Un fallo judicial declaró inconstitucional la movilidad jubilatoria del gobierno de Alberto Fernández

Un revés judicial que reabre el debate previsional

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata declaró inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria aplicada durante el gobierno de Alberto Fernández. Según el fallo, el mecanismo generó una pérdida del 50,3% en el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios entre 2021 y marzo de 2024.

El tribunal ordenó a la ANSES recalcular los haberes de la demandante en base a la evolución de la inflación del período, en lugar de aplicar los aumentos determinados por la fórmula de movilidad establecida en la Ley 27.609. Esta ley, sancionada en diciembre de 2020, combinaba las variaciones salariales y la recaudación tributaria para actualizar las jubilaciones.

Los jueces sostuvieron que el mecanismo no garantizaba una protección real contra la inflación, incumpliendo el principio de progresividad y afectando derechos fundamentales de los jubilados. Para el tribunal, el Estado no puede aplicar fórmulas de actualización que resulten regresivas o que deterioren en forma sostenida el nivel de vida de los beneficiarios.

Impacto y alcance del fallo

Aunque la sentencia se refiere a un caso particular, podría sentar un precedente importante para futuros reclamos judiciales de jubilados que se consideren perjudicados por la pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos años. Además, se suma a otros pronunciamientos similares que distintas jurisdicciones están comenzando a emitir en todo el país.

La decisión reabre el debate sobre la sostenibilidad y la equidad del sistema previsional argentino, en un contexto donde las jubilaciones mínimas continúan muy por debajo de la canasta básica y donde las correcciones periódicas siguen siendo insuficientes para recuperar el terreno perdido.

Este fallo también impacta políticamente al dejar en evidencia las consecuencias de la política previsional del gobierno anterior, que había prometido una fórmula "más justa" pero terminó agravando el deterioro de los ingresos de los jubilados en un contexto de alta inflación.

El resultado de este tipo de demandas podría obligar a la ANSES y al gobierno nacional actual a enfrentar mayores obligaciones financieras, sumando un nuevo factor de presión fiscal en medio de un escenario económico ya tenso.