El Presidente anunció una regla permanente para impedir que la administración nacional mantenga déficits durante varios meses. Si el Congreso no recompone las cuentas dentro de un plazo todavía no precisado, se paralizarían actividades públicas, se congelarían gastos y contratos y dejarían de cobrar las máximas autoridades. La propuesta promete que el costo recaiga sobre la política, pero podría afectar servicios, trabajadores, proveedores y provincias.