De Colombia y Venezuela a cárceles y hoteles en África: el negocio detrás de las deportaciones de Trump

Durante décadas, la palabra “deportación” parecía describir un procedimiento relativamente sencillo: un ciudadano extranjero era expulsado de Estados Unidos y enviado nuevamente al país del que era ciudadano. La segunda administración de Donald Trump llevó esa lógica un paso más allá. Desde 2025, Washington comenzó a construir una red de acuerdos con gobiernos extranjeros para enviar migrantes a “terceros países”, es decir, naciones de las que los deportados no son ciudadanos y en las que, muchas veces, jamás habían vivido. Así, colombianos pueden terminar en la República Democrática del Congo, venezolanos en Liberia, cubanos en Esuatini y personas provenientes de América Latina, Asia o Medio Oriente en países africanos situados a miles de kilómetros de sus familias. Organizaciones que monitorean el sistema calculan que, entre enero de 2025 y agosto de 2026, más de 23.000 personas fueron trasladadas a países distintos de los suyos, aunque no todas fueron enviadas a África.

El mecanismo responde a un problema práctico de la política migratoria estadounidense. No siempre es posible devolver a una persona a su país de origen. Algunas naciones se niegan a recibirla; otras no tienen relaciones diplomáticas fluidas con Washington; y existen inmigrantes que obtuvieron protección judicial porque demostraron que regresar a su país podría exponerlos a persecución, prisión o tortura. En esas situaciones, la administración Trump comenzó a buscar un destino alternativo. Después de una serie de disputas judiciales, el Gobierno amplió las expulsiones hacia terceros países, siempre bajo la premisa de que el Estado receptor ofrezca determinadas garantías contra la persecución o los malos tratos. Los defensores de derechos humanos cuestionan si esas garantías son suficientes y denuncian problemas de acceso a abogados, escasa información previa y riesgo de nuevas expulsiones.

Los casos latinoamericanos permiten observar hasta dónde llega la política. En abril de 2026, 15 latinoamericanos fueron trasladados desde Estados Unidos hasta la República Democrática del Congo, entre ellos ciudadanos colombianos. Algunos aseguraron que supieron poco antes del viaje que terminarían en África y que fueron trasladados esposados. El acuerdo firmado con Kinshasa preveía que el país africano los recibiera temporalmente mientras se determinaba cuál sería su destino definitivo. La particularidad económica era evidente: según la información conocida sobre el convenio, Washington pagaba los costos del programa.

Liberia se convirtió después en uno de los ejemplos más ambiciosos. En agosto, el Gobierno de Joseph Boakai aceptó recibir hasta 1.200 deportados de terceros países durante un año. Los primeros grupos incluían personas procedentes de países africanos y del hemisferio occidental. Entre quienes terminaron allí hubo latinoamericanos que declararon no conocer prácticamente nada de Liberia antes de que agentes de inmigración les informaran que ese sería su destino. EL PAÍS entrevistó, por ejemplo, a un venezolano que llevaba cinco años viviendo y trabajando en Estados Unidos y que afirmó haber descubierto apenas horas antes del vuelo que sería enviado al país africano.

Pero ¿por qué Liberia acepta? Allí comienza la segunda parte de la historia. Poco antes y durante la profundización de esta cooperación, Estados Unidos anunció una inversión de 124 millones de dólares para el sector sanitario liberiano, además de otras medidas destinadas a estrechar la relación bilateral. Washington también había anunciado extensiones vinculadas con visas. No existe necesariamente una cláusula pública que permita decir que cada dólar de esa inversión sea un “pago por migrante”, pero la sucesión de acuerdos permite observar cómo la negociación migratoria queda integrada dentro de una relación económica y diplomática más amplia.

En otros casos la compensación fue mucho más directa. Esuatini, la pequeña monarquía del sur de África anteriormente conocida como Suazilandia, firmó un acuerdo por 5,1 millones de dólares para recibir deportados enviados por Estados Unidos. Allí llegaron personas de múltiples nacionalidades y varios fueron alojados en el complejo penitenciario de Matsapha. En julio de 2026, un nuevo grupo elevó a 29 el número de deportados recibidos por el país bajo ese esquema. Reuters informó que sólo una pequeña parte había podido ser posteriormente enviada a su lugar de origen o a otro destino.

El dinero ayuda a explicar por qué países relativamente pobres aceptan participar. Una investigación citada por AP estimó que Washington había gastado más de 40 millones de dólares para trasladar a alrededor de 300 personas a terceros países, una cifra extraordinariamente elevada si se calcula el costo promedio por deportado. En el caso de los primeros acuerdos africanos, un cálculo del Congreso estadounidense mencionado por EL PAÍS situaba el promedio en más de 130.000 dólares por persona trasladada. Es importante aclarar que esos montos no equivalen necesariamente a un cheque entregado íntegramente al Gobierno receptor: pueden incluir vuelos, seguridad, alojamiento, manutención, infraestructura y otros gastos asociados.

A medida que el programa se expandió aparecieron nuevos destinos. Estados Unidos alcanzó acuerdos o entendimientos con Sudán del Sur, Ruanda, Esuatini, Ghana, Uganda, Camerún, Guinea Ecuatorial, Liberia, República Democrática del Congo, República Centroafricana y Sierra Leona, entre otros. Algunos países reciben apenas grupos pequeños; otros aceptaron contingentes mucho mayores. También existen acuerdos fuera de África. Durante los primeros meses de la política se utilizaron países como Panamá y Costa Rica, mientras Washington negociaba con gobiernos de América Latina y otras regiones para aumentar la cantidad de destinos disponibles.

¿Por qué Estados Unidos paga tanto? Porque el objetivo no es simplemente trasladar a una persona. Washington compra, en términos prácticos, capacidad de deportación. Si un inmigrante no puede ser enviado a Venezuela, Cuba, China, Afganistán u otro país determinado, la existencia de una red de terceros Estados evita que quede indefinidamente bajo custodia estadounidense o que deba ser liberado. Cuantos más países acepten deportados, mayor es la capacidad del Gobierno para ejecutar órdenes de expulsión. Esa cuestión se volvió particularmente importante en 2026: Reuters informó que las detenciones de ICE llegaron a casi 51.000 solamente en agosto, mientras las deportaciones se estabilizaron alrededor de 1.200 por día debido precisamente a obstáculos legales, capacidad limitada de vuelos y dificultades para encontrar países receptores.

Los países receptores, por su parte, pueden obtener cuatro tipos principales de beneficios. El primero es dinero directo: acuerdos como el de Esuatini muestran que existe un precio concreto por aceptar deportados. El segundo es que Estados Unidos puede pagar todos o buena parte de los costos de alojamiento, transporte y manutención. El tercero es cooperación económica adicional: inversión sanitaria, ayuda para infraestructura, seguridad o desarrollo. Y el cuarto es quizá menos visible pero igualmente importante: capital diplomático. Un gobierno pequeño que acepta resolver un problema prioritario para Washington obtiene un canal directo de negociación con la mayor potencia del mundo y puede utilizar esa cooperación para discutir visas, comercio, asistencia militar, sanciones o reconocimiento político. Los términos exactos varían de país en país y, debido a que muchos acuerdos son confidenciales, no siempre puede establecerse públicamente qué recibió cada gobierno.

Para países con recursos fiscales escasos, incluso algunos pocos millones de dólares pueden ser significativos. Esuatini tiene una población de poco más de un millón de habitantes; Liberia es uno de los Estados con menores ingresos del mundo; Sudán del Sur atraviesa una crisis económica y humanitaria prolongada. Recibir grupos relativamente pequeños de extranjeros a cambio de financiamiento estadounidense puede convertirse para sus gobiernos en una fuente de recursos y, sobre todo, en una vía para fortalecer la relación con Washington. Esa asimetría también alimenta las críticas: organizaciones humanitarias argumentan que Estados Unidos está utilizando su poder económico para trasladar parte del costo político, jurídico y humano de su política migratoria a países mucho más pobres.

El problema es lo que ocurre con la persona una vez que baja del avión. Algunos deportados quedan alojados en hoteles mientras se busca un destino definitivo. Otros terminan detenidos. Algunos obtienen permisos temporales; otros permanecen en un limbo administrativo porque el país receptor no les reconoce un estatus migratorio estable. En Esuatini hubo deportados recluidos en prisión. En Guinea Ecuatorial, Reuters informó recientemente que un ciudadano egipcio enviado desde Estados Unidos fue detenido después de denunciar públicamente el trato recibido por parte de las fuerzas locales. Organizaciones de derechos humanos sostienen que estas situaciones demuestran que las garantías prometidas por algunos Estados receptores son difíciles de supervisar desde Washington.

Existe además una paradoja jurídica. Algunos de quienes son enviados a terceros países tienen precisamente una protección que impide deportarlos a su nación de origen porque un tribunal estadounidense consideró que allí podrían ser perseguidos o torturados. Estados Unidos evita formalmente devolverlos directamente a ese lugar, pero los envía a un tercer Estado. El problema aparece cuando ese tercer país intenta posteriormente repatriarlos. Abogados y organizaciones humanitarias denuncian que de esa manera puede producirse una devolución indirecta al mismo territorio del que un tribunal estadounidense había decidido protegerlos.

También hay una cuestión política más profunda. Para la administración Trump, la posibilidad de enviar personas a África, Centroamérica o cualquier otro tercer territorio funciona como una señal disuasoria. Si ingresar irregularmente a Estados Unidos ya no implica necesariamente el riesgo de regresar simplemente al país de origen, sino que puede terminar con una persona viviendo indefinidamente en una nación situada al otro lado del mundo, el costo percibido de migrar aumenta. Los críticos consideran que esa incertidumbre forma parte deliberada de la política. El Gobierno estadounidense, por su parte, la presenta como una herramienta para hacer efectivas las órdenes migratorias cuando los países de origen no cooperan o cuando la devolución directa resulta imposible.

Los números muestran que ya no se trata de un experimento marginal. Según Human Rights First y Refugees International, entre enero de 2025 y agosto de 2026 Estados Unidos había alcanzado acuerdos de traslado con más de 35 países de África, Asia y América, y más de 23.000 personas habían sido enviadas a 26 Estados distintos. Más de 300 habían terminado específicamente en 14 países africanos. Esas estimaciones proceden de organizaciones no gubernamentales y no equivalen a un registro oficial completo, pero muestran la escala adquirida por el programa.

Así aparece una nueva economía política de la deportación. Estados Unidos tiene personas que quiere expulsar pero destinos que no siempre puede utilizar. Algunos gobiernos africanos tienen necesidad de recursos, inversiones o mejores relaciones con Washington. Los acuerdos de terceros países conectan esas dos necesidades. Estados Unidos consigue un lugar donde enviar migrantes; los gobiernos receptores obtienen dinero, financiamiento, cooperación o influencia diplomática. En el medio quedan personas que pueden terminar a miles de kilómetros de su familia, en países cuya lengua, cultura y sistema jurídico desconocen y sin saber necesariamente si su llegada es el comienzo de una nueva vida, una escala antes de otra deportación o simplemente una espera indefinida.

Por eso, cuando un venezolano, un colombiano o un cubano detenido por ICE termina en Liberia, Congo o Esuatini, no alcanza con preguntarse por qué Estados Unidos lo envió allí. La segunda pregunta —y probablemente la que mejor permite comprender todo el sistema— es qué obtiene el país que acepta recibirlo. La respuesta varía en cada acuerdo, pero el patrón empieza a ser visible: dinero, gastos cubiertos por Washington, cooperación económica y una relación más valiosa con la Casa Blanca. La política migratoria estadounidense comenzó así a convertirse también en una moneda de negociación internacional.