El presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz han impulsado con urgencia una reforma legislativa para incluir el embargo de armas a Israel en la ley española, con la meta de tenerla aprobada tras el verano y antes de septiembre.
Mundo14 de julio de 2025
Alejandra Larrea
La coalición de Gobierno ha dado un paso estratégico para frenar el comercio armamentístico con Israel. Sánchez y Díaz decidieron poner en marcha una proposición de ley que incorpora la figura del embargo, actualmente pendiente en el Congreso, con el firme propósito de reactivarla apenas termine el periodo de enmiendas y aprobarla a la vuelta del verano.
El respaldo amplio y heterogéneo que la iniciativa consiguió en su admisión a trámite –con el voto favorable de partidos de la coalición y del bloque de investidura– refuerza la presión política. Ahora, con la iniciativa reforzada por quienes la impulsan, el Ejecutivo busca concretar el embargo de armas antes de que termine el próximo septiembre.
La proposición fue admitida a trámite el pasado mayo y logró un fuerte consenso inicial, con 176 votos a favor frente a 171. Participaron activamente los grupos de la coalición –PSOE, Sumar, Podemos, ERC, BNG–, junto a formaciones como Junts, PNV y EH Bildu.
Sánchez y Díaz coordinaron los pasos para acelerar el trámite en plenas vacaciones parlamentarias. Su objetivo es que quede aprobada tras el verano, antes de su paso al Senado, y disponer de un marco legal que habilite inspecciones y revocaciones automáticas de autorizaciones de material militar y de doble uso.
La reforma endurece los controles sobre envíos a Israel, incluyendo camiones, buques y aeronaves, e introduce protocolos para interceptar y confiscar cargas armamentísticas. Además, amplía las competencias de inspección y supervisión a la Secretaría de Comercio.
El impulso político también responde a presiones externas: más de mil profesionales de la cultura firmaron una carta exigiendo un embargo "integral". El Gobierno, por su parte, quiere aprovechar ese apoyo para mostrar firmeza ante la ofensiva en Gaza y la reiterada denuncia de crímenes contra los derechos humanos.
La derecha parlamentaria, representada por PP y Vox, se opone a la iniciativa y la acusa de sesgo ideológico. Sin embargo, la determinación del Ejecutivo se mantiene sólida y persigue una votación definitiva en septiembre.
Este proceso coincide con el debate comunitario sobre sanciones a Israel. España ha sido de los países más activos en promover medidas; la decisión doméstica de prohibir armas a Israel refuerza esa postura internacional.
A la hora de aplicar la reforma, el Ejecutivo habilitará inspecciones de carga en puertos y aeropuertos, y dará la orden de revocar licencias en caso de detectarse envíos armamentísticos a Israel. Además, establece un mecanismo de respuesta automática cuando tribunales internacionales reconozcan violaciones graves.
Con esta maniobra legislativa, Sánchez y Díaz posicionan a España como un actor comprometido con la paz y los derechos humanos. La iniciativa, si logra su aprobación en septiembre, habilitará un embargo de armas a Israel desde el marco jurídico nacional, y consolidará un precedente político y diplomático significativo en la política exterior española.
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