Alejandra Larrea
Un grupo de fondos acreedores, con títulos en default desde 2001, solicitó recientemente en tribunales de Estados Unidos cobrar sus deudas utilizando acciones de YPF, agravando la presión legal sobre Argentina. Estos nuevos reclamos se suman al litigio previo por la expropiación de la compañía en 2012.
El detonante es un fallo estadounidense que obliga a transferir el 51 % de las acciones estatales de YPF, valoradas en más de 16.000 millones de dólares, para saldar indemnizaciones. Ahora, fondos “me too” —entre ellos Attestor, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee— buscan participar en la ejecución de ese mismo activo estatal.
La situación crea una presión dual: por un lado están los fondos que ganaron el juicio por la expropiación, y ahora se suman los holdouts de la deuda 2001 reclamando prioridad en la cobrabilidad. La acumulación de estos reclamos pone en riesgo no solo los activos de YPF, sino también la estrategia financiera global del país.
En respuesta, el Gobierno presentó una apelación frente a la corte estadounidense y está gestionando medidas paralelas en otras jurisdicciones (como Londres), buscando frenar o suspender la orden de entrega de acciones. Además, la ley argentina impide transferencias de activos estratégicos sin aprobación del Congreso, lo que añade una barrera política adicional.
Este escenario podría afectar la negociación de futuros acuerdos de deuda, complicar la estrategia energética en Vaca Muerta y tensionar el plan de acceso a nuevos fondos internacionales, vitales en medio de una economía con reservas limitadas.
