Tierra del Fuego en pie de guerra: Melella enfrenta al Gobierno por la baja de aranceles y advierte sobre un colapso industrial

El régimen fueguino bajo amenaza

La decisión del Gobierno de reducir o eliminar aranceles sobre 89 productos impacta de lleno en el corazón del modelo económico de Tierra del Fuego. Desde hace décadas, la provincia basa su matriz productiva en el subrégimen de promoción industrial que incentiva la radicación de empresas electrónicas con beneficios fiscales. Esas condiciones permitieron la instalación de plantas que hoy emplean a miles de trabajadores en ciudades como Río Grande y Ushuaia.

“El Gobierno nacional no tiene idea de lo que significa generar empleo en el sur profundo”, lanzó Melella. “Con esta medida están empujando al cierre a fábricas enteras que sostienen a miles de familias. Es una provocación y una falta de visión federal absoluta”.

 
Duras críticas a Sturzenegger y Espert

El mandatario fueguino apuntó especialmente contra dos referentes del oficialismo nacional: Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, y José Luis Espert, diputado nacional. “A Sturzenegger no le importa nada lo que pase fuera de la General Paz. Es un atorrante que ya fracasó antes y ahora quiere volver con el mismo verso del libre mercado salvaje”, disparó Melella.

Sobre Espert, fue aún más directo: “Es un provocador profesional. Lo suyo no es ideología, es show. Ni conoce la provincia y opina como si supiera lo que pasa en una línea de montaje. Le hace mal a la política”.

Desde el entorno de Sturzenegger sostienen que la baja de aranceles “moderniza el comercio” y “termina con privilegios de sectores ineficientes”. El propio ministro defendió la medida afirmando: “Tierra del Fuego podría ser la nueva Disney. Tiene un potencial turístico enorme y puede dejar atrás un modelo artificial, basado en subsidios”.

Espert, por su parte, redobló la apuesta en redes sociales: “La industria fueguina es una estafa fiscal. Hay que terminar con el curro del subrégimen”.

 
Paro total en las fábricas y frente judicial

En respuesta a la medida, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Tierra del Fuego decretó un paro total y por tiempo indeterminado en las plantas electrónicas. La medida afecta a empresas líderes del sector y amenaza con paralizar por completo la producción en la isla.

“El paro es por dignidad. No vamos a permitir que liquiden el trabajo fueguino con un decreto”, afirmó un delegado metalúrgico desde Río Grande.

A su vez, Melella informó que su administración ya trabaja con un estudio jurídico para llevar la disputa a la Justicia: “Vamos a defender cada puesto de trabajo con las herramientas legales que tenemos. No vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo cómo arruinan nuestra economía”.

 
Austeridad puertas adentro: congelamiento de sueldos

Como parte de las medidas de contención y señal política, Melella firmó un decreto que congela los aumentos salariales para funcionarios y personal de gabinete. “La provincia está en emergencia. No podemos pedirle esfuerzo a los trabajadores si no lo hacemos nosotros primero”, señaló el gobernador. La medida fue bien recibida por los gremios estatales y algunos intendentes.

El ministro de Economía de Tierra del Fuego, Federico Zapata, respaldó la decisión: “Este no es momento para privilegios. Cada peso debe ir a sostener empleo y servicios esenciales”.

 
Un modelo en disputa

Desde el punto de vista de Melella, la disputa por los aranceles revela una visión centralista y poco conectada con las realidades productivas del interior. “No entienden que Tierra del Fuego no es solo una isla, es parte de un país que necesita trabajo digno, no promesas de parques temáticos ni importaciones baratas”, declaró. Para el gobernador, el debate de fondo no es solo económico, sino también territorial y estratégico.

Desde el Gobierno nacional, en cambio, se insiste en que el modelo actual es insostenible y que el nuevo camino abrirá oportunidades de diversificación económica. “El régimen fueguino es caro, ineficiente y anacrónico. Es momento de reconvertir la matriz”, señalan funcionarios cercanos a la Casa Rosada.