El gobernador anunció un proyecto de ley para declarar la emergencia en obra pública nacional paralizada en el territorio bonaerense. La iniciativa busca intervenir en caminos y obras hídricas críticas, tras dos años de paralización.
Política18 de agosto de 2025
Alejandra Larrea
Este lunes, Axel Kicillof encabezó una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, acompañado por los ministros Gabriel Katopodis (Infraestructura y Servicios Públicos) y Pablo López (Economía), para informar el envío de un proyecto de ley a la Legislatura bonaerense. El objetivo es declarar la emergencia sobre la obra pública nacional detenida en la provincia y otorgar facultades excepcionales al gobierno provincial para intervenir, rescindir o retomar proyectos que están paralizados desde 2023.
Kicillof describió la situación como histórica: “Nunca en la historia argentina, más allá de crisis o ajustes económicos, se registraron dos años con toda la obra pública nacional paralizada”, sostuvo. Advirtió que esta imposibilidad de avanzar en los proyectos pone en riesgo la seguridad vial, provoca pérdidas económicas y agrava el deterioro urbano e hídrico en la provincia.
El proyecto presentado facultaría al Ejecutivo bonaerense para gestionar directamente esas obras críticas sin depender exclusivamente de la Nación. Esto incluye la Autopista Presidente Perón, obras hidráulicas para mitigar inundaciones y el dragado del Río Salado, entre otras. Además, podría hacerse cargo de reclamos legales por fondos retenidos, que según cálculos oficiales ascienden a miles de millones de pesos.
Katopodis subrayó la gravedad institucional del paralelismo: dijo que el Gobierno nacional detuvo por completo los trabajos desde el inicio de su gestión y no transfirió ninguna jurisdicción para que la provincia pudiera continuar con los proyectos en marcha. “Esto ya genera consecuencias sociales y humanas”, advirtió.
La propuesta llega en un contexto político delicado: se ilustra como un paso decidido para intentar reparar los efectos del abandono estatal y evitar que proyectos de infraestructura claves queden a medio camino. En paralelo, refuerza una estrategia de presión hacia Nación que ya incluyó reclamos en la Corte Suprema por fondos incumplidos.
El impacto fue inmediato: tanto intendentes bonaerenses como sectores productivos y vecinos exigieron rapidez legislativa para habilitar ese marco de intervención. En medio de un escenario electoral en el que la provincia define su voto provincial el 7 de septiembre, esta movida podría transformarse en un eje político central de la campaña.
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