Una misión de la ONU acusa a Estados Unidos de posibles crímenes de guerra en Irán tras ataques que mataron a 178 civiles

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán acaba de abrir un frente distinto al militar: el de la responsabilidad internacional por la muerte de civiles. Una misión independiente creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó que existen motivos razonables para creer que fuerzas estadounidenses cometieron crímenes de guerra durante dos ataques realizados en territorio iraní el 28 de febrero de 2026, primer día de la ofensiva estadounidense e israelí contra la República Islámica. Los dos episodios investigados dejaron, según la propia misión, al menos 178 civiles muertos, entre ellos una cantidad extraordinariamente alta de niños. La conclusión no equivale a una sentencia judicial contra Estados Unidos, pero constituye hasta ahora una de las acusaciones internacionales más graves contra la actuación de Washington durante el conflicto.

El mar Rojo vuelve a poner en jaque al Canal de Suez: los hutíes avanzan sobre Bab el Mandeb y Arabia Saudita pierde su gran vía alternativa a Ormuz

El caso más devastador es el de la escuela primaria Shajareh Tayyebeh, en Minab, al sur de Irán. La misión de Naciones Unidas sostiene que misiles Tomahawk estadounidenses impactaron contra un edificio que era “claramente identificable” como establecimiento educativo y que no encontró evidencia suficiente de que estuviera siendo utilizado con fines militares en el momento del ataque. Más de 150 personas murieron, entre ellas aproximadamente 120 niñas y niños, de acuerdo con las conclusiones presentadas por los investigadores. El informe sostiene que las fuerzas estadounidenses no verificaron adecuadamente si el objetivo continuaba teniendo carácter militar antes de disparar y considera que esa conducta constituyó un ataque indiscriminado contra civiles y bienes de carácter civil.

La explicación sobre cómo pudo producirse semejante ataque comenzó a surgir meses antes de la publicación del informe de la ONU. Reuters reveló en marzo, citando fuentes familiarizadas con una investigación interna del Pentágono, que Estados Unidos podría haber utilizado información de inteligencia desactualizada al seleccionar el objetivo. La escuela se encontraba junto a un complejo relacionado con la Guardia Revolucionaria iraní y determinados datos estadounidenses habrían indicado que en el área podía encontrarse un alto mando militar. Pero el establecimiento educativo llevaba años funcionando públicamente, mantenía presencia en internet y existían numerosas fotografías y registros de sus actividades. La hipótesis investigada dentro del propio aparato militar estadounidense es que el sistema de identificación del blanco no distinguió correctamente entre información antigua sobre instalaciones militares y el uso civil que tenía el lugar en 2026.

Ese detalle es central para comprender por qué la misión habla de un posible crimen de guerra aunque no sostenga que Estados Unidos hubiera querido deliberadamente matar niños. El derecho internacional humanitario obliga a las fuerzas militares a distinguir entre objetivos militares y bienes civiles y a adoptar todas las precauciones factibles antes de ejecutar un ataque. Un error, por sí solo, no constituye automáticamente un crimen de guerra. Pero la misión considera que la falta de verificación del objetivo fue lo suficientemente grave como para alcanzar el umbral de imprudencia frente al riesgo evidente para la población civil. Human Rights Watch ya había advertido en marzo que, si efectivamente se utilizaron datos de inteligencia obsoletos sin realizar controles suficientes, el episodio revelaría fallas importantes en los procedimientos estadounidenses destinados a minimizar daños a civiles.

El segundo episodio investigado ocurrió ese mismo 28 de febrero en Lamerd, también en el sur iraní. Allí, según la misión, misiles de precisión dispersaron fragmentos de tungsteno sobre un complejo deportivo claramente identificable y una zona residencial cercana. El ataque provocó muertos y heridos entre civiles y causó daños sobre viviendas y una escuela próxima. El informe atribuye 22 víctimas civiles a ese episodio y llega nuevamente a la conclusión de que se trató de un ataque indiscriminado. Este punto es especialmente controvertido porque el Comando Central de Estados Unidos había afirmado en marzo que sus fuerzas no realizaron ataques dentro de la ciudad de Lamerd durante esa jornada. La investigación de Naciones Unidas contradice directamente esa versión.

Sumados ambos episodios, la misión contabiliza al menos 178 civiles muertos, incluidos mujeres y niños. Esa cifra corresponde al cálculo realizado por los investigadores internacionales y debe distinguirse de los diferentes balances difundidos por las autoridades iraníes, que en distintos momentos elevaron el número de víctimas de Minab por encima de 150. La inexistencia de un recuento único e independiente inmediatamente después de los ataques produjo durante meses cifras distintas, pero el nuevo informe adopta 178 como mínimo verificado para los dos casos analizados conjuntamente.

La respuesta de Washington fue tajante. La Casa Blanca y el Departamento de Estado rechazaron las conclusiones de la misión y cuestionaron la legitimidad del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Un funcionario del Departamento de Estado recordó que la administración Trump decidió retirar a Estados Unidos del organismo y lo acusó de sostener posiciones hostiles hacia Washington. La Casa Blanca también descalificó el informe. Paralelamente, autoridades estadounidenses sostienen desde el comienzo de la guerra que sus operaciones buscan respetar el derecho de los conflictos armados y que el Ejército no ataca deliberadamente a civiles.

Sin embargo, permanece abierta una cuestión importante: el Pentágono todavía no publicó el resultado completo de su propia investigación sobre Minab. Después del ataque, funcionarios militares iniciaron una revisión interna que, según fuentes citadas por Reuters, llegó preliminarmente a la conclusión de que fuerzas estadounidenses probablemente fueron responsables. Esa investigación también comenzó a evaluar la posibilidad de que la tragedia hubiera sido provocada precisamente por datos de inteligencia desactualizados. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostuvo entonces que Estados Unidos no ataca intencionalmente a civiles, mientras Donald Trump afirmó que aceptaría las conclusiones de la investigación una vez terminada. Hasta ahora, Washington no difundió públicamente un informe final que reconstruya de manera completa la cadena de decisiones que llevó al lanzamiento de los misiles.

La misión internacional no depende directamente de la Secretaría General de Naciones Unidas ni representa una sentencia de la Corte Internacional de Justicia o de la Corte Penal Internacional. Fue creada en 2022 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar graves violaciones cometidas en Irán y actualmente está integrada por expertos independientes. Su mandato fue ampliado en enero de 2026 en medio de un nuevo ciclo de represión interna y posteriormente abarcó también violaciones relacionadas con el conflicto armado. Por eso la formulación jurídicamente correcta no es que “la ONU condenó a Estados Unidos”, sino que una misión independiente mandatada por Naciones Unidas encontró motivos razonables para considerar que determinados ataques estadounidenses constituyeron crímenes de guerra.

El informe, además, está lejos de presentar al régimen iraní simplemente como víctima. Los mismos investigadores concluyeron que las autoridades de Teherán cometieron crímenes contra la humanidad durante la represión de las protestas que comenzaron a fines de 2025. La misión documentó asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y restricciones extremas a las comunicaciones y a la libertad de expresión. Según la investigación, miembros de las fuerzas de seguridad dispararon desde edificios y posiciones elevadas contra manifestantes y utilizaron perdigones metálicos que provocaron lesiones graves y cegueras permanentes.

La escala de esa represión también fue extraordinaria. El Gobierno iraní reconoce oficialmente 3.038 muertos y alrededor de 25.000 heridos, pero la misión considera que las cifras reales pueden ser significativamente superiores. Los investigadores identificaron además al menos 221 niños muertos, algunos de apenas dos años, y denunciaron ataques y detenciones dentro de centros de salud, un apagón nacional de internet que se extendió durante meses y ejecuciones posteriores de manifestantes condenados mediante procesos cuestionados internacionalmente. Entre marzo y agosto, al menos 29 hombres fueron ejecutados por hechos relacionados con las protestas y más de 70 personas continuaban en riesgo de recibir la pena de muerte.

Ese doble señalamiento es fundamental para entender el alcance político del documento. La misión no adopta la narrativa de ninguno de los dos bandos. Por un lado acusa al régimen iraní de desplegar una represión sistemática contra su propia población y considera que varios de esos actos constituyen crímenes contra la humanidad. Por otro, sostiene que la actuación militar estadounidense durante al menos dos ataques vulneró gravemente las reglas de protección a civiles. Su conclusión general es que la población iraní quedó atrapada entre la represión de su propio Gobierno y las consecuencias humanitarias de la guerra contra Estados Unidos e Israel.

Las consecuencias jurídicas del informe no son automáticas. La misión no puede detener funcionarios estadounidenses, emitir condenas ni iniciar por sí misma un proceso penal internacional. Pero sus investigaciones pueden convertirse en material probatorio para procedimientos futuros en tribunales nacionales o internacionales. También reclama que los responsables rindan cuentas, que las víctimas reciban reparaciones y que terceros Estados utilicen, cuando sea jurídicamente posible, mecanismos como la jurisdicción universal para perseguir violaciones graves del derecho internacional.

La acusación llega además en un momento especialmente delicado. La guerra iniciada en febrero lleva ya varios meses, ha generado daños significativos en infraestructura militar estadounidense en Medio Oriente, presión sobre los inventarios de municiones de Washington y una fuerte alteración de las rutas energéticas regionales. Al mismo tiempo, Trump asegura que existen contactos para intentar reducir las hostilidades mientras líderes iraníes se preparan para viajar a Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas. El Gobierno estadounidense decidió autorizar sus visas, aunque bajo importantes restricciones, justamente cuando el informe de la misión coloca la conducta militar de Washington bajo una atención internacional mucho mayor.

El punto más incómodo para Estados Unidos no es solamente la acusación formulada por investigadores internacionales. Es que algunos elementos centrales del informe coinciden con información surgida del propio aparato estadounidense meses atrás: una investigación militar que consideraba probable la responsabilidad de Washington en Minab y fuentes que reconocían que datos de inteligencia desactualizados podían haber contribuido al ataque. La diferencia está en la calificación jurídica. Para la misión de Naciones Unidas, la combinación de un objetivo civil claramente identificable, la falta de verificación suficiente y el enorme riesgo para niños y otros civiles supera el terreno de un simple “error operacional” y entra en el de una posible violación grave del derecho de guerra.

Por eso el informe abre una discusión que seguramente continuará durante los próximos meses. ¿Puede un fallo de inteligencia transformarse en un crimen de guerra? Según el derecho internacional, la respuesta depende de las precauciones adoptadas, de la información disponible, del carácter del objetivo y del grado de riesgo aceptado para los civiles. La misión considera que, en Minab y Lamerd, esas condiciones permiten hablar de ataques indiscriminados y de posibles crímenes de guerra. Estados Unidos rechaza esa conclusión y todavía no publicó la totalidad de su propia investigación. Mientras tanto, quedan 178 civiles muertos y una escuela destruida como el símbolo más brutal de una guerra en la que la responsabilidad por cada ataque ya no se discute solamente en el campo de batalla, sino también frente al sistema internacional.