Jóvenes mexicanos marchan en Ciudad de México denunciando el alza imparable de los alquileres por turismo masivo y nómadas digitales. El gobierno rechaza el xenofobia, pero falta una respuesta estructural que garantice vivienda accesible.
Mundo08 de julio de 2025
Alejandra Larrea
El viernes pasado, cientos de personas se movilizaron en la Ciudad de México —especialmente en barrios icónicos como Condesa y Roma— para exigir freno a la gentrificación y al aumento de los precios por la masiva llegada de turistas y trabajadores remotos. La protesta, mayormente pacífica, derivó en daños a algunos locales comerciales y cantos polarizadores como “Gringos, dejen de robarnos la casa”.
La presidenta Claudia Sheinbaum reprobó las expresiones xenófobas, mientras la comunidad exige controles más rigurosos que eviten que la vivienda se convierta en producto de inversión.
La ola de gentrificación en la capital mexicana se aceleró tras políticas para atraer al turismo y los nómadas digitales, especialmente tras acuerdos públicos con Airbnb y UNESCO desde 2022.
El frente anti‑gentrificación exige controles a los alquileres, priorización de residentes locales en nuevas construcciones, regulaciones estrictas para plataformas como Airbnb y freno a la especulación inmobiliaria.
Si bien la mayoría de la marcha fue pacífica, se registraron pintadas hostiles y daños a vidrieras, lo que llevó al gobierno a denunciar el uso de consignas violentas. Sheinbaum insistió en que México es un país inclusivo y rechazó toda manifestación xenófoba.
En zonas como Roma y Condesa, los alquileres crecieron en doble dígito en los últimos dos años. Actualmente existen más de 26.000 propiedades en plataformas turísticas, lo que ha reducido la oferta y encarecido los inmuebles tradicionales.
A pesar de que se avanzó con una ley de control de alquileres y límites a Airbnb —vigente desde hace meses—, aún no se aplican de forma efectiva. El gobierno admite que la ley no será implementada con rigor hasta después del Mundial 2026.
La marcha reaviva una tensión profunda: se combinan la urgencia por vivienda accesible y la resistencia al turismo desmedido. El rechazo a la xenofobia no disminuye la desilusión vecinal, que reclama cambios estructurales. Las autoridades han dado señales, pero la falta de implementación de leyes y la debilidad de los controles revelan que, al día de hoy, no basta con condenas diplomáticas: se requieren políticas integrales y rápidas para evitar un agotamiento urbano del tejido social tradicional.
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