El Ejecutivo central y la Generalitat han establecido los principios para un nuevo régimen fiscal que otorga a Cataluña la capacidad de recaudar el 100 % de sus impuestos autonómicos, con una contribución al Estado por servicios prestados, sin cifras ni plazos cerrados. La iniciativa, surgida del pacto de investidura de Illa, sienta un modelo que podría extenderse a otras comunidades.
Mundo14 de julio de 2025
Alejandra Larrea
En una reunión de la Comisión Bilateral celebrada en Barcelona, el Gobierno y la Generalitat consensuaron las líneas maestras del novedoso sistema de “financiación singular”. La propuesta contempla que Cataluña gestione íntegramente sus tributos—en especial el IRPF—y transfiera luego una parte al Estado para garantizar servicios y solidaridad interterritorial.
Aunque aún falta definir montos y fechas exactas, el acuerdo incluye la creación de un grupo técnico para desarrollar la implementación. La Hacienda catalana pasaría a recaudar cerca de 30.000 millones en 2026, frente a los actuales 5.000 millones.
La medida está inspirada en los modelos forales del País Vasco y Navarra, y genera división política. Mientras el Gobierno la presenta como un paso hacia un modelo federalizable, comunidades como Castilla‑La Mancha y Asturias expresan preocupación por posibles agravios territoriales. El principio de “ordinalidad” busca asegurar que la posición de Cataluña no se deteriore tras su contribución al Estado, aunque el reparto concreto aún está en discusión.
También se acordaron mecanismos de coordinación técnica entre la Agencia Tributaria de Cataluña y la estatal, se ampliará la plantilla y se reforzará la infraestructura para gestionar el nuevo volumen tributario. Sin embargo, sectores como Junts critican que el pacto no equivale a un verdadero concierto económico.
El acuerdo se produce en un contexto de desgaste político del PSOE y urgencia parlamentaria para reforzar la mayoría con ERC. La financiación singular fue clave para la investidura de Illa y puede condicionar la gobernabilidad futura. Otros partidos, como el PP y Vox, denuncian que se trata de una concesión parcial al independentismo que podría romper la igualdad territorial.
El acuerdo marca un hito en la relación fiscal entre el Estado y las comunidades autónomas. Si bien representa un avance hacia un modelo con más autogestión catalana, queda mucha negociación por delante para concretar cifras, plazos y garantizar un equilibrio con el resto de regiones. Su extensión futura dependerá tanto de voluntad política como de consensos técnicos.
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