Familiares y legisladores acusaron a la jueza Sandra Arroyo Salgado de abuso de poder al detener a cinco militantes K, incluyendo una concejal, por arrojar excremento frente a la casa del diputado José Luis Espert. Aseguran que los hechos fueron tratados como delitos graves y no como contravenciones menores.
Política04 de julio de 2025
Alejandra Larrea
La denuncia contra Arroyo Salgado fue presentada luego de que ordenara los arrestos y allanamientos tras el ataque con excremento ocurrido en la vivienda del diputado libertario José Luis Espert. Los acusadores sostienen que se buscó criminalizar una protesta política, elevando contravenciones a delitos penales, y deprimir a los opositores.
Elemento central de la protesta
El hecho consistió en arrojar excremento y colocar un pasacalle frente al domicilio de Espert el 17 de junio. Se trató de un escrache político callejero que, según la denuncia, debió calificarse como contravención menor y no como una asociación ilícita o delito grave.
Persecución política con sello judicial
Se acusa a la jueza de actuar en coordinación con el Ministerio de Seguridad y la ministra Patricia Bullrich, con el objetivo de detener a militantes como la concejal Eva Mieri y la referente Alesia Abaigar. Todos fueron imputados por cargos “excesivos” como asociación ilícita y amenazas, y trasladados al penal de Ezeiza.
Testimonios de familiares y abogados
Familiares denunciaron detenciones violentas e incomunicaciones iniciales. Hubo allanamientos en domicilios de los detenidos y hasta recreaciones mediante video y fotos para exposición mediática. El contexto fue calificado como “trato cruel” y “ensañamiento judicial” .
Uso extremo de la ley penal
Uno de los abogados planteó que se aplicó sin sentido el artículo 213 bis (asociación ilícita), pese a que el hecho fue un acto de protesta aislado. También cuestionó la aplicación de amenazas y la ley antidiscriminatoria, apelando a la falta de proporcionalidad.
Repudio político y social
Legisladores de la Coalición Cívica y referentes de Unión por la Patria consideraron que el episodio representa un avance del punitivismo y una violación al estado de derecho. La intendenta Mayra Mendoza sostuvo que se trata de “un atropello” y una muestra de represión con motivación política.
La denuncia sostiene que Arroyo Salgado utilizó la justicia penal para criminalizar una protesta menor, con detenciones implacables y cargos desmedidos. La causa plantea una pregunta clave: ¿hasta qué punto la judicialización de conflictos políticos refleja persecución o defensa del orden público?
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