EE.UU. impuso sanciones y revocó visas a jueces brasileños en medio del juicio contra Jair Bolsonaro. La ofensiva genera tensión diplomática y estrategias cruzadas entre ambos países.
Estados Unidos30 de julio de 2025
Alejandra Larrea
La administración estadounidense avanzó con sanciones contra el juez brasileño Alexandre de Moraes, figura clave en el proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro. La respuesta del gobierno de Lula fue contundente: rechazó de plano lo que denominó una injerencia arbitraria y reafirmó la soberanía del sistema judicial brasileño.
El expresidente Donald Trump, aliado político de Bolsonaro, elevó aún más la confrontación: anunció tarifas arancelarias del 50 % a productos brasileños como represalia por el avance legal del caso, mientras el hijo de Bolsonaro presiona desde EE.UU. para endurecer la crisis.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a Moraes bajo la Ley Magnitsky Global, alegando abusos judiciales, detenciones arbitrarias y violaciones a la libertad de expresión. Las sanciones congelan sus activos en EE.UU. y prohíben transacciones con ciudadanos estadounidenses.
Poco antes, EE.UU. había revocado la visa del juez y la de otros magistrados señalados como sus aliados y familiares. La medida generó rechazo oficial: el presidente Lula expresó su "solidaridad con los jueces afectados" y calificó la decisión estadounidense de “arbitraria e infundada”.
Además, Jair Bolsonaro fue sometido a restricciones judiciales: se le colocó una tobillera electrónica, se lo prohibió de acceder a redes sociales y se le impidió contactar a autoridades extranjeras. También se ejecutaron allanamientos a sus propiedades y se le bloqueó el pasaporte por riesgo de fuga.
El hijo de Bolsonaro, Eduardo, radicado en EE.UU., se convirtió en pieza fundamental del conflicto. Desde el exterior presiona por sanciones más duras contra los jueces y promueve los aranceles anunciados por Trump. Esta estrategia escaló el aislamiento de Brasil y activó advertencias sobre una potencial crisis económica.
Brasil respondió preparando medidas de represalia: utilizando la Ley de Reciprocidad, el gobierno anunció que podría imponer sanciones comerciales proporcionales si EE.UU. concretaba el tarifazo a partir del 1 de agosto. Mientras, sectores productivos advertían sobre pérdidas millonarias y riesgo de desempleo en exportación.
Dado el estancamiento diplomático —incluyendo fracasos en tratos directos en Washington— el Ejecutivo brasileño activó planes de contingencia, reforzando alianzas con China y explorando nuevos mercados para amortiguar el impacto.
Esta disputa no es solo política: refleja tensiones geopolíticas mayores. Trump utilizó este caso para presionar a Brasil en temas comerciales y judiciales. Por su parte, Lula reafirma que la justicia brasileña es independiente y que ninguna sanción extranjera puede condicionarla.
El proceso judicial contra Bolsonaro incluye acusaciones por intento de golpe de Estado tras su derrota electoral, así como conspiración y alianzas con sectores militares. Varios magistrados y fiscales investigan su rol en eventos que incluyeron llamados a sublevaciones y amenazas institucionales.
La escalada diplomática también provocó reacciones de líderes regionales y de organismos de derechos humanos que alertaron sobre riesgos a la independencia judicial y la escalada de medidas extraterritoriales contra funcionarios públicos.
Un paquete sospechoso generó alarma en pleno corazón de Manhattan. Las autoridades activaron un amplio operativo de seguridad y evacuaron la zona para descartar la amenaza.
Una potente explosión en la azotea de un edificio de siete pisos desató un incendio de tres alarmas en plena mañana, generando una densa columna de humo visible desde gran parte de la ciudad.
El fundador de Terraform Labs se declaró culpable por el colapso de Terra y Luna, que dejó pérdidas por 40 mil millones de dólares.
Autoridades sanitarias advierten sobre ejemplares que presentan protuberancias similares a tentáculos y piden no manipularlos.
El presidente firmó una orden ejecutiva que aplaza una subida masiva de aranceles, buscando darle espacio a nuevas negociaciones comerciales. La medida evita un estallido económico potencial justo antes del fin del plazo acordado.
El presidente declaró una emergencia de seguridad pública en la capital estadounidense, interviniendo las fuerzas locales y sumando agentes federales. La medida genera rechazo de las autoridades locales, que denuncian un uso político del poder presidencial.
La postulación de Florencio Randazzo provoca una fuerte resistencia interna: intendentes radicales se niegan a militar la boleta dirigida por un peronista, lo que amenaza con dejar afuera el sello de la UCR del frente electoral. La tensión podría extenderse si el GEN decide esperar fuera.
Horacio Grasso, ex policía con antecedentes criminales, fue trasladado a prisión luego de que en su casa de Córdoba se encontrara el cadáver de una joven desaparecida. El hallazgo destapó un pasado oscuro y una trama que vuelve a interpelar al sistema judicial y penitenciario.
Una banda integrada por cuatro adolescentes y un adulto fue capturada luego de asaltar una vivienda. El operativo incluyó una persecución a toda velocidad, un choque y la intervención del sistema de cámaras de seguridad del distrito.
Un jefe policial de Taco Pozo, en evidente estado de ebriedad, golpeó a un voluntario, detuvo a una médica y amenazó a un equipo de profesionales que asistía a niños en comunidades rurales.
Un agente de la Policía de la Ciudad fue abordado por dos motochorros mientras circulaba por José C. Paz. Durante el forcejeo, se desató un tiroteo: un delincuente murió y otro resultó herido.