Por decreto 461/2025, el Gobierno eliminó la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito. Sus funciones pasarán a Economía y Gendarmería, en una estrategia de ajuste estatal y control centralizado.
Política08 de julio de 2025
Alejandra Larrea
A través del Decreto 461/2025, el presidente Javier Milei cerró Vialidad Nacional —la entidad que administraba 40.000 km de rutas—, junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. Las tareas se redistribuirán al Ministerio de Economía, la Secretaría de Transporte, la Agencia de Control de Concesiones y la Gendarmería.
La medida forma parte de sus facultades delegadas por la ley de “Bases”, que habilita reorganizaciones sin pasar por el Congreso. Se presenta como un ajuste para reducir gastos e impulsar eficiencia, mientras avanza un plan para privatizar tramos viales clave.
Reestructuración institucional:
CNRT muta a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, con autonomía técnica, para supervisión vial y ferroviaria, sanciones y tramitación de reclamos ciudadanos.
ANSV se fusiona: sus competencias quedan bajo la Secretaría de Transporte, con la Gendarmería encargada del control en rutas nacionales.
Transferencia de funciones:
La Dirección Nacional de Vialidad pasa al Ministerio de Economía, que queda facultado para decidir licitaciones, delegarlas o reubicarlas. Obras, planificación y mantenimiento vial se centralizarán bajo dos unidades internas de Economía: la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Transporte.
Impacto en el personal y Cupo Vial:
Vialidad contaba con 5.184 agentes; dos tercios eran personal administrativo o jerárquico. Se anuncian reubicaciones, pero sectores sindicales advierten despido de más de 5.000 empleados.
Sindicatos viales denuncian riesgo de “rutas nacionales de la muerte” por el recorte de mantenimiento y advirtieron que las autoridades están "dejando rutas claves en abandono".
La Casa Rosada, a través de su vocero Manuel Adorni y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, justificó la medida como “el acta de defunción de la corrupción kirchnerista” y prevé un ahorro de 100 millones de dólares anuales.
Sturzenegger hizo hincapié en que Vialidad era un “ícono de la corrupción” y una estructura excesivamente compleja. También recordó la causa judicial que involucró a Cristina Fernández de Kirchner.
Desde Unión por la Patria, el peronista Florencio Randazzo criticó la eliminación de la ANSV —creada por él en 2008— y alertó que controles como alcoholímetro y licencias digitales podrían perderse.
Gobernadores de provincias como Río Negro (Weretilneck) presentaron acciones judiciales ante la supuesta omisión del Estado nacional en el mantenimiento de rutas federales, lo que consideran un abandono institucional.
La disolución de Vialidad y la reconfiguración de los entes viales representan otro corte drástico de Milei en la estructura del Estado. Busca reducir costos, centralizar decisiones e instalar la agenda de privatizaciones y concesiones. Pero enfrenta fuertes resistencias: sindicatos, provincias, ex autoridades y sectores técnicos advierten sobre el deterioro de infraestructura esencial. El centro del debate parece ubicarse entre eficiencia económica y compromiso público con la red vial del país.
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