El Gobierno español autorizó la instalación de cámaras chinas en edificios estatales y fortaleció su estrategia de acercamiento con Pekín. La iniciativa genera debate sobre soberanía, transparencia e independencia tecnológica.
Mundo21 de julio de 2025
Alejandra Larrea
España dio un paso significativo en su relación con China: el Ejecutivo autorizó contratos con empresas tecnológicas asiáticas para instalar sistemas de videovigilancia en sedes oficiales, entre ellas La Moncloa, Renfe y el Ministerio del Interior. La medida revela un giro estratégico que prioriza la cooperación con Beijing, con consecuencias notorias en seguridad y diplomacia.
Por primera vez, España se posiciona de forma tan decidida hacia China, contrariando advertencias de Estados Unidos y algunos socios europeos. Esa elección coloca al gobierno en una encrucijada: defender la autonomía tecnológica y económica, o exponerse a críticas por ceder influencia estratégica a un régimen cuestionado internacionalmente.
La controversia surgió cuando se conoció que España adjudicó contratos a empresas chinas, como Hikvision y Huawei, para equipar con decenas de cámaras de reconocimiento facial varios edificios clave del Estado. Fuentes oficiales señalan que estas cámaras cuentan con capacidades para identificar rostros y realizar seguimiento en tiempo real, funciones que algunos gobiernos consideran adelantos de espionaje encubierto.
El primer bulo se encendió al confirmarse que las cámaras operan en el perímetro de La Moncloa, sede del Gobierno, y espacios sensibles como Correos, Hacienda y Renfe. La empresa Hikvision, originaria de Hangzhou, ha sido vetada o restringida por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, debido a su presunta conexión con el aparato de inteligencia de Pekín.
En abril, durante una visita oficial a Pekín, Pedro Sánchez se reunió con Xi Jinping para sellar acuerdos que incluyen cooperación tecnológica, defensa del libre comercio y proyectos en energías renovables y ciudades inteligentes. Ese gesto diplomático fue interpretado como una señal clara: España busca actuar de puente entre Europa y China, impulsando inversiones chinas y respaldo diplomático mutuo.
La alianza tecnológica no es un tema menor. En España ya funcionan plantas de baterías de empresas como CATL, resultado de acuerdos con Stellantis. A la par, los nuevos sistemas de videovigilancia despertaron preocupación entre sectores que advierten sobre vulnerabilidades a la manipulación o la dependencia extranjera.
Las autoridades defienden la iniciativa: sostienen que la prioridad fue elegir tecnología avanzada, eficiente y económica, sin confrontar el origen del proveedor. Además, argumentan que España cuenta con marcos legales que garantizan control y supervisión estatal de los datos generados.
La UE encara su propio equilibrio: mientras algunos socios, como Alemania y Francia, proponen restricciones a tecnología china, España impulsa una estrategia pragmática que abraza la inversión sin romper con aliados tradicionales. El ministro de Exteriores español subrayó que Europa debe definir una política propia hacia China, sin copiar las posturas estadounidenses.
Mientras tanto, en Washington expresaron su preocupación. El secretario del Tesoro calificó el acercamiento como “una jugada que podría cortarse la propia soberanía digital”.
Desde Madrid se repite que España no renuncia a sus principios democráticos ni a su obligación de proteger datos, aunque el mensaje diplomático ahora resuena más cerca de Beijing.
España dio el paso que muchos consideraban improbable: abrir una nueva fase de acercamiento tecnológico y político con China, instalando cámaras de vigilancia conectadas a firmas chinas en sedes estatales. La jugada redefine el mapa de alianzas europeo, tensiona la relación con EE. UU. y genera el desafío de balancear eficacia, transparencia y autonomía. Queda por verse si este viraje aporta beneficios estratégicos o si, por el contrario, será recordado como un momento definitorio en la defensa de la soberanía nacional.
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