El expresidente presentó una defensa técnica en la investigación por irregularidades en contrataciones estatales. Pidió testigos y apuntó a exfuncionarios clave.
Política04 de julio de 2025
Alejandra Larrea
El expresidente Alberto Fernández se presentó nuevamente este jueves ante el juez federal Sebastián Casanello en los tribunales de Comodoro Py, para ampliar su declaración indagatoria en la causa que investiga presuntas maniobras irregulares en la contratación de seguros durante su mandato.
El caso gira en torno al Decreto 823/2021, mediante el cual se dispuso que todos los organismos del Estado contrataran sus pólizas exclusivamente a través de Nación Seguros. La Justicia intenta determinar si esa decisión derivó en beneficios indebidos para intermediarios privados que cobraron comisiones millonarias sin justificación técnica.
Fernández defendió la validez del decreto y su implementación, alegando que la medida buscaba ordenar y centralizar las contrataciones para reducir costos y evitar la fragmentación del sistema estatal de seguros. En su exposición, pidió que se convoque a declarar a varios funcionarios de su gobierno, entre ellos el entonces ministro de Economía y la secretaria de Legal y Técnica, para respaldar su argumento de que no hubo perjuicio económico ni direccionamiento doloso.
Uno de los principales señalados en la causa es Héctor Martínez Sosa, empresario con presuntos vínculos con altos funcionarios y beneficiario de comisiones por operaciones realizadas por dependencias estatales. La investigación intenta determinar si su participación fue facilitada por decisiones políticas deliberadas o por falta de control administrativo.
Fernández, en su defensa, remarcó que no tuvo relación personal ni profesional con Martínez Sosa, y que las operaciones realizadas por Nación Seguros fueron auditadas y no presentaron observaciones formales durante su mandato.
Pese a esto, Casanello evalúa si existen elementos suficientes para avanzar con un procesamiento. La causa había sido impulsada por la fiscalía a fines de 2023, y en marzo de este año la Cámara Federal había revocado la inhibición general de bienes sobre el exmandatario, aunque esa medida podría ser reconsiderada.
El cierre político y judicial del caso aún es incierto. Lo que está en juego no es sólo la figura del expresidente, sino también la legitimidad de decisiones administrativas adoptadas durante su gobierno y su impacto en la transparencia de las contrataciones estatales. La resolución del juez Casanello se espera en los próximos días.
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