5,3 millones estaban en mora, equivalente al 26,1% del total. Medida por monto, la mora alcanzaba el 31% entre los proveedores no financieros, frente al 15,2% correspondiente al sistema bancario. Ambos registros se encontraban en máximos históricos.

El crecimiento del crédito fintech y una morosidad cada vez mayor

El problema adquirió otra dimensión porque las fintech dejaron de ser un actor marginal del sistema financiero argentino.

El último informe específico del Banco Central sobre proveedores no financieros de crédito mostró que, en febrero de 2026, este sector financiaba a aproximadamente 12,1 millones de personas. Dentro de ese universo, las fintech ya superaban los 7 millones de clientes.

Además, entre agosto de 2025 y febrero de 2026, la cartera de financiamiento de las fintech creció 11% en términos reales y 47% interanual, una expansión considerablemente superior a la de otros segmentos del mercado.

Pero el crecimiento vino acompañado por un deterioro importante en la capacidad de pago.

La irregularidad total de los proveedores no financieros alcanzó el 26,9% en febrero, casi diez puntos porcentuales más que seis meses antes. En el caso específico de los préstamos personales otorgados por este universo de compañías, la irregularidad llegaba al 34,1%.

Es precisamente en este mercado donde suelen concentrarse consumidores que, por nivel de ingresos, historial financiero o grado de endeudamiento, tienen mayores dificultades para conseguir un préstamo bancario tradicional. Esa diferencia de riesgo contribuye a explicar tasas superiores, aunque la discusión aparece cuando los costos financieros alcanzan los niveles mencionados por el propio ministro.

Caputo recordó que el Gobierno venía siguiendo la situación y que había advertido sobre la dificultad de sostener determinados niveles de endeudamiento cuando las cuotas aumentaban mucho más rápido que los ingresos.

“Si están prestando a una tasa de por ahí del 8% mensual y los sueldos crecen al 2,5%, va a estar bravo”, relató el ministro sobre conversaciones previas del equipo económico con entidades del sistema financiero.

Caputo rechaza un rescate de los deudores

La postura oficial tiene dos componentes. Por un lado, el Gobierno reconoce que existe un problema de sobreendeudamiento y que algunas condiciones crediticias son excesivamente costosas. Por otro, rechaza que el Estado utilice recursos públicos para compensar a quienes prestaron o a quienes tomaron esos préstamos.

Caputo aseguró que, cuando comenzó a detectarse el aumento de la mora, el Gobierno habló con bancos y pidió “flexibilidad” y “consideración” con los clientes que estaban teniendo dificultades.

Según el ministro, algunas entidades comenzaron a refinanciar deudas a plazos de hasta tres años y con tasas de entre 20% y 25%, lo que permitió que parte de los clientes volviera a cumplir con los pagos. Sin embargo, explicó que esa normalización todavía puede tardar entre seis y doce meses en reflejarse plenamente en las estadísticas crediticias.

Lo que Caputo descartó fue un salvataje financiado por el Estado.

“No hay que confundir la empatía con las políticas públicas”, sostuvo. Desde la óptica del Gobierno, destinar recursos fiscales a absorber pérdidas significaría que contribuyentes que no participaron de esas operaciones terminarían pagando por decisiones financieras tomadas entre empresas y clientes privados.

Ese mismo principio es el que el ministro aplica frente a las tasas que calificó como abusivas: cuestiona su nivel, pero considera que no corresponde que el Estado determine cuánto puede cobrar una fintech por prestar dinero.

La apuesta oficial consiste, en cambio, en aumentar la oferta de crédito y fomentar la competencia, esperando que una mayor disponibilidad de financiamiento provoque una reducción gradual de las tasas.

El Gobierno busca más crédito mientras los préstamos en pesos retroceden

El debate sobre las fintech forma parte de un problema más amplio: el crédito en pesos perdió dinamismo durante 2026.

El stock de préstamos en moneda local al sector privado terminó julio en aproximadamente $104,1 billones, con una caída real del 1% frente al mes anterior y del 1,3% interanual.

Los préstamos personales acumulaban, además, diez meses consecutivos sin crecer por encima de la inflación y mostraban una contracción real interanual del 5,4%. El financiamiento mediante tarjetas cayó 3,7% real durante julio y 9,8% frente al mismo período de 2025.

El comportamiento fue completamente distinto en dólares.

Los préstamos denominados en moneda estadounidense aumentaron 4,7% durante julio y 45,1% interanual, hasta alcanzar aproximadamente US$24.829 millones.

Por esa razón, el Gobierno anunció simultáneamente una flexibilización del régimen que determina qué empresas pueden acceder a créditos financiados con los depósitos en dólares del sistema.

Hasta ahora, las restricciones surgidas después de la crisis de 2001 concentraban fundamentalmente esos préstamos en exportadores o empresas capaces de generar ingresos en moneda extranjera.

La nueva normativa permitirá ampliar parcialmente el universo hacia empresas cuyos ingresos están denominados en pesos, aunque bajo condiciones prudenciales y límites específicos.

El Gobierno informó que los depósitos privados en dólares pasaron de US$14.100 millones en diciembre de 2023 a US$40.300 millones, mientras que los préstamos en esa moneda crecieron desde US$3.700 millones hasta unos US$24.600 millones.

Según Caputo, la intención es aprovechar una parte mayor de esos dólares para financiar inversión privada.

El dilema: créditos más accesibles, pero también más riesgosos

El desafío para el Gobierno es que expandir el crédito no garantiza, por sí solo, que familias y empresas puedan asumir nuevas obligaciones.

En el caso de las fintech, la facilidad para obtener préstamos desde una aplicación, muchas veces en cuestión de minutos y con requisitos menores que los exigidos por los bancos, permitió incorporar millones de personas al mercado financiero. Al mismo tiempo, aumentó la exposición de hogares con ingresos limitados a créditos considerablemente más caros.

Los números del propio Banco Central muestran esa tensión: más clientes, más financiamiento y, simultáneamente, un aumento significativo de la irregularidad entre los proveedores no bancarios.

La discusión que abrió Caputo tiene, por lo tanto, una particularidad: el propio ministro reconoce que existen tasas que considera abusivas, pero la respuesta económica del Gobierno no será establecer un techo regulatorio.

La estrategia oficial será intentar que la reducción llegue desde otro lugar: más oferta de crédito, mayor competencia entre bancos y fintech y una eventual baja general de las tasas de interés.

El interrogante es si ese proceso será suficientemente rápido para los millones de personas que ya acumulan deudas y atrasos. Con más de cinco millones de personas en mora y niveles de irregularidad históricamente elevados, la crisis del crédito al consumo comienza a convertirse en uno de los principales problemas financieros de los hogares argentinos.