¿Milei es iliberal? El Presidente que se define liberal pero tensiona cada vez más el pluralismo, los contrapoderes y las libertades

Javier Milei construyó su identidad alrededor de una palabra: libertad. Se presenta como liberal libertario, convirtió “Viva la libertad, carajo” en marca política y sostiene que el Estado constituye una amenaza permanente contra el individuo. Su programa económico parte de una defensa prácticamente absoluta de la propiedad privada, la competencia y el mercado. Si la pregunta fuera exclusivamente económica, calificarlo de antiliberal sería difícil de sostener.

Pero existe otra pregunta bastante más incómoda.

¿Puede alguien ser extremadamente liberal en economía y, al mismo tiempo, iliberal en política y cultura?

La respuesta que surge del concepto desarrollado por Arsenio Cuenca en Le Grand Continent es que sí. Y precisamente ahí aparece una herramienta especialmente interesante para analizar a Milei.

La transcripción que sirve de base para esta nota parte de una distinción fundamental: el iliberalismo no equivale automáticamente a dictadura, fascismo o autoritarismo clásico. Puede desarrollarse dentro de democracias, incluso con gobiernos surgidos limpiamente de elecciones. El problema comienza cuando desde el interior de ese sistema se debilitan progresivamente el constitucionalismo liberal, la división de poderes, los controles institucionales, el pluralismo y las garantías destinadas a proteger los derechos individuales frente a las mayorías.

Es la vieja paradoja señalada por Fareed Zakaria cuando popularizó la expresión “democracia iliberal”: una sociedad puede votar democráticamente a un gobierno que después utiliza esa legitimidad electoral para reducir los elementos liberales de la democracia.

Eso obliga a separar dos conceptos que habitualmente utilizamos como si fueran idénticos.

Democracia significa, simplificando, que los ciudadanos pueden elegir y reemplazar gobiernos.

Liberalismo político agrega otra condición: ni siquiera quien gana las elecciones puede hacer cualquier cosa.

Existen una Constitución, jueces independientes, Congreso, libertad de expresión, derechos individuales, protección de minorías y reglas que no desaparecen porque el 51% de la sociedad quiera eliminarlas.

Ese segundo componente es el que permite plantear la pregunta sobre Milei.

Y el propio artículo de Le Grand Continent lo incorpora explícitamente dentro de la discusión contemporánea sobre el iliberalismo. Cuenca recuerda el discurso presidencial de Davos de 2024 en el que Milei sostuvo que los “neomarxistas” habían conseguido apropiarse del sentido común occidental mediante los medios, la cultura, las universidades y los organismos internacionales.

No es una reconstrucción hostil de sus palabras.

Es exactamente lo que dijo Milei.

Desde aquel escenario mundial afirmó que los neomarxistas habían “cooptado el sentido común de Occidente” gracias a la apropiación de medios de comunicación, cultura, universidades y organizaciones internacionales, y llamó a combatir frontalmente esas ideas.

Aquí aparece el primer elemento propiamente iliberal de su pensamiento.

Milei no presenta simplemente al progresismo como una corriente política equivocada que debe ser derrotada electoralmente. Lo describe como un dispositivo que habría infiltrado y capturado instituciones fundamentales de la sociedad.

El adversario deja de ser solamente un competidor.

Se convierte en una fuerza encubierta que controla ilegítimamente la cultura.

Ese mecanismo discursivo es central en las nuevas derechas estudiadas por Cuenca: el feminismo, el multiculturalismo, los movimientos de diversidad sexual, las universidades, determinados organismos internacionales y los medios no aparecen como expresiones legítimas de una sociedad plural sino como componentes de una hegemonía artificial impuesta desde arriba.

Y allí comienzan las semejanzas entre Milei y figuras que, aparentemente, podrían parecer lejanas a un libertario argentino: Viktor Orbán, Donald Trump, algunas corrientes del nacionalconservadurismo europeo y determinados pensadores posliberales.

El liberal económico que empieza a chocar con el liberalismo político

Hay una confusión bastante extendida cuando se habla de iliberalismo: asumir que necesariamente implica estatismo económico.

No es así.

La investigación resumida en la transcripción señala precisamente que buena parte de los movimientos iliberales contemporáneos acepta el capitalismo, la economía de mercado e incluso versiones radicalizadas del neoliberalismo. El conflicto está en otra parte: cuánto pluralismo político, cultural e institucional están dispuestos a tolerar.

Éste es probablemente el lugar exacto donde Milei entra en la discusión.

Su liberalismo económico es difícil de cuestionar.

Durante su gobierno redujo ministerios, eliminó regulaciones, achicó estructuras estatales, liberalizó mercados y promovió una transferencia significativa de actividades desde el Estado hacia el sector privado. Reuters describió justamente a la Argentina como uno de los laboratorios más agresivos de reducción estatal mucho antes incluso de que Elon Musk intentara aplicar una estrategia semejante en Estados Unidos.

Eso es liberalismo económico.

Pero Locke, Montesquieu, Tocqueville, Madison o buena parte de la tradición liberal no redujeron jamás la libertad a comprar y vender.

También desconfiaban profundamente de la concentración de poder.

Y ahí el balance argentino se vuelve bastante más ambiguo.

En febrero de 2025, Milei intentó nombrar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema después de no conseguir los acuerdos necesarios en el Senado. La Cámara alta posteriormente rechazó a ambos candidatos y dejó sin efecto la operación. Human Rights Watch consideró la maniobra parte de los intentos de debilitar los controles constitucionales sobre el Ejecutivo.

El dato tiene dos lecturas simultáneas.

La primera es preocupante desde una mirada liberal institucional: el Presidente intentó utilizar una herramienta excepcional para ocupar dos lugares del máximo tribunal sin haber conseguido la aprobación constitucionalmente prevista del Senado.

La segunda es igualmente importante: las instituciones resistieron.

El Senado rechazó los nombres.

La Corte no quedó controlada por Milei.

El Congreso ha rechazado decretos, insistido con leyes después de vetos presidenciales y obligado al Gobierno a negociar reiteradamente. Reuters registró incluso importantes derrotas parlamentarias del oficialismo durante 2025.

Eso constituye una diferencia enorme con Orbán.

En una verdadera democracia iliberal consolidada, el poder ejecutivo consigue progresivamente modificar las reglas para neutralizar los controles.

En Argentina los controles continúan funcionando.

Freedom House mantiene al país en 85 puntos sobre 100 y dentro de la categoría “Libre”. Describe a la Argentina como una democracia representativa vibrante, con elecciones competitivas, oposición con posibilidades reales de alcanzar el gobierno, sociedad civil activa y debate público abierto.

Por eso resulta prematuro afirmar que Milei haya transformado a la Argentina en una democracia iliberal.

Pero sería igualmente simplista mirar solamente el resultado institucional e ignorar las tendencias.

Freedom House le otorga apenas dos puntos sobre cuatro a la independencia judicial y tres sobre cuatro a la libertad de medios. También redujo la calificación sobre libertad de reunión porque observó un uso creciente de protocolos restrictivos y de la fuerza durante manifestaciones.

Human Rights Watch fue aún más duro: describió 2025 como un año marcado por obstáculos a la protesta y “intentos de socavar los controles constitucionales sobre el poder ejecutivo”.

Y después está la prensa.

Aquí probablemente aparece el indicador más evidente de una deriva iliberal.

Reporteros Sin Fronteras ubicó a la Argentina en 2026 en el puesto 98 de 180 países, once posiciones por debajo del año anterior. Desde 2022 cayó 69 lugares. RSF atribuye buena parte del deterioro a la hostilidad institucional contra los medios y a la violencia sufrida por periodistas durante manifestaciones.

FOPEA registró 278 ataques contra periodistas durante 2025, un récord desde que comenzó a medirlos en 2008. Según su relevamiento, Milei fue responsable de 119 episodios.

Y durante apenas una semana de agosto de 2026 el propio Presidente reprodujo 335 mensajes contra periodistas, escribió otros 26 y utilizó reiteradamente expresiones como “mierdas humanas”, “soretes”, “basuras” y el lema “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.

Una vez más conviene establecer una distinción.

Insultar periodistas no convierte automáticamente a un presidente en autoritario.

Un gobierno puede odiar a los medios y seguir respetando formalmente su derecho a publicar.

El salto cualitativo aparece cuando esa hostilidad comienza a conectarse con la idea de que deberían existir consecuencias legales contra las publicaciones consideradas falsas, con intentos de restringir información pública o con mecanismos estatales que puedan desalentar la crítica.

Ahí la cuestión deja de ser modales.

Se vuelve liberalismo.

Porque la tradición liberal no protege solamente la expresión correcta.

Protege especialmente la expresión incómoda, injusta, exagerada e incluso muchas veces equivocada.

Si el poder político pasa a determinar qué información es suficientemente cierta como para poder publicarse, la libertad de expresión empieza a depender del mismo Estado frente al cual debería actuar como límite.

La discusión sobre las escuelas ofrece otro ejemplo de esa tensión.

El propio Gobierno de Milei modificó en 2024 la reglamentación de la Ley de Protección Integral de Niños y Adolescentes para considerar vulneración de derechos la “imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria” dentro del ámbito educativo. El decreto sostiene expresamente que deben protegerse la libertad de conciencia y pensamiento de los estudiantes.

Dos años después, Milei habló ante estudiantes de la ORT y utilizó el escenario para plantear una batalla entre concepciones políticas y morales, presentar al marxismo en términos demonológicos y celebrar los abucheos contra periodistas.

Puede discutirse jurídicamente si eso constituye “adoctrinamiento” en los términos estrictos del decreto.

La contradicción política es mucho más evidente.

El problema no es que un presidente liberal hable de capitalismo en una escuela.

El problema aparece cuando el pluralismo que reclama frente a sus adversarios deja de aplicarse cuando él ocupa el escenario.

Y justamente el pluralismo es uno de los núcleos del liberalismo político.

También existe una tensión notable en las políticas relacionadas con libertades personales.

Milei comenzó su carrera defendiendo una concepción extremadamente amplia del derecho del individuo a vivir como quisiera mientras no perjudicara a terceros.

Con el tiempo, sin embargo, su discurso incorporó una agenda moral considerablemente más conservadora.

Atacó el feminismo, las políticas de género, cuestionó reiteradamente el aborto legal, vinculó el descenso de la natalidad con la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y comenzó a colocar cada vez más elementos religiosos dentro de su discurso político.

Nada de eso es incompatible automáticamente con el liberalismo.

Una persona puede ser religiosa, conservadora y liberal.

La cuestión es qué sucede cuando esos valores dejan de ser una elección personal y comienzan a utilizarse para determinar cuáles vidas, familias, identidades o conductas poseen mayor legitimidad política.

El artículo de Cuenca señala precisamente que el iliberalismo contemporáneo suele surgir cuando determinados movimientos radicalizan aspectos económicos del liberalismo mientras reaccionan contra las transformaciones culturales vinculadas con igualdad de género, diversidad sexual, multiculturalismo y secularización.

En Milei esa combinación aparece con una claridad creciente.

Mercados muy libres.

Estado económico reducido.

Pero una batalla cultural cada vez más rígida sobre qué valores debería tener Occidente.

No es una contradicción accidental.

Es exactamente una de las formas que adopta el iliberalismo contemporáneo.

Entonces, ¿Milei es iliberal?

La respuesta más seria requiere evitar dos exageraciones.

La primera sería decir que no puede ser iliberal porque es libertario.

Eso confunde liberalismo económico con democracia liberal.

La segunda sería afirmar que Milei ya es comparable institucionalmente con Orbán, Bukele o regímenes autoritarios consolidados.

Los datos disponibles no permiten sostenerlo.

Argentina sigue teniendo elecciones competitivas.

La oposición gobierna provincias, controla espacios relevantes del Congreso y puede derrotar legislativamente al Ejecutivo.

Los jueces frenan decisiones.

El Senado rechazó candidatos de Milei para la Corte.

Los medios publican investigaciones durísimas diariamente.

La sociedad civil funciona.

Las manifestaciones continúan ocurriendo.

Y los indicadores internacionales siguen clasificando al país como una democracia libre.

No existe todavía una captura sistemática del Estado comparable con Hungría.

Orbán modificó reglas electorales, colonizó gran parte del ecosistema mediático, alteró equilibrios judiciales y construyó durante años una estructura diseñada para reducir las posibilidades reales de alternancia.

Milei no consiguió ni parece encontrarse todavía en esa etapa.

Pero limitar la categoría de iliberalismo exclusivamente a los países donde ese proceso ya terminó sería perder precisamente su utilidad analítica.

El concepto intenta identificar la dirección del movimiento antes de que la transformación esté completa.

Y bajo esa mirada existen numerosos elementos que permiten hablar de una tendencia iliberal en el mileísmo.

La identificación de enemigos internos.

La descripción del progresismo como una operación de infiltración cultural.

La deslegitimación sistemática de la prensa.

La hostilidad frente a intermediaciones institucionales.

El intento de utilizar mecanismos excepcionales frente a obstáculos legislativos.

La idea de que determinadas organizaciones internacionales están capturadas por una agenda ideológica.

El desplazamiento desde un libertarianismo fundamentalmente individualista hacia una defensa cada vez más explícita de valores civilizatorios, religiosos y culturales.

Y, sobre todo, una concepción mayoritaria del poder según la cual haber ganado una elección otorga una legitimidad moral muy superior a la de quienes actúan como contrapoder.

Esto último merece especial atención.

Milei suele plantear que las instituciones tradicionales —medios, universidades, sindicatos, organizaciones internacionales, artistas, movimientos feministas— no son verdaderos espacios autónomos de la sociedad sino estructuras capturadas por una ideología enemiga.

Si uno acepta esa premisa, debilitarlas deja de parecer un ataque al pluralismo.

Pasa a parecer una liberación.

Ése es uno de los mecanismos históricos mediante los cuales funciona el iliberalismo.

Orbán no sostiene que destruyó la democracia húngara.

Sostiene que liberó a Hungría de élites cosmopolitas que no representaban a los húngaros.

Trump no sostiene que combate la prensa libre.

Dice combatir fake news y medios corruptos.

Bukele no presenta sus estados de excepción como una restricción a los derechos.

Los presenta como la recuperación de la libertad de los ciudadanos frente a las pandillas.

La lógica iliberal rara vez se presenta a sí misma como enemiga de la libertad.

Afirma estar defendiendo una libertad más auténtica frente a instituciones que supuestamente fueron secuestradas.

Ahí la comparación con Milei se vuelve mucho más interesante.

El Presidente no se considera enemigo del liberalismo.

Muy probablemente se considera su expresión más pura.

Y quizás precisamente allí esté la paradoja.

Su liberalismo es radical cuando el adversario es el Estado económico.

Es mucho más ambiguo cuando el límite debe imponérselo el pluralismo político.

Defiende ferozmente el derecho del empresario frente al burócrata, del propietario frente al impuesto y del consumidor frente a la regulación.

Pero parece bastante menos cómodo cuando la libertad la ejerce un periodista que lo cuestiona, una universidad que protesta, un movimiento social que ocupa la calle o una corriente cultural que no comparte su visión del mundo.

Eso no convierte automáticamente a Javier Milei en un dictador.

Tampoco vuelve falsa su identidad liberal.

Lo convierte en algo quizás más contradictorio y característico de nuestra época: un dirigente profundamente liberal en economía que ha incorporado componentes cada vez más iliberales en su concepción de la cultura, del conflicto político y de los límites al poder.

Por eso la formulación más precisa hoy probablemente no sea “Milei es un presidente iliberal”.

Es otra:

Milei gobierna todavía dentro de una democracia liberal que conserva contrapoderes efectivos, pero su discurso y algunas de sus prácticas muestran una creciente pulsión iliberal.

La diferencia parece semántica.

No lo es.

De si esos contrapoderes continúan funcionando dependerá que siga siendo solamente una pulsión.