Balance del Gobierno de Javier Milei (Dic 2023 – Jun 2025)

Introducción

Javier Milei asumió la presidencia de Argentina en diciembre de 2023 en medio de una crisis económica aguda, caracterizada por inflación descontrolada, brechas cambiarias y deterioro social. Desde el primer día proclamó “no hay plata” en las arcas públicas y prometió aplicar un drástico programa de ajuste –simbolizado por su “motosierra”– para eliminar el déficit fiscal y domar la inflación. Sus políticas económicas se inspiran en ideas libertarias: reducción al mínimo del Estado, libre mercado cambiario y hasta la discusión de una eventual dolarización total. Tras 18 meses de gobierno, los resultados reales de estas medidas comienzan a ser evidentes en los indicadores económicos y en la vida cotidiana de los argentinos.

El presente informe analiza en profundidad el desempeño económico y social de Argentina bajo el gobierno de Milei, desde diciembre de 2023 hasta junio de 2025. Se presentan datos actualizados y verificables sobre los principales indicadores económicos –inflación, dólar, reservas internacionales, crecimiento, déficit fiscal, empleo, pobreza, consumo, industria, entre otros– junto con un análisis del impacto social más amplio en áreas como salud, educación, vivienda, seguridad y calidad de vida. Se incluyen gráficos y tablas para mostrar la evolución temporal de estos indicadores. La estructura del informe separa los resultados económicos de los sociales, culminando con conclusiones sobre cómo las políticas de Milei han afectado concretamente la vida de los argentinos.

Desempeño de los Indicadores Económicos Clave

La estrategia económica de Milei combinó ajuste fiscal, política monetaria estricta y cambios radicales en el régimen cambiario. Los primeros meses de 2024 fueron de shock: una maxidevaluación inicial y quita de subsidios dispararon los precios, pero luego la inflación empezó a ceder aceleradamente. Mientras tanto, el gobierno recortó el gasto público a niveles históricos para lograr el déficit cero, lo cual contrajo la actividad económica en 2024. A continuación, se examinan los indicadores macroeconómicos principales y su evolución en este periodo.

Inflación y Política Monetaria

La inflación dio un giro dramático bajo el gobierno de Milei. En diciembre de 2023, Argentina rozaba la hiperinflación: ese mes los precios saltaron un +25,5% (mensual) tras la devaluación post-electoral, alcanzando una inflación anual que superaba el 165%. Sin embargo, a partir de enero de 2024 la tasa inflacionaria inició una rápida desaceleración. El Banco Central, bajo el nuevo esquema, dejó de financiar el Tesoro con emisión monetaria, y la fuerte contracción del gasto redujo la demanda de pesos. Durante el primer semestre de 2024 la inflación mensual cayó mes a mes: 20,6% en enero, 13,2% en febrero, 11% en marzo, 8,8% en abril y 4,2% en mayo de 2024. Para junio de 2024, la inflación mensual se estabilizó en torno al 4-5%, muy por debajo de los picos previos, aunque todavía alta en términos internacionales. La inflación acumulada del primer semestre de 2024 fue 79,8%, y la interanual a junio llegó a 271,5%, reflejando el arrastre de la espiral de 2023. A partir de allí, con políticas monetarias contractivas sostenidas, la inflación siguió cediendo: a fines de 2024 la suba de precios interanual ya se estimaba en torno al 120%, y entrado 2025 la tendencia bajista se acentuó. En mayo de 2025 el IPC nacional subió solo 1,5%, la cifra mensual más baja desde 2020, llevando la inflación interanual a 43,5%, la más baja en cinco años. El siguiente gráfico ilustra la abrupta caída de la tasa de inflación mensual durante este periodo:

 
 Evolución de la inflación mensual en Argentina (Dic 2023 a May 2025). Se observa el pico inflacionario al inicio del gobierno de Milei y la posterior desaceleración hasta niveles bajos en 2025.

Esta desinflación notable se logró a costa de una severa recesión y pérdida inicial de poder adquisitivo. En los primeros meses de 2024, muchos precios se realinearon bruscamente (ej. tarifas y dólar), generando una suba generalizada del nivel de precios que empobreció a la población en el corto plazo. Si bien luego la inflación se moderó, el costo de vida quedó mucho más alto: para mediados de 2025, el acumulado de precios desde la asunción de Milei supera el 150%. Los salarios tardaron en reaccionar y, aunque hubo cierta recuperación real hacia fines de 2024, el bolsillo de las familias aún siente el golpe. En síntesis, Milei logró aniquilar la inflación galopante, pasando de un régimen de 10-20% mensual a uno de 2-3% mensual (e incluso menos recientemente). Esto se atribuye a la disciplina monetaria y fiscal: no emisión para financiar déficit, altas tasas de interés reales positivas y un ancla cambiaria. No obstante, la percepción popular es mixta: las estadísticas muestran que la inflación “murió” gradualmente, pero muchos argentinos todavía sienten que los precios siguen subiendo o que su sueldo no rinde, dado que la reducción inflacionaria vino acompañada de tarifazos y caída inicial de ingresos reales.

Tipo de Cambio y Reservas Internacionales

Una de las primeras y más impactantes medidas de Milei fue la liberalización del mercado cambiario. El nuevo gobierno eliminó el rígido cepo cambiario vigente, unificando los múltiples tipos de cambio. Esto implicó una maxidevaluación del peso a comienzos de 2024: el dólar oficial, que se había mantenido artificialmente en ~$350 ARS bajo la gestión previa, saltó a cerca de $1.000 ARS en el mercado único al instaurarse la flotación limpia. Este fogonazo inicial (que disparó la inflación de diciembre 2023) fue seguido por una sorprendente estabilidad: durante 2024 y principios de 2025 el dólar se mantuvo “calmo” en la banda de $1.000–1.200 ARS. Para junio de 2025 el tipo de cambio oficial ronda los $1.180 ARS por USD, prácticamente sin brecha con el mercado paralelo (dólar blue), señal de que la unificación cambiaria fue exitosa en reducir la especulación. El gobierno celebró tener un “dólar calmo” como ancla nominal para ayudar a frenar la inflación.

Sin embargo, detrás de esta estabilidad cambiaria hay factores extraordinarios. La paz del dólar se logró a costa de las reservas internacionales: el Banco Central (BCRA) tuvo que sostener oferta de divisas y absorber pesos, en un contexto en el que las reservas netas eran negativas al inicio de 2024. Argentina encaró este proceso prácticamente sin “colchón” de dólares; de hecho, las reservas netas estaban alrededor de -7.500 millones USD a mediados de 2025, señalando que el país debe dólares más de los que tiene. Para evitar una devaluación mayor, el gobierno de Milei contrajo cuantiosas deudas en moneda extranjera. En abril de 2025 negoció un nuevo desembolso de 20.000 millones USD con el FMI, sumándose al mega-préstamo en curso desde 2018, con lo cual Argentina se convirtió en el principal deudor del organismo con casi 64.000 millones USD pendientes. Además, el Ministerio de Economía (a cargo de Luis “Toto” Caputo) emitió bonos en dólares por miles de millones para atraer capitales de corto plazo (fondos especulativos) con tasas altísimas, e incluso concretó acuerdos repo con bancos extranjeros poniendo bonos y otros activos en garantía. Estas maniobras incrementaron las reservas brutas (alcanzaron unos 38.800 millones USD en 2025, cifra contable) pero también la deuda. Pese a todo, las reservas netas se mantienen en rojo, incumpliendo las metas acordadas: a junio de 2025 Argentina estaba lejos de acumular los dólares pactados con el FMI (debía sumar ~$5.000 millones en una semana para llegar al objetivo, algo virtualmente imposible). En respuesta, Milei declaró polémicamente que “no hay necesidad de acumular reservas” bajo un esquema de libre flotación, argumentando que si el tipo de cambio es totalmente de mercado, el BCRA no debería intervenir (y por tanto no requeriría reservas).

Este razonamiento no ortodoxo generó preocupación entre analistas, ya que en la práctica la confianza en la moneda y la solvencia externa sí importan: la ausencia de reservas deja a la economía expuesta a shocks cambiarios y eleva el riesgo país. De hecho, el riesgo país argentino se mantiene elevado (en el orden de 600-700 puntos básicos en 2025), reflejando que los inversores internacionales aún ven al país con desconfianza pese al ajuste fiscal. En resumen, el gobierno Milei logró estabilizar el dólar nominal –un logro importante tras años de devaluaciones constantes– pero tuvo que endeudarse fuertemente y tolerar tasas de interés altísimas para lograrlo. El plan original de dolarización total (reemplazar el peso por el dólar al estilo Ecuador), muy publicitado en campaña, no se implementó en lo inmediato. En cambio, la estrategia viró a intentar “blanquear” los dólares informales que los argentinos atesoran fuera del sistema financiero (se estima en torno a 200 mil millones USD “bajo el colchón”). Milei ofreció amnistías impositivas y regulaciones flexibles para que esos dólares ingresen al circuito formal voluntariamente. El objetivo de fondo es reforzar las reservas internacionales y la base monetaria en divisa sin endeudarse más, a la vez que estimular el consumo interno con ese ahorro dormido. No obstante, hasta mitad de 2025 los resultados de este blanqueo fueron modestos, pues persiste la desconfianza y muchos prefieren seguir guardando sus ahorros fuera del alcance estatal.

Equilibrio Fiscal y Deuda Pública

Milei heredó un déficit fiscal elevado (en 2023 el déficit primario rondó 3,5% del PBI, y el financiero cerca del 6% del PBI) y lo convirtió en el eje central de su plan económico. Con su consigna de “déficit cero”, emprendió el mayor ajuste del gasto público en 65 años. En apenas un año, el gasto primario del Estado nacional se redujo alrededor de 30% en términos reales (ajustado por inflación). Esta poda histórica se consiguió mediante múltiples acciones: eliminación de ministerios, despido masivo de empleados públicos, suspensión de obras, recorte de transferencias a provincias, y fuertes reducciones en educación, salud, ciencia, programas sociales y subsidios económicos. Por otro lado, Milei protegió y hasta incrementó partidas de seguridad y defensa, alineado con su visión de un Estado mínimo enfocado solo en orden interno y fronteras.

Los números fiscales muestran un giro notable. En el primer trimestre de 2024, Argentina registró un pequeño superávit primario, algo inédito en años, logrado en parte gracias a la “licuadora” inflacionaria sobre partidas como jubilaciones (se actualizó por inflación pero omitiendo deliberadamente la alta inflación de enero 2024, lo que redujo el aumento real de haberes y ahorró recursos). A lo largo de 2024, el déficit fiscal primario prácticamente se anuló, cumpliendo la promesa de Milei de no gastar más de lo que ingresa. De hecho, el Presupuesto 2025 presentado por el Gobierno proyecta un resultado ligeramente superavitario para el sector público nacional, con un superávit primario estimado en 1,3% del PBI. Esto significaría que, excluyendo el pago de intereses, el Estado recaudaría más de lo que gasta –un fuerte contraste con el desequilibrio crónico de décadas.

Ahora bien, el costo del ajuste fiscal ha sido significativo en términos sociales y de crecimiento (detallado más adelante). Además, el endeudamiento público aumentó en el corto plazo. Si bien se frenó la emisión monetaria, el Tesoro debió recurrir a deuda en pesos y sobre todo en dólares para cubrir vencimientos e intervenciones cambiarias. La deuda bruta del Estado consolidado subió por los nuevos préstamos del FMI y bonos colocados. En particular, la estrategia de Caputo de emitir deuda atractiva para capitales extranjeros a altísimas tasas (ej. bonos a un año con tasa superior al 10% en USD) está creando una “bola de nieve” de deuda de corto plazo. Muchos economistas advierten que se está gestando una bomba de tiempo: cuando esos fondos especulativos quieran retirarse, el Estado enfrentará pagos elevados y podría haber presiones devaluatorias si no hay suficientes reservas para responder. Por ahora, la apuesta oficial es que para entonces Argentina ya habrá recuperado acceso a los mercados voluntarios internacionales en 2025, refinanciando pasivos a plazos más largos gracias a la baja del riesgo país que traería la estabilidad. Esto está por verse; mientras tanto, la carga de intereses de la deuda se incrementó, restando recursos para otras áreas.

En la siguiente tabla se resumen algunos indicadores económicos clave antes de la asunción de Milei (2023) y tras su primer año de gobierno (finales de 2024), para dimensionar los cambios mencionados:

Actividad Económica, Consumo e Industria

El programa de estabilización tuvo un fuerte impacto recesivo en 2024, seguido de indicios de recuperación en 2025. La abrupta contracción del gasto público y la caída inicial de salarios reales enfriaron la demanda interna, llevando a la economía argentina a una recesión en el primer año de Milei. El Producto Interno Bruto cayó aproximadamente -1,7% en 2024 (ligeramente peor que el -1,6% de 2023). Especialmente en el primer trimestre de 2024 se sintió la brusca desaceleración: muchos hablan de un “ajuste shock”. Hacia fines de 2024, sin embargo, la situación empezó a estabilizarse y algunas variables repuntaron ligeramente. En el primer trimestre de 2025 el nivel de actividad mostró un crecimiento interanual de alrededor de 6%, aunque en buena medida debido al efecto estadístico de comparar contra el piso recesivo del año anterior. Organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial proyectan un rebote del PBI de ~5-5,5% en 2025, apoyado en la consolidación de la estabilidad macro y cierta recuperación del poder adquisitivo.

Ahora bien, el desempeño económico ha sido dispar según el sector. Los sectores orientados a la exportación tuvieron un mejor panorama en 2024-25, mientras que los sectores dependientes del mercado interno sufrieron. Por ejemplo, gracias al nuevo tipo de cambio unificado y competitivo, junto con menor inflación doméstica en dólares, las exportaciones mejoraron en volumen. Hubo un superávit comercial récord en 2024 cercano a 19.000 millones USD, dado que las importaciones se desplomaron (por la recesión y la escasez de divisas) y algunas exportaciones repuntaron tras la sequía. La producción agropecuaria, afectada en 2023 por esa sequía histórica, mostró signos de recuperación hacia finales de 2024, impulsando las ventas al exterior. También sectores como la minería (en especial litio) y la energía tuvieron inversiones en marcha que permitieron aumentar la oferta exportable. Un indicador claro: la industria manufacturera creció 4,2% interanual en febrero 2025, traccionada principalmente por ramas exportadoras y por cierta recomposición de stocks una vez que se estabilizaron los precios.

En cambio, las actividades vinculadas al consumo interno vivieron meses difíciles. El comercio minorista cayó (ventas de supermercados, shopping, etc. mostraron disminuciones en volumen durante 2024) porque las familias recortaron gastos ante la pérdida de ingresos reales y el aumento de precios de servicios básicos. La inversión en construcción y obra pública se desplomó: Milei paralizó prácticamente toda la obra estatal (rutas, viviendas, infraestructura) y la construcción privada también se resintió por la recesión y las altísimas tasas de interés. Según la Cámara Argentina de la Construcción, en 2024 se perdieron unos 200.000 empleos en el sector y numerosas obras quedaron inconclusas por falta de fondos. Un relevamiento a comienzos de 2025 indicó que el 69% de las empresas constructoras experimentó una caída interanual de actividad, reflejándose en menor demanda de insumos y mano de obra. La situación tocó fondo a fines de 2024, pero hay cierta esperanza de repunte: el Indicador de Expectativas Construya mostraba a inicios de 2025 un mejor ánimo, con casi la mitad de los empresarios esperando aumentar su actividad en los próximos 12 meses, confiando en la estabilización macro.

En el sector industrial hubo ganadores y perdedores. Las industrias integradas en cadenas globales o beneficiadas por la mejora de competitividad cambiaria (por ejemplo, economías regionales exportadoras, manufacturas de origen agropecuario) lograron sostener o crecer su producción. Por otro lado, industrias orientadas al mercado local y a bienes durables sufrieron por la caída del consumo y la incertidumbre. Un caso emblemático es la industria automotriz: la producción en 2024 tuvo altibajos y empresas como General Motors en Santa Fe suspendieron turnos y personal por la acumulación de stock y la caída de la demanda regional (en Brasil, principal destino, la competencia aumentó y las ventas bajaron). GM llegó a pausar su planta de Alvear por varias semanas y anunció suspensiones mensuales hasta fin de 2025, reflejando la crisis de demanda. Así, mientras algunas fábricas trabajan al 70-80% de capacidad exportando más, otras operan muy por debajo de su potencial por ventas débiles en el mercado interno.

El consumo privado tocó uno de sus peores momentos a mediados de 2024. La población tuvo que reducir gastos y cambiar hábitos de compra. Por ejemplo, se verificó un aumento en la venta de cortes de carne muy económicos (alitas, menudos, carcasa de pollo), que subieron de precio por el salto en la demanda, mientras que el consumo de carnes de primera calidad bajó drásticamente. Un sondeo a fines de 2024 encontró que 8 de cada 10 personas percibían que los precios seguían subiendo y que su capacidad de compra había mermado. Muchas familias recurrieron al endeudamiento (tarjetas de crédito, préstamos informales) para cubrir gastos corrientes, generando una preocupante bola de deudas familiares. Para 2025, con la inflación en descenso y algunas paritarias salariales recuperando terreno, el consumo dejó de caer e incluso muestra leve mejora en rubros selectos (electrodomésticos y materiales de construcción repuntaron ligeramente en ventas a comienzos de 2025, indicio de recomposición). No obstante, el nivel general de consumo aún se encuentra por debajo del de 2019, evidenciando que la calidad de vida media no se ha recuperado plenamente.

Empleo y Salarios

El mercado laboral argentino atravesó la tormenta del ajuste con cierto rezago, mostrando efectos negativos moderados en cuanto a desempleo abierto, pero un fuerte deterioro en la calidad del empleo y los salarios reales. La tasa de desempleo se incrementó ligeramente durante el primer año de Milei: pasó de alrededor de 6,9% en el tercer trimestre 2023 a 6,4% en el cuarto trimestre de 2024 según INDEC. En términos interanuales, la desocupación promedio de 2024 fue 0,7 puntos más alta que la de 2023 (que rondó 5,7% en el primer semestre y subió luego). Sin embargo, hacia fines de 2024 el desempleo volvió a 6,4% y se posicionó como el nivel más bajo desde que asumió Milei. Esto puede parecer contradictorio con la recesión, pero tiene varias explicaciones:

1 - Despidos masivos en el sector público (unas 30.000 bajas de personal estatal a nivel nacional) que en muchos casos no computaron como “desocupados” porque algunos afectados pasaron al sector informal o se retiraron del mercado laboral.

2 - Auge de la informalidad y changas: mucha gente que perdió su empleo formal encontró ocupaciones precarias (trabajos temporales, autoempleo de subsistencia), lo que mantiene baja la tasa de desempleo abierta pero implica peores ingresos y condiciones.

3 - Migración y desaliento: hubo trabajadores que emigraron del país ante la crisis (se ha notado una aceleración en la “fuga de cerebros” de jóvenes calificados, por ejemplo), o personas que dejaron de buscar empleo activamente, saliendo de la estadística laboral.

En resumen, el porcentaje de personas sin trabajo no aumentó de forma dramática, pero el empleo que se mantuvo se volvió más precario y menos remunerador en promedio. La tasa de empleo (proporción de ocupados sobre la población) se mantuvo casi constante (45,7% en 2024 vs 45,9% en 2023), lo cual sugiere que el ajuste afectó más a la productividad y los salarios que al nivel de empleo agregado. De hecho, la foto a fines de 2024 muestra 1,47 millones de desocupados (6,4%), apenas 70.000 más que un año antes, pero un salto enorme en la cantidad de “trabajadores pobres”.

Los salarios reales sufrieron una fuerte caída en los primeros meses de 2024 y luego recuperaron parcialmente. Milei no implementó controles ni congelamientos salariales, pero el shock inflacionario inicial superó por mucho los aumentos de sueldos pactados. Según estimaciones privadas, el poder adquisitivo promedio cayó más de 20% entre diciembre 2023 y julio 2024. Los sectores públicos y aquellos sin fuerte poder sindical fueron los más rezagados. Por ejemplo, docentes, personal de salud y administrativos estatales recibieron incrementos muy por debajo de la inflación (se priorizó ajustar estas masas salariales para lograr el déficit cero). Para fines de 2024 hubo cierta recomposición: gracias a la baja de la inflación, las paritarias de la segunda mitad del año permitieron aumentos nominales que, en algunos casos, le ganaron a la inflación mensual. El resultado es que los salarios privados formales lograron a mediados de 2025 volver a superar en términos reales los niveles de noviembre de 2023 (antes del cambio de gobierno). El propio presidente Milei destacó en junio de 2025 que “hace 11 meses el salario real no para de subir”. No obstante, esta afirmación es relativa: toma como base el piso de mediados de 2024, que fue bajísimo. Comparados con inicios de 2023, los salarios reales siguen por debajo, y la distribución de la recuperación fue desigual.

Un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA sobre clase media reveló que el ingreso necesario para ser considerado de clase media aumentó 125% en el primer año de gobierno, mientras que el salario promedio subió 119%. Es decir, muchos hogares de ingresos medios perdieron posición social, bajando de estrato a pesar de ganar más pesos, porque los costos de mantener un estilo de vida de clase media (especialmente servicios, educación, salud privada, ocio) subieron más que sus sueldos. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires, una familia tipo necesitaba en mayo de 2025 alrededor de $1.868.000 mensuales para ser de clase media, mientras que para no caer bajo la línea de pobreza necesitaba $1.181.000. Si bien los salarios nominales aumentaron, los gastos fijos indispensables (principalmente servicios públicos tras los tarifazos) consumieron una porción mucho mayor del presupuesto familiar, reduciendo el margen para ahorro o consumo discrecional.

En sectores específicos, los sueldos quedaron en niveles críticos. Por ejemplo, en el Hospital Garrahan (pediátrico público de referencia) los trabajadores denunciaban en 2024 que 70% del personal médico cobraba por debajo de la línea de pobreza. Un médico residente ganaba cerca de $600.000 cuando la canasta básica superaba $780.000. Lo mismo ocurrió con docentes y otros empleados públicos nacionales, que recibieron incrementos muy por detrás del IPC (209% de inflación Jan-Sep 2024 vs ajustes salariales mucho menores). Esto generó múltiples protestas y paros sectoriales exigiendo recomposición. Hubo “abrazos simbólicos” a hospitales, tomas de facultades por estudiantes y docentes, y huelgas de trabajadores estatales, reflejando el conflicto distributivo latente. A inicios de 2025, el Gobierno concedió algunos aumentos puntuales y bonos para aplacar la situación en sectores críticos, pero manteniendo la premisa de que el gasto salarial no se dispare.

Impacto Social y Calidad de Vida

Las políticas económicas de Milei no solo modificaron los agregados macro, sino que reconfiguraron aspectos centrales de la sociedad argentina. El brutal ajuste fiscal se tradujo en menos recursos para educación, salud, ciencia, cultura y programas sociales, lo cual tuvo efectos palpables en la prestación de servicios públicos y en la vida diaria. Paralelamente, la seguridad pública y otros ámbitos experimentaron cambios por las prioridades del nuevo gobierno (por ejemplo, enfoque de mano dura en crimen). En esta sección se examina el impacto social más amplio: cómo han afectado las medidas a la pobreza y la desigualdad, a la salud y educación de la población, a las condiciones de vivienda, la seguridad ciudadana y la calidad de vida en general.

Pobreza, Indigencia y Desigualdad
La pobreza en Argentina tuvo movimientos bruscos durante el periodo analizado. La llegada de Milei coincidió con una disparada inflacionaria inicial que erosionó los ingresos de los más vulnerables, llevando la pobreza a picos históricos en poco tiempo. Según el INDEC, en el primer semestre de 2024 la tasa de pobreza saltó a 52,9% de la población, un aumento de más de 11 puntos porcentuales respecto al 41,7% registrado al cierre de 2023. Ese 52,9% implicó que alrededor de 24,9 millones de argentinos cayeron bajo la línea de pobreza a mediados de 2024 –un dato alarmante que no se veía en décadas. La indigencia (personas en extrema pobreza que no cubren la canasta alimentaria) también subió, pasando de 11,9% a 18,1% en ese lapso. Fueron meses muy duros: millones de familias vieron como sus ingresos se pulverizaban frente al costo de los alimentos y servicios, engrosando los cinturones de pobreza urbana.

Sin embargo, el panorama dio otro vuelco en la segunda mitad de 2024. Con la inflación en franca desaceleración y aumentos salariales por encima de los precios en el último tramo del año, muchas familias recuperaron capacidad adquisitiva suficiente para cruzar nuevamente el umbral de pobreza. El gobierno además amplió la cobertura de algunos planes sociales básicos (como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar), reconociendo la emergencia. Así, al cerrar 2024 la pobreza bajó a 38,1%, una caída de casi 15 puntos respecto al pico de mitad de año. En números absolutos, unos 6,9 millones de personas salieron de la pobreza en el segundo semestre de 2024, y dentro de ese grupo 4,64 millones dejaron de ser indigentes, según informó Presidencia sobre datos de INDEC. La indigencia descendió drásticamente a 8,2%, aliviando en parte la situación alimentaria crítica.

En términos netos, la pobreza a junio de 2025 se ubica en torno a los niveles previos a la asunción de Milei o ligeramente por debajo. Es decir, hubo un gran sobresalto pero con efecto parcialmente revertido. Para apreciar visualmente esta dinámica, véase el siguiente gráfico de la tasa de pobreza en distintos períodos recientes:

Tasa de pobreza en Argentina por período: se observa el aumento agudo en el 1° semestre de 2024 y la posterior caída para el 2° semestre de 2024. (S1 = primer semestre, S2 = segundo semestre).}

Aun después de la mejora de fines de 2024, casi 4 de cada 10 argentinos continúan siendo pobres, una proporción altísima para el nivel de desarrollo del país. Además, la pobreza infantil permanece estremecedora: más del 50% de los niños menores de 14 años son pobres. Organismos como la UCA (Observatorio de la Deuda Social) estiman que la pobreza a fines de 2024 quedó en 38-39%, confirmando la estadística oficial, y proyectan que podría seguir descendiendo si la estabilidad continúa. No obstante, persisten focos de mucha vulnerabilidad. Por ejemplo, la pobreza extrema en el norte del país o en conurbanos sigue en dos dígitos, y muchos de los que salieron de la pobreza lo hicieron por márgenes muy estrechos. La desigualdad geográfica se acentuó: regiones como el NOA y NEA mantienen tasas de pobreza superiores al 45%, comparado con ~20% en Ciudad de Buenos Aires.

La desigualdad social tuvo cambios contradictorios. En el pico inflacionario de 2024, la distribución del ingreso probablemente mejoró estadísticamente, ya que la clase media cayó fuertemente (emprobreciéndose) mientras que los sectores más humildes recibieron incrementos de transferencias sociales y quedaron todos igualmente golpeados por la inflación. Pero esto es un espejismo: ser “menos desiguales” por estar casi todos peor no es una mejora real. Con la recuperación de fines de 2024, se observó que algunos sectores pudieron recomponer ingresos (empleados formales privados, principalmente) mientras otros quedaron rezagados (informales, cuentapropistas pequeños, beneficiarios de planes que no se actualizaron). La brecha entre quienes tienen empleo de calidad y quienes sobreviven en la informalidad podría haberse ampliado. Por otro lado, la decisión de Milei de cortar intermediarios en la asistencia social –reduciendo subsidios canalizados por organizaciones sociales– si bien buscó eliminar la “industria de la pobreza”, dejó a ciertos grupos desprotegidos hasta reacomodar mecanismos de ayuda directa.

Un cambio notorio fue la compresión del estrato medio. La clase media argentina, tradicionalmente amplia, sintió el golpe de los tarifazos y la inflación. Muchas familias de profesionales o pequeños empresarios vieron descender su calidad de vida al punto de caer en categoría de “no pobres vulnerables”. Un indicador: en la ciudad de Buenos Aires, el 59% del gasto de los hogares de clase media en 2024 se destinó a servicios básicos (vivienda, transporte, salud, educación), cuando antes era el 49%. Tener menos margen de gasto en otros rubros implica un empeoramiento del bienestar subjetivo, aunque sigan fuera de la pobreza por ingresos.

En síntesis, Milei suele atribuir la bajada de la pobreza a su éxito contra la inflación y el “fin de las políticas asistencialistas fracasadas”. Los datos muestran que, en efecto, la estabilización macro permitió recuperar parte de lo perdido y redujo rápidamente la pobreza desde su pico, lo cual es un logro importante. Pero ese pico fue en buena medida consecuencia de las mismas medidas de shock iniciales. En otras palabras, la pobreza subió por el ajuste y luego bajó por la estabilización posterior. El saldo final hasta 2025 es una pobreza apenas menor que en 2023, pero con la sociedad atravesada por una montaña rusa de penurias en el ínterin. La sostenibilidad de la mejora social dependerá de que ahora la economía pueda crecer con inflación baja, creando empleos formales e ingresos genuinos; de lo contrario, existe el riesgo de estancarse con pobreza estructural alta.

Salud Pública y Bienestar

El sistema de salud argentino sintió de lleno los efectos de la austeridad fiscal de Milei. El presupuesto del Ministerio de Salud (fusionado dentro del nuevo Ministerio de Capital Humano a nivel nacional) sufrió un recorte real en 2024 de alrededor del 28%. Esto se tradujo en menos insumos provistos a hospitales, programas preventivos recortados y salarios muy deprimidos para el personal sanitario público. Como se mencionó, una amplia proporción de médicos y enfermeros estatales quedó con sueldos por debajo de la línea de pobreza, generando protestas en hospitales emblemáticos. Por ejemplo, trabajadores del Hospital Garrahan (principal pediátrico del país) realizaron abrazos simbólicos denunciando salarios indignos y amenazaron con paros, lo que tuvo fuerte repercusión mediática. Situaciones similares se vivieron en hospitales públicos de diversas provincias: falta de insumos básicos, demoras en pagos a proveedores y obras de mejora paralizadas.

Además, las políticas de Milei incluyeron medidas controvertidas como la liberalización de precios de la medicina privada. En los primeros meses de 2024 se eliminó la regulación de aumentos a prepagas y obras sociales, permitiendo que las cuotas de seguros de salud subieran libremente. Esto resultó en incrementos abruptos de las cuotas, que muchas familias de clase media no pudieron afrontar. Se estima que las empresas de medicina prepaga perdieron hasta 10% de sus afiliados en ese periodo, ya sea porque migraron a planes más baratos o directamente rescindieron y volvieron a atenderse en el sistema público. Paradójicamente, luego el gobierno intervino temporalmente para moderar esas subas ante las quejas, pero el daño ya estaba hecho: hospitales públicos y salitas recibieron un aumento de demanda de pacientes que antes estaban cubiertos privadamente. Esto ocurrió justo cuando menos recursos estaban llegando a esos centros por el ajuste. El resultado fue una sobrecarga en hospitales públicos –más turnos, más espera, más escasez de algunos medicamentos gratuitos– en un momento de menor financiamiento. En particular, se señaló el caso de hospitales nacionales especializados (como el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica, o centros de salud mental) que estaban en la mira de “reestructuración” por considerarse poco eficientes en términos de costos. El Ministerio habló de cerrar o reconvertir algunos centros considerados “no rentables”, lo que alarmó a profesionales de la salud y pacientes.

Por otro lado, indicadores sanitarios generales no mostraron cambios drásticos en el corto plazo (no se reportaron por ejemplo aumentos en mortalidad infantil o epidemias fuera de control), pero los expertos advierten que de persistir la desinversión podría haber un deterioro a mediano plazo en la salud pública. Programas de vacunación, prevención de VIH, salud reproductiva, entre otros, enfrentaron recortes. Varias ONGs alertaron que el recorte afectó incluso a campañas de vacunación, y que Argentina corrió riesgo de perder coberturas logradas (aunque afortunadamente no hubo brotes graves durante 2024-25).

En materia de salud mental y políticas de género relacionadas, el gobierno Milei tomó decisiones polémicas: cerró el Ministerio de Mujeres y Diversidad, discontinuó programas de asistencia a víctimas de violencia de género (redujo al mínimo la línea telefónica 144 de ayuda, por ejemplo, y eliminó subsidios de alquiler para mujeres que huyen de situaciones de violencia). Esto, combinado con la crisis económica, puede haber dejado más expuestas a poblaciones vulnerables, aunque las estadísticas de violencia de género mostraron una baja en 2024 (los femicidios reportados cayeron un 14%, de 362 en 2023 a 313 en 2024, dato destacado por el gobierno). Es posible que la reducción de la actividad social en pandemia económica influyera en esa baja, pero organizaciones de mujeres critican la falta de políticas activas y temen retrocesos en derechos (Milei se declara abiertamente anti-aborto y eliminó educación sexual integral de contenidos obligatorios).

En resumen, la salud como derecho sufrió tensiones: más demanda, menos recursos. El personal de salud se encontró “haciendo más con menos”, y hubo riesgo de fuga de profesionales al exterior ante la precarización (como ha pasado con médicos que emigran). La promesa de Milei era mejorar eficiencia eliminando gasto político improductivo; en la práctica, ajustar en salud tiene un límite ya que puede costar vidas. Hacia 2025, el gobierno moderó algunos recortes más extremos tras las protestas, reasignando por ejemplo fondos para insumos críticos y negociando aumentos salariales con algunos gremios hospitalarios. Pero el sector sigue resentido y será un desafío recomponerlo.

Educación, Ciencia y Cultura

La educación pública fue otra área fuertemente golpeada por la “motosierra”. Milei eliminó el Ministerio de Educación nacional al asumir, degradándolo a una secretaría, e inmediatamente implementó recortes presupuestarios masivos. En 2024, los recursos estatales para educación (escuelas, universidades, becas) cayeron alrededor de 40% en términos reales respecto a 2023 –un ajuste gigantesco. Se canceló el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que era un aporte clave de Nación para complementar salarios de maestros provinciales (representaba casi el 80% de las transferencias educativas a provincias). También se suspendieron obras de infraestructura escolar (muchas escuelas quedaron esperando refacciones o ampliaciones), y se recortaron programas como las becas Progresar para estudiantes de bajos recursos (que sufrieron una pérdida del 66% de su valor real entre 2024 y 2025).

Donde más se sintió el ajuste fue en las universidades públicas, que dependen del financiamiento nacional. A comienzos de 2024, el gobierno mantuvo prorrogado el presupuesto 2023 sin actualizarlo por la inflación, cuando ésta rondaba el 290% interanual. Esto dejó a las universidades con fondos nominales muy insuficientes: muchas no podían pagar servicios básicos de luz y gas de sus facultades. Para mediados de año, el sistema universitario se declaró en emergencia. Hubo una movilización masiva de la comunidad académica (estudiantes, docentes, no docentes) en agosto de 2024 reclamando presupuesto. La presión obligó al gobierno a girar fondos adicionales de emergencia para evitar un colapso (de lo contrario algunas universidades amenazaban con cerrar el segundo cuatrimestre). Sin embargo, el conflicto resurgió hacia fines de 2024, esta vez por los salarios universitarios: el Consejo Interuniversitario Nacional advirtió en noviembre que “el 70% de los salarios de docentes y no docentes están por debajo de la línea de pobreza”. El Congreso (dominada la oposición) aprobó una Ley de Financiamiento Universitario para actualizar automáticamente los recursos por inflación, pero Milei la vetó y logró que su veto fuera sostenido. Esto provocó que en muchas universidades continuaran durante 2025 los paros escalonados y protestas, con clases públicas en la calle, tomas pacíficas de facultades y una tensa relación entre rectores y el gobierno nacional.

En el ámbito de la ciencia y tecnología, la situación también fue crítica. La inversión en I+D se derrumbó a mínimos desde el retorno a la democracia (1983). El CONICET –principal organismo de investigación– sufrió congelamiento de ingresos: en todo 2024 no se abrió el cupo de nuevos investigadores (dejando fuera a cientos de doctorados), se despidió al 15% del personal administrativo y se redujo drásticamente el número de becas doctorales y posdoctorales. Asimismo, se paralizó la Agencia Nacional de Promoción Científica, se cerraron programas y se dejaron sin financiamiento proyectos clave en el INTI (tecnología industrial) y la CNEA (energía atómica). Este vaciamiento científico generó preocupación internacional: en marzo de 2025, 68 premios Nobel firmaron una carta abierta a Milei alertando que “el sistema científico argentino se acerca a un precipicio peligroso”. Ya se observan señales de fuga de cerebros: en 2024 hubo un 30% menos de postulantes a carreras de investigador científico respecto al año anterior, reflejando la desmotivación de jóvenes talentos que optan por emigrar o ir al sector privado. Aunque el gobierno argumenta que la ciencia debe ser financiada por el sector privado y enfocada al mercado, a corto plazo la abrupta retirada del Estado dejó laboratorios sin insumos, proyectos detenidos y personal científico en la incertidumbre.

La cultura y los medios públicos no escaparon al ajuste, además teñidos de un cariz ideológico. Milei cerró en marzo de 2024 la agencia de noticias estatal Télam, la más grande del país (800 empleados), acusándola de ser “propaganda”. Fue un cierre sorpresivo de una institución fundada en 1945, que generó despidos masivos de periodistas. También intentó eliminar el Instituto de Cine (INCAA); frente al rechazo del Congreso, aplicó un “vaciamiento”: despidos, suspensión de subsidios a producciones ya aprobadas y cancelación de festivales. Entidades culturales como el Teatro Nacional Cervantes, el Fondo Nacional de las Artes y la Biblioteca Nacional sufrieron recortes de presupuesto, despidos y precarización de sus planteles. Se reportó que museos nacionales pasaron gran parte de 2024 sin siquiera insumos básicos de mantenimiento (en casos extremos, sin papel higiénico, según denunció el sindicato ATE Cultura), ilustrando el nivel de austeridad.

Estas medidas en cultura respondieron no solo a ahorrar dinero sino a la “batalla cultural” que proclama Milei. El presidente se muestra hostil a cierto ámbito cultural e intelectual que identifica con la izquierda (“zurdos”, “casta” cultural suele llamarles). Por eso los recortes, si bien en términos financieros tal vez no eran lo más significativo, tuvieron un fuerte impacto simbólico: mostrar que se castiga a sectores que el gobierno considera ideologizados en contra de su proyecto. Argentina, un país con gran tradición artística y de Derechos Humanos, vivió así un cambio brusco de clima: por ejemplo, el gobierno disolvió la Unidad Especial para la búsqueda de niños desaparecidos durante la dictadura y dejó de financiar a las Abuelas de Plaza de Mayo (histórica organización de DD.HH.), rompiendo un consenso de décadas en política de memoria. Este giro de 180° en derechos humanos –Milei llegó a minimizar los crímenes de la dictadura como “excesos” en vez de un plan sistemático– generó multitudinarias marchas de repudio por parte de organismos de derechos humanos, aunque el gobierno se mantuvo firme en su posición revisionista.

Vivienda y Condiciones Habitacionales

En materia de vivienda, el período estuvo marcado por la paralización de la obra pública y la ausencia de nuevos planes habitacionales a escala nacional. La anterior administración había impulsado programas como “Casa Propia” y proyectos de urbanización en barrios populares; muchos de ellos quedaron en suspenso o avanzaron a cuentagotas una vez que Milei reasignó fondos. El presupuesto de vivienda e infraestructura cayó más de 70%. Las transferencias a provincias para construcción de viviendas sociales prácticamente se cortaron (reducción de 89% en las partidas discrecionales), impactando en provincias pobres que dependían de esos programas (por ejemplo, provincias del norte como Formosa o La Rioja vieron cancelados numerosos proyectos de viviendas). La Cámara de la Construcción estimó que el Estado quedó debiendo unos $400.000 millones a contratistas por obras ya hechas o en curso que se frenaron. Esto no solo afectó empleo (como se mencionó) sino que dejó a miles de familias esperando la entrega de casas terminadas en un 80-90% que se detuvieron.

En el mercado inmobiliario privado, la combinación de alta inflación y luego altísimas tasas de interés complicó el acceso a la vivienda. Los créditos hipotecarios prácticamente desaparecieron (ya venían reducidos desde la crisis UVA de 2019, pero en 2024 directamente ningún banco pudo ofrecer préstamos accesibles con tasas superiores al 100% anual). Así, comprar una vivienda quedó reservado a ahorristas con dólares cash. El valor de los alquileres siguió la inercia inflacionaria: muchos inquilinos sufrieron aumentos semestrales muy elevados hasta que la inflación bajó. Para colmo, Milei derogó en 2024 la ley de alquileres vigente (que establecía contratos a 3 años y ajustes anuales) por considerarla intervencionista. Se volvió al esquema anterior con ajustes más frecuentes, lo cual en la transición generó cierta confusión y tensiones entre propietarios e inquilinos. En síntesis, el déficit habitacional (ya sea gente sin vivienda digna o gastando más del 40% de sus ingresos en vivienda) probablemente se agravó ligeramente, aunque no hay cifras oficiales recientes. En las villas y asentamientos, las organizaciones barriales denunciaron que la quita de apoyo estatal (como los alimentos a comedores comunitarios, mencionada luego) y la falta de obras de urbanización frenó mejoras en esas comunidades.

Por otro lado, la inflación más baja de 2025 podría estabilizar un poco el mercado: al moderarse los aumentos, algunos propietarios recuperaron confianza para poner propiedades en alquiler. Sin embargo, la situación de vivienda sigue siendo crítica para muchos, con sobrecarga en las ciudades principales (Buenos Aires, Córdoba) y familias hacinadas sin posibilidad cercana de acceso a casa propia.

Seguridad Ciudadana y Orden Público

La seguridad fue una de las áreas en que Milei no escatimó recursos e incluso priorizó. Los ministerios de Seguridad y Defensa tuvieron recortes menores (22% y 16% respectivamente, por debajo de la media de ajuste) y recibieron equipamiento significativo: el Gobierno compró 24 cazas F-16 a Dinamarca por 301 millones USD (tras acuerdo con EE.UU.) y anunció la suba del gasto en defensa del 0,8% al 1,0% del PBI para 2025. En cuanto a seguridad interior, Milei nombró como ministra a Patricia Bullrich (exministra durante 2015-19, de línea dura) y juntos impulsaron una agenda de “mano dura” contra el delito, con énfasis en reforzar fuerzas federales y endurecer leyes penales. Por ejemplo, propusieron bajar la edad de imputabilidad a 10 años para ciertos delitos graves (lo cual no prosperó aún en el Congreso pero muestra la orientación punitivista).

Los datos delictivos muestran luces y sombras. Según el Ministerio de Seguridad, en 2024 Argentina registró 91 homicidios dolosos menos que el año anterior, situando la tasa de homicidios en 3,8 por 100.000 habitantes, la más baja en décadas y de las más bajas de Sudamérica. El gobierno destaca esto como éxito de sus políticas (Bullrich afirmó que Argentina alcanzó “la tasa de homicidios más baja de Sudamérica”). También se reportaron caídas en delitos graves como violaciones (-12,8% en 2024) y secuestros. Estas mejoras pueden obedecer a varios factores: más presencia policial en las calles, disuasión por mayor rigor (se implementó un protocolo estricto anti-piquetes y se dieron más facultades a las fuerzas para actuar), y también a la recesión misma que redujo la circulación nocturna y conflictos interpersonales violentos.

Por otro lado, los delitos contra la propiedad (robos, hurtos) aumentaron en 2024. Estadísticas oficiales indican que los robos denunciados pasaron de ~455.000 en 2023 a 471.000 en 2024 (un alza de ~3.5%). En el Gran Buenos Aires, se registró un crecimiento notable de robos en modalidad “piraña” (saqueos rápidos en banda) y robos en transporte público. De hecho, los hurtos de autos subieron 23% en el primer semestre de 2024 comparado al mismo periodo del año anterior. Sociólogos apuntan que “cuando se reducen los ingresos y las changas disponibles, aumentan los delitos contra la propiedad”, evidenciando el vínculo entre crisis económica y delito común. Las estadísticas parecen confirmar esto: el ajuste y la pobreza empujaron a más personas a actividades delictivas menores para sobrevivir.

La percepción de inseguridad entre la población aumentó sensiblemente. Encuestas (como una de Zubán Córdoba en marzo 2025) revelaron que 52% de los consultados cree que los robos crecieron con el nuevo gobierno, y casi 59% siente que “el gobierno habla de seguridad pero no hace nada para frenarla”. En el conurbano bonaerense, más del 50% de los habitantes dice sentirse inseguro al salir de sus casas. Esto pese a la retórica firme de Bullrich y Milei, que insisten en que han “recuperado el control de la calle” dispersando piquetes y deteniendo delincuentes.

De hecho, la gestión de la protesta social por parte del gobierno fue inflexible. Se implementó un protocolo que disuade y despeja los cortes de ruta/avenidas rápidamente, con fuerzas federales si es necesario, lo que redujo notablemente los piquetes prolongados que antes eran frecuentes. Este enfoque autoritario fue celebrado por algunos sectores (empresarios, automovilistas hartos de bloqueos) pero criticados por organizaciones de derechos humanos, que acusan criminalización de la protesta. A finales de 2024 hubo incidentes de represión a jubilados que protestaban por haberes, y a piquetes de organizaciones sociales en el centro porteño, dejando heridos leves y detenciones breves. Estas acciones endurecidas generaron “orden” en términos de tránsito, pero no abordaron las causas subyacentes de las protestas (que usualmente eran por desempleo o falta de ayuda en barrios humildes).

Otro foco es el narcotráfico, en particular en ciudades como Rosario. Con el Estado retirando apoyo social en zonas vulnerables, se teme que los narcos suplan al Estado con dinero y protección, consolidando su poder. La ministra Bullrich envió fuerzas federales adicionales a Rosario y zonas críticas, y reportó ciertos éxitos en incautaciones récord de droga en 2024. Aún así, en barrios pobres de Rosario la violencia ligada al narco siguió alta, y líderes locales advierten que sin programas integrales (educación, empleo) es difícil destronar a estas economías ilegales.

En resumen, la seguridad ciudadana bajo Milei muestra un descenso de los crímenes violentos graves, atribuible en parte a la mayor firmeza policial, pero un aumento de los delitos contra la propiedad vinculados a la crisis social. La población se siente, por ahora, más insegura, lo cual es un desafío para el gobierno ya que éste hizo de la seguridad una bandera. Controlar el orden público con mano dura puede haber reducido piquetes y ciertos delitos, pero la inseguridad estructural ligada a la exclusión social permanece. Será clave ver si, con la mejora económica proyectada para 2025, los delitos contra la propiedad amainan; de lo contrario, la tensión entre ajuste económico y tejido social roto seguirá alimentando la delincuencia y la sensación de inseguridad en la calle.

Calidad de Vida de la Población

El día a día de los argentinos se ha visto alterado significativamente durante estos 18 meses. En términos de calidad de vida, entendida como la capacidad de la población para satisfacer sus necesidades, acceder a servicios y vivir con tranquilidad, los resultados de las políticas de Milei son mixtos. Por un lado, la estabilidad macroeconómica lograda hacia 2025 sienta bases para mejorar previsibilidad –las familias ya no enfrentan remarcaciones de precios semanales ni saltos diarios del dólar, lo que reduce cierta ansiedad económica–. Pero por otro lado, el ajuste abrupto degradó muchos aspectos del bienestar en el corto plazo.

Uno de los cambios más notorios fue el tarifazo de servicios públicos. El gobierno eliminó casi todos los subsidios a la energía, transporte y agua que mantenían bajas las tarifas. Esto era necesario para aliviar el gasto fiscal (los subsidios en 2023 equivalían al 1,4% del PBI solo en energía), pero implicó que las facturas se multiplicaran. En promedio, la “canasta” de servicios públicos aumentó ~400% en 2024, muy por encima de la inflación general. Por ejemplo, en CABA el gas domiciliario subió +631%, la electricidad +390%, el agua +350% y el transporte público +707% en el año. Una familia de clase media que en diciembre de 2023 destinaba $30.000 (unos 30 USD) a pagar luz, gas, agua y colectivo, en septiembre de 2024 necesitaba $141.500 (142 USD) para los mismos consumos. Este incremento descomunal obligó a reestructurar el gasto familiar: más dinero a gastos fijos y menos a otros fines. Muchos hogares se vieron forzados a reducir consumos considerados antes esenciales (por ejemplo, bajar la calefacción, restringir el uso de vehículos, etc.). La clase media, como se mencionó, pasó a destinar 59% de su presupuesto a servicios básicos, 10 puntos más que antes –un cambio que implica renunciar a salidas, vacaciones, bienes durables, etc.

La alimentación también sufrió cambios. Tras el pico inflacionario, los alimentos básicos se encarecieron aunque luego moderaron su aumento. En mayo de 2025 el rubro Alimentos registró solo +0,5%, reflejando cierta estabilidad, pero eso fue después de que muchos ya adaptaran su dieta. Se popularizaron cortes de carne más baratos, harinas y productos de segundas marcas. La venta de carnes premium cayó. Si bien en 2025 la canasta básica alimentaria sube menos que la inflación general (en junio 2024 la CBT creció 2,6%, la menor variación mensual desde 2021), persiste la inseguridad alimentaria en sectores bajos por ingresos insuficientes. La Tarjeta Alimentar (transferencia para compra de alimentos) aumentó su cobertura pero con retrasos, por lo que muchas familias dependieron de comedores comunitarios. Lamentablemente, el gobierno interrumpió en 2024 la entrega de alimentos a comedores populares vía movimientos sociales, considerándola clientelar. Esto dejó huecos que debieron cubrir gobiernos locales o donaciones privadas. En las mesas de los argentinos se notó austeridad: menor consumo de carne vacuna (sustituida por pollo o carbohidratos), menos lácteos en sectores pobres (por precio), etc. Algunos indicadores de malnutrición infantil podrían empeorar si esta situación no se revierte pronto.

En cuanto a transporte y movilidad, con la quita de subsidios el transporte público se encareció para el usuario (colectivos, trenes y subtes multiplicaron tarifas), lo que para muchos significó gastar más o cambiar rutinas (por ejemplo, caminar o usar bicicleta para ahorrarse el boleto). Ir a trabajar o a estudiar se volvió más oneroso, afectando especialmente a quienes viven lejos de los centros urbanos. Por otra parte, el gobierno flexibilizó la importación de autos usados y 0km para aumentar la oferta (intentando bajar precios), pero con poca incidencia dado el bajo poder adquisitivo en 2024. Hacia 2025, al bajar la inflación, los aumentos de tarifas también se moderaron, dando un respiro relativo en este aspecto.

La situación habitacional y el hábitat urbano presentaron pocos avances. Al paralizarse obras, muchos barrios populares vieron postergadas mejoras (agua potable, cloacas, asfalto) que estaban planificadas. Esto implica que en términos de calidad de vivienda, no hubo progresos y en algunos casos retrocesos (ej: falta de mantenimiento en viviendas sociales existentes, que ya presentaban problemas de infraestructura). El hacinamiento y las tomas de tierras continuaron en algunas ciudades por necesidad habitacional, sin una respuesta activa del gobierno central más que la vía policial.

Otro componente de calidad de vida es la incertidumbre y estrés social. Durante la etapa de inflación galopante, la población sufrió gran ansiedad –corridas cambiarias, miedo a pérdida de ahorros, etc.–. Al calmarse la economía en 2025, ese estrés macroeconómico cedió, pero fue reemplazado en parte por la incertidumbre laboral (miedo a despidos en el Estado o empresas con problemas) y por la preocupación en seguridad. El “humor social” a mediados de 2025 es complejo: existen sectores que reconocen logros del gobierno (como la inflación controlada) pero al mismo tiempo hay desencanto con la promesa de bonanza rápida. Encuestas reflejan que tras un año y medio, la imagen de Milei bajó respecto al arrasador apoyo inicial; el ajuste económico pasó factura en términos de popularidad. Tres de cada cuatro argentinos, incluso muchos que apoyan la disciplina fiscal, rechazan los recortes en áreas sensibles como educación, salud, ciencia y cultura, mostrando que hay límites al consenso social sobre el ajuste.

En síntesis, la vida cotidiana del argentino promedio se volvió más austera en el período analizado. Aunque la inflación ya no es el tema agobiante de cada día, el nuevo desafío es “llegar a fin de mes” con tarifas plenas, sueldos todavía justos y menos redes de contención estatal. Por supuesto, los efectos varían según la clase social: los sectores altos (con ahorros en dólares, propiedades) incluso se beneficiaron en algunos aspectos –al liberalizarse el cepo pudieron mover su dinero libremente, y con altas tasas en pesos obtuvieron ganancias financieras–. En cambio, los sectores medios y bajos pusieron la cuota de sacrificio más grande. La calidad de vida empeoró transitoriamente para la mayoría, con esperanzas de repunte si la economía crece. Un punto positivo de cara al futuro es que con la inflación bajo control y cuentas fiscales saneadas, hay más margen para que aumente el poder adquisitivo y se recuperen algunos servicios públicos, siempre que se mantenga la estabilidad lograda.

Conclusiones

Tras 18 meses de gobierno de Javier Milei, Argentina exhibe un cuadro económico-social profundamente transformado. En lo económico, los resultados son indiscutiblemente significativos en ciertos frentes: la inflación, que amenazaba con desbordarse en una hiper, fue contenida y reducida de niveles superiores al 200% anual a menos del 50% anual en 2025. El tipo de cambio se estabilizó, desapareciendo (por ahora) la brecha cambiaria y las expectativas descontroladas de devaluación. El Estado alcanzó el tan buscado equilibrio fiscal, cortando una historia de déficits crónicos. Estos logros configuran un ordenamiento macroeconómico histórico, y sientan las bases para que Argentina deje atrás su inestabilidad financiera recurrente.

Sin embargo, los costos y riesgos de este ajuste han sido muy elevados. Para “enfriar” la economía tan rápidamente, Milei aplicó una terapia de choque que provocó una recesión en 2024, con caída del PBI y aumento puntual de la pobreza a más de la mitad de la población. Si bien luego la pobreza retrocedió, el tejido social quedó resentido. Áreas clave para el desarrollo a largo plazo –como la educación y la ciencia– sufrieron amputaciones presupuestarias que pueden tardar en sanar. Miles de trabajadores estatales y beneficiarios de programas sociales vieron empeorar dramáticamente su situación, al punto que en 2024 se hablaba irónicamente de “la libertad de ser pobre” avanzando en la Argentina. La clase media se achicó y perdió calidad de vida, al tener que destinar más ingresos a lo básico. En tanto, la deuda pública creció en el corto plazo: el país se apoyó en préstamos del FMI y deuda cara para transitar la transición, acumulando obligaciones que en el futuro próximo habrá que atender.

El impacto social amplio de las medidas de Milei evidenció las dos caras de la moneda. Por un lado, traer estabilidad después de años de inflación descontrolada genera condiciones para mejorar la vida de la gente –por ejemplo, al fin los salarios podrían crecer en términos reales de forma sostenida, y el ahorro/inversión vuelve a ser posible en moneda local–. Por otro lado, la forma abrupta en que se logró esa estabilidad dejó cicatrices: desigualdad en aumento en ciertos ámbitos, servicios públicos debilitados, mayor sensación de inseguridad y conflictividad social latente por la reducción del rol del Estado.

En definitiva, Argentina a junio de 2025 es un país macro más prolijo pero micro más heterogéneo y lastimado. El gobierno de Milei consiguió “ordenar la casa” en variables fundamentales, pero a un costo que se reflejó en el sufrimiento de amplios sectores durante muchos meses. Las políticas libertarias demostraron ser efectivas para domar desequilibrios monetarios y fiscales en poco tiempo, aunque menos hábiles para proteger el tejido social en el proceso. Queda por delante el desafío más importante: capitalizar esta estabilidad incipiente en un crecimiento sostenido e inclusivo. Si en 2025-2026 Argentina lograra atraer inversiones, generar empleo de calidad y recomponer salarios, las penurias recientes podrían justificarse como el “costo necesario” de una transformación positiva. En cambio, si la economía se estanca o si sobreviene otra crisis (por ejemplo, por la deuda acumulada o un shock externo), el país correría el riesgo de haber hecho un enorme sacrificio para, finalmente, no mejorar sustancialmente la vida de su gente.

Al día de hoy, la vida del argentino común sigue marcada por la incertidumbre pero con un matiz distinto: ya no es el miedo a una hiperinflación, sino la duda de cuándo sentirá el alivio prometido. Las medidas de Milei tuvieron efectos concretos –algunos beneficiosos, otros dolorosos– en la vida de los argentinos. La inflación ya no devora los salarios mes a mes, pero la “sensación térmica” económica aún es fría: la reactivación recién asoma y muchos todavía hacen malabares para llegar a fin de mes. La apuesta del gobierno es que lo peor ya pasó y que, gracias al orden logrado, vendrán años de prosperidad. Las próximas etapas serán cruciales para validar o refutar esa promesa. Milei ha cambiado el rumbo de la economía argentina; falta lograr que ese nuevo rumbo conduzca a mejorar la calidad de vida de la mayoría. Las cicatrices sociales quedarán como recordatorio de que la estabilidad macro, siendo condición necesaria, no es suficiente por sí sola –debe traducirse en progreso tangible para la población, algo que aún está en proceso de construcción en la Argentina de 2025.