El gobierno eliminó los controles sobre el gas licuado de petróleo, fundamental para millones de hogares. La medida abre la puerta a subas abruptas en el precio de las garrafas y revela una visión de mercado que choca con la realidad social.
Economía06 de julio de 2025
Alejandro Cabrera
La desregulación del mercado del GLP (gas licuado de petróleo) anunciada por Federico Sturzenegger no es una simple medida técnica. Se trata de un cambio de fondo con consecuencias inmediatas sobre la vida cotidiana de millones de argentinos que dependen de la garrafa como única fuente de energía para cocinar o calefaccionarse.
En medio de una crisis energética agravada por el frío extremo y la escasez de gas natural, la decisión implica que los precios de las garrafas pasarán a estar sujetos a la dinámica de la oferta y la demanda, sin intervención estatal. En los hechos, significa la posibilidad concreta de fuertes aumentos en un insumo que no puede ser sustituido.
Un mercado chico, una necesidad masiva
A pesar de representar sólo el 2% del consumo energético nacional, el GLP es crucial para más de 3 millones de hogares que no están conectados a la red de gas natural. En villas, asentamientos y pequeñas localidades del interior, la garrafa es el único recurso para cocinar y calefaccionarse.
La regulación anterior mantenía un precio de referencia fijado por la Secretaría de Energía. El programa “Hogar” subsidiaba una parte del precio para sectores vulnerables. Con la nueva normativa, este esquema queda virtualmente desactivado.
“El GLP no es un producto suntuario. Para muchas familias, representa la diferencia entre comer o no”, señalan los especialistas en energía.
Desregulación total: el nuevo marco
La medida de Sturzenegger elimina los precios máximos, libera a las empresas productoras de abastecer al mercado interno en condiciones reguladas y suprime los acuerdos de reparto geográfico.
En palabras del nuevo secretario de Desregulación, el objetivo es “liberar el sistema de precios para incentivar la competencia y la inversión”. Pero en la práctica, lo más inmediato es el aumento del precio de la garrafa y la concentración del mercado en pocas manos.
Se estima que el 80% del GLP envasado es producido por apenas tres empresas. En un escenario sin controles, la dinámica oligopólica tiende a imponer valores por encima de la capacidad de pago de los sectores populares.
El contexto energético agrava el impacto
La medida llega en un momento particularmente crítico. La ola polar de las últimas semanas saturó el sistema de transporte de gas y provocó cortes a industrias, estaciones de GNC y hasta edificios públicos. En ese marco, la demanda de garrafas se disparó.
Con el congelamiento de precios levantado y sin obligaciones de reparto, los envases escasean en muchas localidades. El precio promedio en comercios de cercanía ya supera los $6.000, y se esperan subas de hasta 40% en zonas alejadas de los centros urbanos.
Mientras tanto, el programa “Hogar” quedó desfinanciado. Desde principios de año se viene reduciendo la cantidad de beneficiarios activos, y no hay anuncio oficial sobre cómo se actualizarán los montos ante la nueva realidad de precios libres.
Filosofía de mercado versus derechos sociales
La desregulación del GLP encaja en la matriz ideológica del gobierno de Javier Milei: eliminar toda distorsión del mercado, sin considerar los efectos redistributivos de ciertas intervenciones.
En esta lógica, el precio es un dato objetivo que no admite mediaciones. Si una familia no puede pagar una garrafa, es un problema de ingresos, no de regulación. El Estado se corre del rol de equilibrar necesidades básicas y deja en manos del mercado la asignación de recursos esenciales.
“Es una economía darwinista. Sobrevive el que puede pagar. El resto queda afuera del sistema”, sintetizó un analista energético consultado.
Reacciones: silencio oficial y alerta en las provincias
Hasta el momento, no hubo voceros del gobierno que detallaran cómo se protegerá a los sectores más afectados por la medida. Las gobernaciones del NOA y el NEA alertaron sobre el impacto en sus territorios, donde el uso del GLP es mayoritario.
Tampoco hubo anuncios sobre mejoras en la logística, uno de los factores que más encarece el precio en zonas rurales. La realidad es que, sin intervención estatal, los precios dependen del costo del flete, que sube con los combustibles y la distancia.
En el conurbano bonaerense, organizaciones sociales comenzaron a relevar el acceso a garrafas en barrios populares y anticipan protestas si los valores superan los niveles alcanzables con planes sociales.
¿Qué puede pasar con los precios?
Analistas del sector anticipan que el valor de la garrafa de 10 kilos podría llegar a $8.000 en julio en zonas alejadas. Hoy el precio subsidiado estaba en torno a los $2.700, con reintegros parciales.
La quita de topes, la mayor demanda por frío y la baja oferta de envases disponibles son el combo perfecto para una escalada rápida. Además, al tratarse de un mercado pequeño, cualquier alteración en la logística repercute directamente en los precios.
La posibilidad de competencia efectiva es baja. El cuello de botella es la distribución: los envases y camiones están en manos de pocos operadores, lo que impide una real descentralización del sistema.
Un modelo de política energética en disputa
El GLP es el primer caso concreto de desregulación plena en el sector energético. Pero no será el único. El gobierno ya anunció que se viene un esquema similar para la electricidad, el gas natural y los combustibles líquidos.
El problema es que, al eliminar controles sin garantizar accesibilidad, se pone en riesgo la cobertura energética de millones de personas. El concepto de energía como derecho básico choca con la lógica de que sólo accede quien puede pagar.
“La energía no es un bien más. Es condición de ciudadanía”, advierten desde distintas ONGs que trabajan en el acceso equitativo a los servicios básicos.
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