Trump, Delcy y el petróleo: el pacto que redibuja Venezuela, entrega a EE.UU. un poder inédito y convierte a Betancourt en el hombre clave del negocio

Hay una escena que probablemente hubiera resultado imposible de imaginar apenas un año atrás. El secretario de Energía de Estados Unidos aterriza en Caracas, el presidente ejecutivo de Chevron se reúne con Delcy Rodríguez, la principal petrolera estadounidense activa en Venezuela anuncia que invertirá más de US$7.000 millones y, simultáneamente, Washington prepara una estructura mediante la cual el Gobierno norteamericano tendrá participación accionaria y derechos de control sobre una compañía privada destinada a desarrollar algunos de los mayores yacimientos de crudo del planeta. Todo esto ocurre después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro el 3 de enero y lo trasladaran a Nueva York para enfrentar cargos penales, mientras buena parte de la estructura chavista continuó gobernando bajo la conducción de quien había sido su vicepresidenta.

La transformación es tan veloz que obliga a revisar buena parte de los esquemas con los que se interpretaba Venezuela. Durante años, Washington intentó aislar económicamente al chavismo mediante sanciones, restricciones financieras y limitaciones a la industria petrolera. Donald Trump decidió ahora otra cosa: en lugar de dejar el petróleo venezolano fuera del mercado, pretende colocarlo nuevamente en producción pero con una presencia estadounidense mucho más profunda. La Casa Blanca presenta el acuerdo como una operación destinada a garantizar seguridad energética para Estados Unidos y reconstruir la economía venezolana. Sus críticos ven algo mucho más incómodo: un entendimiento negociado con poca transparencia entre Washington y un gobierno interino que permite a Estados Unidos adquirir una influencia excepcional sobre recursos estratégicos de otro país.

El núcleo del acuerdo anunciado por Trump involucra a North American Blue Energy Partners, NABEP, una compañía controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt. Según la información difundida oficialmente por la Casa Blanca, las autoridades interinas venezolanas le otorgaron concesiones sobre 17 campos con aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas probadas, una cifra superior a todas las reservas probadas existentes actualmente dentro del territorio estadounidense. El Departamento de Guerra norteamericano, mediante su Office of Strategic Capital, recibirá una participación accionaria del 35% en la empresa matriz de NABEP, mientras el Departamento de Estado tendrá derecho a adquirir al costo de producción un 20% del petróleo producido y derecho preferente sobre el 80% restante. Washington contará además con capacidad de veto sobre designaciones del directorio y la mayoría de sus miembros deberán ser ciudadanos estadounidenses.

La Casa Blanca describe el acuerdo como una operación sin costo para el contribuyente estadounidense y sostiene que permitirá utilizar parte del petróleo para recomponer la Reserva Estratégica, que se encuentra en niveles históricamente bajos. También presenta el movimiento como una aplicación renovada de la Doctrina Monroe destinada a desplazar de Venezuela a Rusia y China, dos países que durante años utilizaron créditos, inversiones y acuerdos energéticos para ampliar su influencia. Ese lenguaje permite entender que la operación nunca fue exclusivamente petrolera: forma parte de una estrategia mucho más amplia para reordenar el poder en América Latina y reducir la presencia de competidores globales dentro de lo que Trump vuelve a considerar explícitamente la esfera de influencia de Estados Unidos.

El problema es que todavía existen enormes interrogantes jurídicos y operativos. Reuters consultó a especialistas en energía y abogados que cuestionaron tanto la legalidad potencial de algunos componentes como la ausencia de un proceso competitivo y la falta de publicación del acuerdo completo. Venezuela modificó recientemente su legislación de hidrocarburos y eliminó parte del control obligatorio de la Asamblea Nacional sobre determinados contratos considerados de interés nacional, lo que facilita la implementación pero reduce mecanismos institucionales de supervisión. Los críticos sostienen que una operación de semejante duración y volumen debería contar con controles mucho mayores, especialmente después de décadas en las que la falta de transparencia fue precisamente uno de los grandes problemas de PDVSA y del sistema petrolero venezolano.

Delcy Rodríguez, por su parte, tiene fuertes incentivos para aceptar. La presidenta interina aseguró que el acuerdo tendrá una duración inicial de 25 años y que permitirá movilizar aproximadamente US$100.000 millones de inversión, elevar la producción hasta 1,5 millones de barriles diarios en los campos comprendidos y generar unos US$209.000 millones en regalías e impuestos a lo largo del período. Son proyecciones oficiales, no ingresos garantizados, y dependerán de que aparezca efectivamente el gigantesco capital necesario para recuperar instalaciones abandonadas, perforar nuevos pozos y reconstruir infraestructura deteriorada durante décadas.

La negociación produce una paradoja política extraordinaria. El chavismo construyó buena parte de su legitimidad alrededor de la nacionalización del petróleo y la denuncia de que Estados Unidos pretendía apropiarse de los recursos venezolanos. Hoy Nicolás Maduro permanece detenido en Nueva York y la dirigente que durante años fue una de las personas más poderosas de su gobierno acaba de firmar uno de los acuerdos más profundos con Washington desde la nacionalización petrolera. Delcy puede argumentar que Venezuela mantiene formalmente la soberanía sobre los yacimientos y que necesita inversión extranjera para recuperar una industria devastada. Sus críticos pueden responder que pocas veces Estados Unidos obtuvo derechos económicos y de gobernanza semejantes sobre una parte tan grande de las reservas de otro país.

Y allí aparece Alejandro Betancourt.

El intermediario que pasó del chavismo a Guaidó, volvió con Delcy y terminó respaldado por Trump

La investigación de El País coloca justamente a Betancourt en el centro de toda esta historia y lo define como el “nuevo oligarca latinoamericano de Trump”. La descripción pertenece al diario español y no constituye una categoría jurídica, pero refleja la velocidad con la que el empresario pasó de ser una figura controvertida y perseguida en distintos momentos por el propio chavismo a convertirse en uno de los interlocutores más poderosos de Washington en Venezuela.

Betancourt tiene 46 años y construyó parte de su fortuna durante la era de Hugo Chávez mediante contratos vinculados con el sistema eléctrico venezolano. Posteriormente amplió sus negocios hacia energía, inversiones y empresas internacionales. Su nombre apareció durante años en investigaciones relacionadas con presuntas operaciones de lavado de dinero y negocios con recursos provenientes de Venezuela. Aquí es indispensable realizar una precisión: Betancourt ha sido investigado por autoridades en Suiza, España y Estados Unidos, pero no ha sido formalmente acusado ni condenado en ninguno de esos países por esas causas, según la reconstrucción del Washington Post. Su abogado ha negado cualquier participación en lavado de dinero y el empresario rechaza las acusaciones.

La situación judicial llegó a ser extremadamente seria. En 2025 fue detenido dos veces en Reino Unido, primero a partir de una orden española y después a pedido de Suiza, mientras autoridades británicas evaluaban su extradición. Durante meses no pudo abandonar el país. La solicitud suiza de extradición terminó retirada en mayo de 2026 por cuestiones vinculadas con el derecho británico, aunque la investigación en Suiza continúa abierta. El periódico estadounidense reveló además que funcionarios de alto nivel de la administración Trump intervinieron diplomáticamente alrededor de ese expediente y buscaron evitar que la situación judicial de Betancourt impidiera su utilización como intermediario en Venezuela.

Esto no prueba que Washington haya hecho desaparecer delitos ni que Betancourt sea responsable de aquellos hechos. Precisamente porque no existe una condena, sería incorrecto presentarlo como culpable. Lo que sí está documentado es que Estados Unidos consideró su utilidad geopolítica lo suficientemente importante como para involucrarse en su situación internacional. La propia administración Trump ha defendido abiertamente esa decisión con un argumento de realpolitik: un funcionario citado por El País sostuvo que no estaban proponiendo su canonización, sino trabajando con alguien que había sido útil para Estados Unidos.

Su trayectoria explica esa utilidad. Durante el primer gobierno de Trump, cuando Washington reconocía a Juan Guaidó como presidente interino, Betancourt actuó como enlace entre sectores opositores y altos mandos venezolanos en un intento de generar una transición interna. Según investigaciones estadounidenses, incluso viajó a Moscú para transmitir mensajes destinados a convencer a Rusia de abandonar su apoyo a Maduro. El intento fracasó y el chavismo terminó considerando a Betancourt enemigo. Jorge Rodríguez llegó a acusarlo públicamente en 2020 de financiar a Guaidó y actividades opositoras.

Tres años después ocurrió otro giro. Delcy Rodríguez volvió a convocarlo y le ofreció regresar al negocio petrolero bajo determinadas condiciones. De aquella reconciliación surgió la estructura que terminaría consolidándose alrededor de NABEP. Después de la captura de Maduro, el empresario habría desempeñado un papel especialmente relevante para convencer a Rodríguez de establecer rápidamente contacto con Marco Rubio y abrir negociaciones con Washington. Según la reconstrucción del Washington Post y El País, desde Estados Unidos se transmitió posteriormente que Betancourt sería uno de los interlocutores claves para la reorganización del sector petrolero.

La historia muestra hasta qué punto el petróleo venezolano está construyendo alianzas que hace muy poco parecían incompatibles. Betancourt fue empresario durante el chavismo, colaboró después con la oposición, fue perseguido por el gobierno de Maduro, volvió a negociar con Delcy y ahora cuenta con respaldo norteamericano. Delcy fue vicepresidenta de Maduro, pasó a gobernar Venezuela después de su captura y hoy recibe al secretario de Energía de Trump y a los máximos ejecutivos de Chevron.

No es ideología.

Es poder.

Y petróleo.

Chevron pone US$7.000 millones y demuestra que el cambio ya pasó de la política al capital real

La mejor señal de que el movimiento no se limita a un gran anuncio diplomático llegó este miércoles desde Chevron. La compañía estadounidense confirmó que invertirá más de US$7.000 millones durante los próximos cinco años en sus empresas mixtas venezolanas y pretende aumentar su producción desde aproximadamente 280.000 barriles diarios hasta 600.000 barriles por día. Los nuevos acuerdos amplían Petroindependencia hacia otras dos áreas de la región de Carabobo, dentro de la Faja del Orinoco, y ofrecen condiciones fiscales, comerciales y jurídicas más favorables para las inversiones.

Es importante aclarar que el acuerdo de Chevron es independiente del pacto entre Washington, Caracas y NABEP. No forma parte de aquella sociedad ni supone que Chevron esté ingresando al negocio de Betancourt. Pero ambos movimientos forman parte de la misma transformación: el regreso masivo del capital petrolero internacional a Venezuela bajo un nuevo equilibrio político respaldado por Estados Unidos.

Chevron se encuentra en una posición particular porque nunca abandonó completamente Venezuela. Opera allí desde 1923 y consiguió continuar trabajando mediante empresas mixtas con PDVSA incluso después de las nacionalizaciones y del deterioro de las relaciones con Washington. ExxonMobil y ConocoPhillips, en cambio, salieron en 2007 después de que Hugo Chávez nacionalizara activos y todavía muestran muchas más reservas sobre regresar. Esa diferencia importa porque el éxito del nuevo modelo dependerá de que la estabilidad jurídica termine convenciendo también a compañías que perdieron miles de millones en anteriores procesos de expropiación.

Mike Wirth, presidente ejecutivo de Chevron, sostiene que las reformas venezolanas transformaron al país desde una inversión poco competitiva hacia una oportunidad atractiva dentro del portafolio global de la compañía. Los costos de producción proyectados quedarían por debajo de US$20 por barril, una cifra extremadamente competitiva si el petróleo internacional permanece cerca de los actuales niveles elevados. Además, buena parte de la infraestructura básica existe y puede rehabilitarse, algo considerablemente más barato que desarrollar desde cero una nueva provincia petrolera.

El secretario de Energía Chris Wright fue todavía más optimista y proyectó que la producción venezolana puede más que duplicarse durante los próximos años. Venezuela produce actualmente alrededor de 1,1 a 1,25 millones de barriles diarios, después de haber superado los tres millones a fines de los años noventa. Washington calcula que podría alcanzar los dos millones antes de terminar la década. Chevron por sí sola aportaría aproximadamente 600.000 diarios si cumple su objetivo.

Para Venezuela, el beneficio potencial es enorme. El petróleo continúa siendo la principal fuente de exportaciones y divisas del país, pero décadas de mala administración, corrupción, falta de mantenimiento, sanciones internacionales y pérdida de capital humano destruyeron buena parte de la capacidad productiva. Recuperar incluso uno o dos millones de barriles diarios adicionales significaría decenas de miles de millones de dólares anuales dependiendo del precio internacional y permitiría financiar reconstrucción de infraestructura, importaciones y servicios públicos.

También puede convertirse, sin embargo, en una nueva versión del viejo problema venezolano si los ingresos quedan concentrados alrededor de redes políticas y empresariales sin controles suficientemente robustos. Ese es precisamente uno de los cuestionamientos centrales al pacto con Estados Unidos: después de décadas en las que la opacidad de PDVSA produjo corrupción y apropiación privada de recursos públicos, el nuevo sistema comienza con contratos negociados de manera reservada y con una compañía privada controlada por un empresario cuya trayectoria está rodeada de investigaciones y polémicas.

Trump responde que Estados Unidos tendrá mecanismos de auditoría y supervisión destinados a garantizar que los ingresos tributarios y las regalías se utilicen en beneficio de los venezolanos. Pero la afirmación introduce otra pregunta delicada: hasta dónde puede llegar Washington en el control del destino de los ingresos de un país soberano. La Casa Blanca habla de garantizar transparencia; sus críticos pueden interpretar que Estados Unidos está construyendo un protectorado económico informal alrededor del principal activo venezolano.

La cuestión se vuelve todavía más sensible porque la transición política permanece incompleta. Maduro está preso, pero buena parte del aparato chavista sigue funcionando. Delcy Rodríguez no llegó al poder mediante una nueva elección presidencial competitiva. Washington afirma estar impulsando conversaciones entre las autoridades interinas y la Asamblea Nacional electa en 2015, además de la liberación de presos políticos y reformas judiciales. Sin embargo, no existe todavía un calendario definitivo capaz de resolver la gran contradicción de la nueva Venezuela: Estados Unidos consiguió transformar la estructura petrolera con enorme velocidad, mientras la transformación democrática avanza considerablemente más despacio.

Ese orden de prioridades merece atención. Washington capturó a Maduro argumentando, entre otras cosas, su responsabilidad penal y el carácter ilegítimo de su régimen. Ocho meses después, la principal relación estratégica con Caracas se construye con la número dos de ese mismo régimen. No necesariamente existe una contradicción absoluta: una transición siempre necesita negociar con quienes conservan poder efectivo. Pero cuanto más tiempo permanezca Delcy sin elecciones y cuanto mayores sean los negocios firmados durante ese período, más difícil será sostener que la relación está subordinada a una democratización y no al acceso al petróleo.

Trump tampoco oculta cuál es su prioridad. La propia Casa Blanca habla de “dominación energética estadounidense”, de expulsar la influencia rusa y china y de utilizar la Doctrina Monroe para reafirmar la preeminencia de Washington en el hemisferio. Es una formulación extraordinariamente explícita para la política exterior latinoamericana contemporánea.

Para Estados Unidos existe además una ventaja económica inmediata. La guerra con Irán elevó el precio del crudo y dejó nuevamente en evidencia la fragilidad de depender de rutas como el Estrecho de Ormuz. Venezuela ofrece algo que Medio Oriente no puede ofrecer: gigantescas reservas dentro del hemisferio occidental y a pocos días de navegación de las refinerías estadounidenses del Golfo de México. Además, buena parte del crudo venezolano es pesado, precisamente el tipo para el que muchas de esas refinerías fueron diseñadas.

Energía, geopolítica y seguridad militar terminan entonces fusionándose.

Trump consigue una fuente adicional de petróleo.

Delcy consigue inversión y recursos.

Chevron amplía uno de los activos más baratos de su portafolio.

Betancourt obtiene una posición empresarial extraordinaria.

Venezuela puede empezar a reconstruir su industria.

Pero todavía falta responder quién controlará políticamente esa reconstrucción, cuánto dinero terminará efectivamente en la economía venezolana, qué protección tendrán los contratos ante futuros gobiernos y qué ocurrirá con los derechos otorgados durante una transición cuyo desenlace democrático todavía no está definido.