El silencio de Washington deja al borde del archivo la causa contra Alejandro Betancourt, el hombre del petróleo venezolano de Trump

Alejandro Betancourt pasó en pocos meses de enfrentar pedidos de extradición y restricciones para abandonar el Reino Unido a convertirse en uno de los hombres indispensables de la nueva política petrolera estadounidense en Venezuela. Su empresa quedó en el centro de un acuerdo que entrega a Washington una participación extraordinaria en la explotación de 17 campos venezolanos, el secretario de Estado Marco Rubio salió a defenderlo públicamente y funcionarios de Donald Trump lo presentan como un empresario útil para desplazar a Rusia y China de las mayores reservas de crudo del planeta. Mientras esa transformación geopolítica avanza, la investigación que lo tiene bajo la lupa en España se encuentra paralizada por una ausencia decisiva: Estados Unidos no responde una solicitud de cooperación judicial enviada hace más de nueve meses.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz necesita interrogar por videoconferencia a cinco personas que fueron investigadas y condenadas en Estados Unidos dentro de la trama conocida como Money Flight. Sus testimonios son fundamentales para determinar si parte del dinero utilizado por Betancourt y otros empresarios en España provenía de hechos de corrupción cometidos dentro de Petróleos de Venezuela. Sin esa prueba, la justicia española no puede avanzar sólidamente sobre los presuntos delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal. Pedraz ya advirtió que no esperará indefinidamente: si Washington continúa sin contestar hasta diciembre, archivará nuevamente el expediente.

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Cinco testigos que Estados Unidos todavía no permite interrogar

La causa española investiga el origen y el recorrido de más de US$4.000 millones que habrían sido desviados de PDVSA mediante préstamos simulados, sobornos a funcionarios, sociedades pantalla y operaciones financieras internacionales. Parte de esos recursos habría terminado integrada al circuito económico legal mediante cuentas bancarias, empresas, propiedades y distintas inversiones realizadas en Europa. Betancourt es conocido en España por su participación en la marca de anteojos Hawkers, por sus inversiones en compañías locales y por la compra de un castillo en Toledo, aunque él rechaza las acusaciones y no ha sido condenado por estos hechos.

El problema jurídico para la Fiscalía Anticorrupción española consiste en acreditar lo que se denomina delito precedente. Para demostrar que determinados activos fueron blanqueados, primero necesita probar que el dinero tenía un origen delictivo. Por esa razón resultan esenciales las declaraciones de Abraham Ortega Morales, exdirector de Planificación Financiera de PDVSA; Carmelo Urdaneta, antiguo alto funcionario del sector petrolero venezolano; Álvaro Ledo Nass, exasesor legal de la compañía estatal; Luis Carlos de León, antiguo responsable financiero de Electricidad de Caracas; y Luis Fernando Vuteff, empresario argentino y yerno del dirigente opositor Antonio Ledezma.

Los cinco conocen diferentes partes del circuito financiero investigado y podrían ayudar a establecer si los fondos llevados posteriormente a España provenían de pagos ilegales dentro de PDVSA. No se trata de una solicitud de allanamiento, una intervención telefónica o una medida compleja que afecte derechos fundamentales en territorio estadounidense: España reclama únicamente la posibilidad de tomarles declaración por videoconferencia. Fuentes judiciales citadas por la investigación de El País consideran que, dentro de los mecanismos habituales de cooperación entre ambos países, el trámite debería haberse resuelto con relativa rapidez.

Sin embargo, Washington no contestó. El Departamento de Justicia estadounidense tampoco respondió las preguntas periodísticas sobre la demora, el Departamento de Estado evitó formular una explicación oficial y el Pentágono se limitó a repetir su defensa general del acuerdo petrolero firmado con la empresa de Betancourt. Formalmente, no existe una prueba pública de que Donald Trump haya ordenado bloquear la comisión rogatoria española. Pero el silencio prolongado beneficia objetivamente a un empresario que se volvió estratégico para la administración norteamericana.

La causa ya había sido archivada y tuvo que ser reabierta

Pedraz cerró inicialmente la investigación en marzo, pero la Sala Penal de la Audiencia Nacional ordenó reabrirla después de que la Fiscalía Anticorrupción apelara la decisión y calificara el archivo como prematuro. Los fiscales argumentaron que todavía faltaba producir una prueba central: escuchar a los testigos radicados en Estados Unidos. Desde entonces, el expediente volvió a quedar detenido exactamente en el mismo lugar porque la cooperación norteamericana nunca llegó.

En una resolución fechada el 10 de agosto, el magistrado explicó que no puede mantener indefinidamente abierta una causa si resulta imposible demostrar el delito que habría originado los fondos. Pedraz consideró contradictorio que las autoridades estadounidenses manifestaran interés y cooperación, pero no respondieran el pedido concreto. Por eso estableció como límite diciembre de 2026. Si para entonces no hay novedades, el paso del tiempo y la falta de pruebas podrían entregarle a Betancourt un nuevo archivo sin necesidad de que Washington rechace formalmente la colaboración.

La diferencia es importante. Estados Unidos no necesita enviar una negativa que pueda ser recurrida, cuestionada diplomáticamente o interpretada como una intervención política. Le alcanza con no contestar. De esa forma, la justicia española queda sin la prueba necesaria y el propio juez termina cerrando el expediente por imposibilidad de continuar investigando. No demostraría la inocencia de Betancourt ni resolvería el origen del dinero, pero reduciría considerablemente su exposición judicial en Europa.

El empresario también presentó ante el tribunal español documentación emitida por la Fiscalía venezolana según la cual la investigación realizada en su país fue cerrada en 2023 sin que pudiera acreditarse su responsabilidad. El organismo sostiene que esa decisión posee carácter de cosa juzgada y que Betancourt no debería ser perseguido nuevamente por los mismos hechos. El documento fue preparado en apenas seis días hábiles después de una solicitud de sus abogados, una velocidad que llamó la atención de fuentes de la Audiencia Nacional debido a las históricas dificultades de cooperación entre Venezuela y España.

El precedente suizo y la intervención de funcionarios de Trump

La parálisis española no aparece como un hecho aislado. Betancourt también es investigado en Suiza, donde la Fiscalía de Zúrich mantuvo durante años una causa relacionada con presunto lavado de dinero y llegó a solicitar su extradición desde el Reino Unido. Mientras los tribunales británicos analizaban ese pedido, el empresario tuvo restricciones de movimiento y permaneció prácticamente confinado entre sus propiedades.

Una investigación de The Washington Post reveló que altos funcionarios de la administración Trump intervinieron ante las autoridades suizas. Entre ellos aparecieron la fiscal general Pam Bondi, su adjunto Todd Blanche y el subsecretario de Estado Christopher Landau. Los funcionarios buscaron información y un tratamiento favorable para Betancourt, a quien consideraban necesario como intermediario en Venezuela. Suiza finalmente retiró el pedido de extradición, alegando obstáculos vinculados con el derecho británico, aunque la investigación helvética continúa abierta.

El levantamiento de las restricciones permitió que Betancourt recuperara la libertad para viajar y participara directamente en las negociaciones entre Washington y Caracas. El empresario llegó en avión privado a Venezuela, restableció su relación con el gobierno de Delcy Rodríguez y colaboró en la construcción del acuerdo petrolero que posteriormente anunció Trump. El caso muestra que su relevancia para Estados Unidos no es una interpretación externa: la propia administración decidió involucrarse cuando sus problemas judiciales amenazaron con impedirle cumplir ese papel.

Marco Rubio defendió públicamente la elección de Betancourt y aseguró que el empresario no posee investigaciones abiertas dentro del sistema estadounidense. También recordó que colaboró con sectores de la oposición venezolana durante el intento de desplazar a Nicolás Maduro y sostuvo que su empresa contaba con capacidad operativa para recuperar campos petroleros deteriorados. El argumento de Washington es esencialmente pragmático: Betancourt puede tener una trayectoria controvertida, pero conoce el funcionamiento del poder venezolano, conserva contactos con distintos sectores y puede movilizar inversiones en una industria que Estados Unidos considera estratégica.

Cuando la geopolítica empieza a condicionar a la Justicia

North American Blue Energy Partners, la compañía controlada por Betancourt, recibió derechos sobre 17 campos con aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas. El acuerdo contempla que el Gobierno estadounidense posea una participación del 35% en la estructura empresarial y reciba derechos sobre una parte de la producción. Para Trump, el negocio permite asegurar crudo pesado destinado a las refinerías del Golfo de México, aumentar la influencia norteamericana dentro de Venezuela y desplazar capitales rusos y chinos.

Esa importancia convierte la investigación española en algo más que una causa de blanqueo de capitales. El hombre cuya situación jurídica depende ahora de la colaboración de Washington es, al mismo tiempo, el empresario elegido por Washington para administrar una parte sustancial de su estrategia energética regional. Si Estados Unidos entrega los testigos reclamados, puede contribuir al avance de un expediente capaz de complicar a uno de sus principales socios. Si guarda silencio, la causa se aproxima al archivo.

Nada de esto permite presentar a Betancourt como culpable. No fue condenado ni formalmente acusado en España o Suiza por las investigaciones que continúan abiertas, y su defensa sostiene que las sospechas carecen de fundamentos. Pero tampoco corresponde confundir la ausencia de una condena con una investigación completada que haya demostrado su inocencia. El expediente español corre el riesgo de cerrarse precisamente porque una prueba indispensable no pudo realizarse.

La contradicción afecta también el discurso con el que Trump justificó su intervención en Venezuela. Estados Unidos presentó la captura de Maduro y la reorganización petrolera como parte de una ofensiva contra la corrupción, el narcotráfico y el saqueo de los recursos venezolanos. Sin embargo, cuando una justicia europea intenta investigar el posible destino de miles de millones presuntamente desviados de PDVSA, Washington no colabora y el principal beneficiado es el empresario que acaba de convertirse en su socio energético.

La fecha decisiva será diciembre. Hasta entonces, la administración estadounidense todavía puede responder la comisión rogatoria y permitir las declaraciones. Si no lo hace, la causa volverá a archivarse y Betancourt habrá superado otro obstáculo judicial sin que ningún tribunal examine por completo las pruebas. El nuevo hombre fuerte del petróleo venezolano no necesitaría una absolución: el silencio de la potencia que ahora lo considera imprescindible podría resultar suficiente.