Semana económica: proyectan más pobreza, el desempleo sube al 7,9% y la deuda roza los US$485.000 millones

La economía argentina cerró una de esas semanas en las que los números parecen contar dos historias distintas al mismo tiempo. Por un lado, el proceso de estabilización nominal continúa mostrando resultados que el Gobierno exhibe como centrales: la inflación de agosto bajó al 1,7% mensual, el registro más reducido en catorce meses; las cuentas públicas mantienen superávit en el acumulado del año; el Banco Central conserva reservas brutas cercanas a los US$50.000 millones y la balanza comercial continúa generando dólares. Pero debajo de esa superficie aparecieron esta semana varios indicadores que muestran un deterioro o enfriamiento de la economía real: aumentó el desempleo, alcanzó un récord reciente la informalidad, el PBI retrocedió frente al trimestre anterior, cayeron el consumo y la inversión, la industria mostró una fuerte contracción y las estimaciones disponibles anticipan que la pobreza habría vuelto a crecer durante el primer semestre.

El dato social más sensible todavía no es oficial, y esa aclaración es fundamental. El INDEC publicará recién el 24 de septiembre la pobreza correspondiente al primer semestre de 2026. Sin embargo, distintas estimaciones privadas y fuentes del propio Gobierno consultadas por LA NACION anticipan un incremento respecto del 28,2% registrado en el segundo semestre de 2025. El Ejecutivo calcula una tasa ubicada entre 30% y 31%, mientras que el nowcast de Martín González Rozada, de la Universidad Torcuato Di Tella, proyectó 31,6%, con un intervalo estadístico de entre 30,1% y 33%. La consultora ExQuanti estima que durante los primeros seis meses de 2026 se habrían incorporado alrededor de 1,7 millones de personas a la pobreza, llevando el total semestral a aproximadamente 15,1 millones. Si se toma como punto de partida el último trimestre de 2025, cuando comenzó el cambio de tendencia, el incremento acumulado sería cercano a 2,9 millones de personas. Son proyecciones, no el dato definitivo del INDEC, pero todas apuntan en la misma dirección: la fuerte baja de la pobreza observada previamente habría encontrado un freno.

Hay un segundo dato que ayuda a entender por qué puede producirse ese movimiento incluso mientras baja la inflación. En agosto, una familia tipo necesitó $1.605.497 mensuales para no ser considerada pobre y las dos canastas que utiliza el INDEC para determinar pobreza e indigencia aumentaron 2,6%, nueve décimas por encima del IPC general del 1,7%. Es decir, el costo específico de los bienes y servicios que determinan la línea de pobreza avanzó más rápido que el promedio general de precios. A eso se suma que, según el análisis publicado esta semana por LA NACION sobre las estadísticas oficiales, el salario medio del primer semestre de 2026 se ubicó aproximadamente 1% por debajo del promedio del primer y del segundo semestre de 2025. La combinación de canastas básicas subiendo por encima del IPC, recuperación salarial perdiendo velocidad y un mercado laboral más débil ayuda a explicar por qué la desinflación, por sí sola, no garantiza que la pobreza continúe descendiendo.

El mercado laboral confirmó esa señal. El INDEC informó este jueves que la tasa de desocupación pasó del 7,6% en el segundo trimestre de 2025 al 7,9% en el mismo período de 2026 y también quedó una décima por encima del 7,8% registrado entre enero y marzo. La tasa de actividad alcanzó el 48,9% y la tasa de empleo fue del 45%. Proyectada al conjunto del país, distintas estimaciones ubican en torno a 1,7 millones la cantidad de personas desempleadas. Pero probablemente el dato más estructural sea otro: la informalidad laboral llegó al 45%, 1,8 puntos porcentuales por encima de un año atrás. El IIEP de la UBA y el Conicet calculó que en los 31 aglomerados de la EPH se incorporaron 348.000 trabajadores informales en un año, y que el 87% de ese incremento se explica por trabajadores por cuenta propia. La informalidad alcanza al 65,8% de los cuentapropistas y al 37,9% de los asalariados informales.

Y el problema laboral apareció acompañado por una señal clara de enfriamiento de la actividad. El PBI argentino cayó 0,6% durante el segundo trimestre respecto del primero, luego de haber crecido 0,7% entre enero y marzo. No significa que la economía esté actualmente por debajo del nivel de hace un año: en la comparación interanual el PBI todavía mostró un crecimiento del 2% y durante el primer semestre acumuló una expansión de 2,2%. Pero la composición del último trimestre resulta más preocupante para el mercado interno. El consumo privado cayó 2,4% respecto del trimestre previo, el consumo público retrocedió 2,3% y la inversión se redujo 0,8%, mientras las exportaciones aumentaron 2,5%. Frente al segundo trimestre de 2025, la inversión mostró una contracción todavía mayor, del 11,1%, mientras el consumo privado apenas avanzó 0,4%. El crecimiento interanual continúa, pero el trimestre más reciente muestra que buena parte de la demanda interna perdió dinamismo.

La industria amplifica esa fotografía. El índice de producción industrial manufacturero cayó 5% en julio respecto de junio y 4,9% interanual, mientras en los primeros siete meses de 2026 acumuló una baja del 2,6%. Doce de las dieciséis ramas relevadas por el INDEC retrocedieron frente al mismo mes del año pasado. Las mayores caídas se observaron en maquinaria y equipo, con -26,7%; textiles, con -13%; productos minerales no metálicos vinculados a la construcción, con -12,6%; y automotores, con -5,4%. En sentido contrario, sectores asociados a recursos naturales tuvieron una evolución diferente: la refinación de petróleo creció 8,1%, impulsada por el desarrollo hidrocarburífero. Esa divergencia entre sectores exportadores y actividades dependientes del mercado interno es una de las características centrales de la economía de 2026.

La pobreza dejó de bajar: 1,7 millones de argentinos habrían caído bajo la línea en solo seis meses

En materia de precios aparece otra de las paradojas de la semana. El IPC de agosto fue del 1,7%, acumuló 21,3% en los primeros ocho meses del año y 33,5% interanual, por lo que la desaceleración inflacionaria continúa siendo uno de los indicadores más favorables para el Gobierno. Sin embargo, los precios mayoristas avanzaron 2,1% en agosto, frente al 0,8% que habían registrado en julio, y el costo de la construcción aumentó 2,5%. Dentro del índice de construcción, la mano de obra subió 3,2%, los materiales 1,7% y los gastos generales 2,2%. No significa necesariamente que esos movimientos vayan a trasladarse automáticamente al IPC de los próximos meses, pero muestran que diferentes capas del sistema de precios todavía evolucionan por encima de la inflación minorista del último mes.

El otro gran número de la semana es el de la deuda pública. Según el último boletín oficial de la Secretaría de Finanzas, al 31 de agosto la deuda bruta de la Administración Central alcanzó el equivalente a US$484.917 millones, frente a US$455.077 millones al cierre de 2025. De ese total, US$482.392 millones están en situación de pago normal. La composición está prácticamente dividida: 49% es pagadera en moneda local y 51% en moneda extranjera. En los últimos doce meses, la deuda en situación de pago normal aumentó en US$30.651 millones; la deuda en moneda extranjera bajó US$4.339 millones, mientras la denominada en moneda local aumentó el equivalente a US$34.990 millones. Es importante señalar que el aumento del stock expresado en dólares no equivale íntegramente a nueva deuda: desde diciembre hubo operaciones netas de financiamiento negativas por US$9.275 millones, pero ajustes de valuación por más de US$39.000 millones elevaron el equivalente en dólares del stock.

Agosto también muestra la magnitud de los flujos financieros que debe manejar el Tesoro. Durante ese mes se realizaron pagos de deuda por US$13.236 millones equivalentes, de los cuales US$12.317 millones correspondieron a capital y US$919 millones a intereses. Los títulos y letras representan el 77,4% de la deuda en situación normal y los acreedores oficiales externos concentran aproximadamente US$99.654 millones. A esa estructura debe agregarse la exposición extraordinaria con el Fondo Monetario Internacional: un estudio de International Development Economics Associates con cifras a mayo calculó que la Argentina concentraba casi el 80% de toda la deuda de América Latina y el Caribe con el FMI y algo más del 30% de todos los créditos que el organismo mantenía concedidos mundialmente. Esa comparación no significa que el total de la deuda argentina sea con el Fondo, pero sí dimensiona la excepcional concentración del financiamiento multilateral en el país.

El desafío más inmediato no es solamente el volumen total, sino cómo se financian los vencimientos que vienen. Consultoras citadas esta semana estiman que durante 2027 el Tesoro podría necesitar comprar alrededor de US$6.000 millones al Banco Central y emitir unos US$8.000 millones adicionales para cubrir compromisos. El Gobierno ya colocó aproximadamente US$5.226 millones en Bonares durante 2026 y consiguió trasladar parte importante de los vencimientos en pesos más allá de las elecciones de 2027: según Eco Go, a fines de 2025 el 98% de los vencimientos en moneda local con privados estaba concentrado en los siguientes 18 meses; siete meses después esa proporción se había reducido al 54,2%. El problema es que la demanda del mercado por bonos de plazos largos comenzó a mostrar signos de agotamiento, mientras el riesgo país volvió a moverse cerca de los 490 puntos básicos, todavía muy por encima del promedio de los mercados emergentes. Son estimaciones privadas y precios de mercado, no incumplimientos ni una señal automática de crisis, pero representan el costo que los inversores siguen asignando al financiamiento argentino.

Las reservas ofrecen otra imagen mixta. El Banco Central compró más de US$14.200 millones durante 2026, superando el escenario base de US$10.000 millones que había planteado originalmente para todo el año. Sin embargo, el ritmo se desaceleró de manera marcada: entre enero y julio había adquirido más de US$13.300 millones, en agosto compró aproximadamente US$770 millones y en la primera mitad de septiembre agregó menos de US$150 millones. Las reservas brutas se encontraban alrededor de US$50.000 millones al cierre del jueves 17, luego de haber superado US$50.900 millones a fines de agosto. Bloomberg Línea señala otra contracara del proceso: mientras las reservas aumentaron unos US$9.000 millones durante el año, la deuda en pesos medida en dólares pasó aproximadamente de US$69.000 millones a US$95.000 millones, en parte porque los pesos emitidos para comprar divisas debieron luego ser absorbidos mediante títulos públicos.

La política fiscal continúa siendo, en cambio, uno de los pilares que muestran números positivos. La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que durante los primeros ocho meses de 2026 la Administración Pública Nacional acumuló un superávit primario de $15,4 billones y un superávit financiero de $3,2 billones. Agosto, sin embargo, terminó individualmente con un déficit financiero cercano a $0,6 billones, aunque conservó un superávit primario de $1,9 billones. Los ingresos reales acumulados cayeron 2,5% interanual y el gasto disminuyó 1%; dentro de este último aumentaron especialmente los subsidios energéticos y los intereses de deuda, mientras el gasto en determinados programas sociales se redujo. Es decir, la disciplina fiscal continúa, aunque la composición del ajuste y el aumento de los intereses adquieren cada vez más relevancia para evaluar su sostenibilidad.

El sector externo proporciona parte del oxígeno que necesita ese esquema. Hasta julio, último dato comercial completo disponible antes de la publicación de las cifras de agosto, la Argentina había exportado US$58.365 millones e importado US$42.286 millones, generando un superávit acumulado de aproximadamente US$16.079 millones. Sólo en julio el saldo favorable fue de US$2.115 millones. El REM del Banco Central proyecta para todo 2026 exportaciones cercanas a US$100.895 millones, importaciones por US$75.861 millones y un superávit comercial de unos US$25.034 millones. Ese flujo es uno de los factores que permite explicar por qué la situación externa luce sustancialmente mejor que en años de escasez extrema de divisas, aunque disponer de superávit comercial no equivale automáticamente a que todos esos dólares terminen como reservas del BCRA.

El Presupuesto 2027 presentado esta semana muestra hacia dónde espera ir el Gobierno desde esta situación. El proyecto supone 4% de crecimiento del PBI en 2027, después de una expansión estimada oficialmente en torno al 3% para 2026, una inflación anual del 18% el próximo año frente al 29% previsto para este, y otro ejercicio de equilibrio fiscal. Es una hoja de ruta que apuesta a que la desinflación, las exportaciones de energía y minería y la disciplina presupuestaria terminen reactivando el consumo, el empleo y la inversión. El desafío es que el punto de partida que dejaron los últimos datos es menos cómodo: el segundo trimestre cayó frente al primero, la inversión retrocede, el desempleo y la informalidad subieron y la pobreza probablemente haya interrumpido su descenso.

La síntesis de la semana, por lo tanto, no permite una lectura de una sola dirección. La inflación bajó, hay superávit fiscal, el comercio exterior genera dólares y las reservas son considerablemente mayores que un año atrás. Al mismo tiempo, aumentó el desempleo, la informalidad llegó al 45%, el PBI se contrajo 0,6% trimestral, consumo e inversión retrocedieron, la industria cayó con fuerza y distintas estimaciones anticipan que la pobreza volvió a subir. A eso se agrega una deuda pública cercana a US$485.000 millones cuyo perfil fue parcialmente reordenado, pero que seguirá exigiendo dólares y acceso al crédito durante 2027. La discusión económica de los próximos meses estará justamente allí: si la estabilidad nominal conseguida puede transformarse nuevamente en recuperación de ingresos, inversión y empleo antes de que el deterioro social se vuelva persistente.

El próximo dato decisivo será el 24 de septiembre, cuando el INDEC publique la pobreza oficial del primer semestre. Ese número permitirá saber si las proyecciones de entre 30% y 32% se confirman y cuánto de la mejora social conseguida durante la etapa inicial de la desinflación se sostuvo durante 2026.