Alejandra Larrea
Lo que empezó como una filtración ruidosa derivó en una causa judicial de alto voltaje que atraviesa la gestión de medicamentos, contratos públicos y nombres propios que orbitan la Casa Rosada. En el corazón del caso aparece Diego Spagnuolo, abogado de confianza del oficialismo y ya desplazado de la ANDIS, un organismo clave que gestiona prestaciones para uno de los sectores más vulnerables.
A su alrededor, la escena se puebla de medidas de prueba, teléfonos secuestrados, oficinas allanadas y un hilo conductor que conduce a proveedores del Estado. El nombre de la Droguería Suizo Argentina –empresa histórica del rubro– se sumó a la historia, así como referencias a dirigentes de primera línea. Con el expediente bajo secreto de sumario, cada dato confirmado empuja más fuerte la puerta de un escándalo que crece por horas.
La caída de Diego Spagnuolo fue inmediata tras la difusión de audios atribuidos a su voz en los que describe un esquema de recaudación ilegal vinculado a la compra de medicamentos y servicios. Su salida del cargo no frenó la pelota: la Justicia federal activó un paquete de medidas que incluyó la irrupción en dependencias públicas y privadas, la incautación de dispositivos y documentación, y la imposición de restricciones migratorias a los principales investigados. En paralelo, el organismo fue puesto bajo tutela y se anunció una auditoría integral, en una señal de control de daños que no alcanzó para cerrar la controversia.
¿Dónde está hoy Spagnuolo? Ubicado y notificado, sin detención preventiva, quedó sujeto a la causa: le incautaron el celular, computadoras y papeles de interés para los peritajes, y tiene prohibición de salir del país mientras avanza la instrucción. Su situación procesal es delicada: el expediente investiga si existió cohecho y administración fraudulenta, con la figura de asociación ilícita como una hipótesis en evaluación. Del otro lado del mostrador, dentro de la ANDIS también fue desplazada la línea de acceso a servicios de salud, otro punto neurálgico de la gestión.
La ruta del dinero abrió su propio capítulo. La lupa se posó sobre la Droguería Suizo Argentina, un proveedor de larga data en el sistema sanitario, a partir de la sospecha de que habría operado como pieza de un mecanismo de sobrefacturación y retornos. Las medidas de fuerza arrojaron hallazgos concretos: dinero en efectivo incautado, documentación contable y teléfonos que ahora pasan al tamiz de la pericia. La empresa, controlada por la familia Kovalivker, arrastra una historia de contratos con el Estado y, en los últimos años, protagonizó adjudicaciones de alto monto en compras de fármacos oncológicos y de alto costo. En el expediente actual, la pregunta clave no es si vendió al sector público –algo habitual en su negocio–, sino si parte de ese flujo se desvió como peaje.
La política irrumpe cuando se mencionan apellidos pesados. Los audios atribuidos a Spagnuolo aluden a un supuesto “porcentaje” que habría escalado de manera discrecional y que, según su versión, se canalizaba a través de la cadena de proveedores. En esa trama aparecen referenciados Eduardo “Lule” Menem –hombre de máxima confianza en la Secretaría General– y antecedentes de vínculos comerciales que rozan a Martín Menem mediante sociedades privadas del rubro, un mapa que ya había sido materia de denuncias previas y que ahora resurge bajo una nueva luz. El nexo “suizo” no alude a un laboratorio extranjero, sino a la firma de capitales argentinos con ese nombre, ubicada en el corazón del negocio local de distribución farmacéutica.
El impacto institucional es doble. Por un lado, el golpe sobre la ANDIS, que administra pensiones, coberturas y traslados para personas con discapacidad: la parálisis que generan los allanamientos, el reordenamiento de áreas y el miedo a la firma amenazan la continuidad de expedientes sensibles. Por otro, el boomerang sobre el oficialismo, que en la misma semana lidió con el revés parlamentario por la emergencia en discapacidad y ahora enfrenta el costo de un caso de corrupción en el área que debía proteger.
Victoria Villarruel salió a marcar posición en medio del vendaval. Admitió que el momento es “difícil y confuso”, y se aferró a su rol institucional en el Senado para tomar distancia de las maniobras bajo investigación. La vicepresidenta también protagonizó un cruce público con referentes opositores en redes, un gesto que exhibe la temperatura del clima político: cada declaración se lee como un movimiento en una partida de alto riesgo. En la Casa Rosada, mientras tanto, eligieron el silencio habilidoso: se apartó “preventivamente” a Spagnuolo, se intervino el organismo y se prometieron auditorías, sin entrar a desmentir –con precisión– el contenido de las grabaciones.
La oposición, en modo ofensiva, olfateó una oportunidad y la aprovechó. Desde sectores peronistas y federales hasta espacios liberales no oficialistas, se multiplicaron los pedidos de interpelación, sesiones informativas y activación de la Oficina Anticorrupción. Se habla de “caiga quien caiga” y de preservar los peritajes digitales; se reclama que los involucrados entreguen sus dispositivos y que el Congreso recupere su potestad de control. A esa presión política se suma la judicial: el juzgado y la fiscalía trabajan bajo secreto, con la mira puesta en seguir la traza de los mensajes, cruzar agendas y cuentas, y reconstruir la ingeniería de las contrataciones.
El capítulo financiero abre otra veta: si se confirma la existencia de “peajes”, ¿cómo se fijaban los precios, cómo se distribuían los porcentajes y dónde terminaba el efectivo? Las primeras pistas apuntan a contactos fluidos entre prestadores, distribuidores y funcionarios, con un jargon interno que hablaba de “el cinco que ahora es ocho” como si se tratara de un ajuste de tarifa. La fortaleza probatoria de esas frases dependerá de su anclaje en papeles, chats y movimientos bancarios; por ahora, la música de la causa es la de las pericias en curso.
Para el Gobierno, el daño es político antes que judicial: el caso golpea en un área moralmente sensible, erosiona el discurso de austeridad y alimenta el relato de una “caja” paralela. Para la oposición, el riesgo es sobreactuar sin evidencia firme: si el expediente no consolida la acusación, el boomerang puede invertirse. En el medio, miles de familias aguardan que la burocracia vuelva a funcionar y que el escándalo no corte la cadena de prestaciones.
La historia de la ANDIS deja, por ahora, un saldo nítido: un funcionario eyectado y bajo investigación, una droguería en el centro de la escena, teléfonos y papeles camino al laboratorio pericial, un organismo clave intervenido y una política que se mira en el espejo incómodo de la corrupción. El resto lo definirá la prueba: si los audios se sostienen en documentos y cifras, el caso escalará hasta donde llegue la responsabilidad. Si no, quedará como una combustión que quemó reputaciones y paralizó estructuras. En cualquiera de los dos escenarios, la moraleja es la misma: cuando el sistema que debe cuidar a los más vulnerables se vuelve un botín, lo que se rompe no es una oficina; es la confianza de toda una sociedad.
