La histórica distribuidora de medicamentos quedó en el centro de la investigación por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Su relación con el Estado, el vínculo con los Menem y el rol en los audios de Spagnuolo.
Política23 de agosto de 2025
Alejandra Larrea
El escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) abrió una puerta hacia el complejo entramado de la provisión de medicamentos en la Argentina. En el centro de la tormenta aparece la Droguería Suizo Argentina, una firma con décadas de trayectoria en el mercado y contratos multimillonarios con el Estado, ahora señalada como engranaje clave de un sistema de retornos ilegales.
Su nombre surgió en los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, que detonaron la causa judicial. Desde entonces, la empresa se convirtió en objetivo de allanamientos, requisas de documentación y peritajes sobre sus vínculos financieros y políticos.
La Suizo Argentina es una de las principales distribuidoras de medicamentos del país. Controlada por la familia Kovalivker, se especializa en la provisión de fármacos oncológicos y tratamientos de alto costo, un negocio sensible que históricamente mantuvo lazos con distintos gobiernos por la magnitud de las compras públicas.
En el marco del caso ANDIS, la Justicia investiga si a través de esta droguería se canalizó parte del esquema de sobrefacturación y retornos mencionados en los audios de Spagnuolo. El circuito bajo sospecha habría funcionado con la aprobación de expedientes en la Agencia, el pago a proveedores y un “peaje” que terminaba en bolsillos de funcionarios y operadores.
La empresa fue allanada en simultáneo con las oficinas de la ANDIS. En esos procedimientos se incautaron documentos, equipos informáticos y sobres con dinero en efectivo. También se registraron teléfonos y soportes digitales que podrían confirmar las conexiones entre los contratos oficiales y las maniobras ilegales.
El caso no solo toca a la firma en su faz corporativa, sino que también la vincula con la política. La Suizo Argentina mantiene vínculos históricos con dirigentes del entorno de Eduardo y Martín Menem, y su nombre ya había aparecido en denuncias pasadas sobre la concentración del mercado farmacéutico. Estas relaciones reflotaron con fuerza a partir de la irrupción del escándalo y hoy forman parte de las líneas de investigación judicial.
En paralelo, los audios mencionan contactos con la mesa chica del poder: Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem fueron señalados como figuras de referencia política en torno a los movimientos de fondos. Aunque ambos desmintieron cualquier participación, la simple aparición de sus nombres en las grabaciones potencia la tensión en el oficialismo y obliga a reforzar los esfuerzos de contención política.
La oposición, por su parte, aprovechó la exposición mediática del caso para exigir explicaciones en el Congreso. Reclama que se investiguen todos los contratos entre la droguería y el Estado, que se publique el detalle de las compras realizadas y que se determine si existió un sistema estructural de desvío de dinero público.
El nombre de la Droguería Suizo Argentina dejó de ser solo una referencia en el mercado farmacéutico para transformarse en el epicentro de un escándalo político y judicial. Con allanamientos, dinero secuestrado y vínculos con la mesa del poder, la empresa se convirtió en símbolo de las sospechas sobre cómo se manejaron fondos destinados a las personas con discapacidad. La investigación recién comienza, pero ya dejó claro que la relación entre medicamentos, política y negocios está bajo la lupa como nunca antes.
El máximo tribunal argentino dejó firme la medida que autoriza la entrega del empresario detenido, acusado de liderar una red internacional de lavado vinculada al narcotráfico y al uso de empresas offshore. En los Estados Unidos lo esperan causas federales por fraude, tráfico de drogas y evasión fiscal.
El empresario detenido amplió su declaración indagatoria y admitió haber mantenido vínculos contractuales con José Luis Espert. Dijo que los pagos “eran por asesorías económicas” pero no pudo justificar documentación ni contraprestaciones. La Justicia investiga si se trató de operaciones de lavado de dinero.
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La ministra de Seguridad respaldó la decisión del oficialismo de cerrar filas tras la salida de José Luis Espert, pero remarcó la necesidad de que el espacio libertario mantenga claridad institucional y ética frente a las acusaciones que rodean la causa Machado.
La Justicia Federal abrió una causa contra el exdiputado y economista José Luis Espert por presunto lavado de dinero, tras detectarse una transferencia de 200 mil dólares proveniente de una sociedad vinculada a Fred Machado, empresario acusado por narcotráfico y evasión fiscal.
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