Alejandro Cabrera
El Senado se encamina a una sesión decisiva este jueves a las 14 horas para tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, postulados por el presidente Javier Milei para ocupar cargos en la Corte Suprema de Justicia. La convocatoria, encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, pone en juego el equilibrio del máximo tribunal y expone la fragilidad política del oficialismo frente a una oposición movilizada.
En las últimas horas, la Casa Rosada activó una operación para intentar que la sesión no alcance el quórum de 37 senadores. Consciente de que no tiene los votos suficientes para aprobar las designaciones, el gobierno apuesta a que directamente no haya sesión. La estrategia consiste en disuadir a aliados y bloques “dialoguistas” de asistir al recinto, y mantener conversaciones directas con gobernadores para influir sobre los senadores que les responden.
Fuentes legislativas reconocen que si el kirchnerismo logra reunir al menos 33 de sus 34 miembros y suma a cuatro legisladores más, podría forzar la sesión. Por eso el oficialismo se mueve con premura para evitar que eso suceda. Las próximas 48 horas son clave: todo está abierto y hay margen para sorpresas.
Un debate que tensiona al bloque opositor y expone fisuras
En Unión por la Patria hay acuerdo para asistir, pero también temores. Algunos senadores del interior ligados a estructuras provinciales temen represalias si el gobierno toma nota de su respaldo al rechazo de los pliegos. Aun así, la conducción del bloque apuesta a la unidad y convocó a una reunión para este miércoles, feriado nacional, a fin de garantizar asistencia plena.
La situación de los candidatos suma tensión. Manuel García-Mansilla ya juró como ministro de la Corte por designación “en comisión” del Ejecutivo, en medio de una fuerte controversia jurídica. En cambio, Ariel Lijo aún no pudo asumir: su pliego no fue aprobado por el Senado y la Corte Suprema rechazó darle una licencia para ocupar un nuevo cargo sin antes dejar el anterior. Esta dualidad jurídica complica al gobierno y resta legitimidad al proceso.
Dentro del Senado, sectores de la oposición insisten en que los antecedentes de Lijo son incompatibles con el perfil que debe tener un miembro del máximo tribunal. Cuestionan sus vínculos con sectores del poder y el manejo de causas sensibles. En cambio, García-Mansilla genera menos resistencia, pero el hecho de haber sido designado por decreto sin ratificación del Senado genera inquietud institucional.
El desenlace de esta pulseada política es incierto. Si se logra el quórum y los pliegos son rechazados, será un golpe político para Milei. Si no hay sesión, el oficialismo ganará tiempo, pero no resolverá el conflicto. La tensión crece con cada hora que pasa, y la definición marcará un antes y un después en la relación entre el Ejecutivo, el Congreso y la Justicia.
Mientras tanto, en los pasillos del Congreso se multiplican las versiones. Algunos operadores del oficialismo deslizan que, si el escenario se torna desfavorable, el Gobierno podría retirar temporalmente el pliego de Lijo para evitar un revés en el recinto y reactivarlo más adelante. Sin embargo, esa jugada también implicaría un costo político: admitir, aunque sea implícitamente, que no hay consenso para su nombramiento.
Desde el entorno de Javier Milei aseguran que no están dispuestos a ceder fácilmente. El Presidente considera estratégico tener aliados en la Corte Suprema que acompañen las reformas estructurales que propone su gobierno, especialmente si avanza con la intención de recortar competencias judiciales o revisar normas constitucionales como la coparticipación federal. Para eso necesita una Corte alineada o, al menos, receptiva.
En paralelo, actores de la sociedad civil y organismos vinculados al ámbito jurídico vienen alertando sobre la necesidad de respetar los procedimientos institucionales y garantizar la independencia judicial. “La Corte no puede ser una pieza más del ajedrez político”, advirtieron esta semana desde asociaciones de magistrados. El proceso de selección y control del máximo tribunal vuelve así al centro de la escena nacional, con implicancias que exceden a los nombres propios y alcanzan el funcionamiento mismo de la República.
