Alejandra Larrea
Un encuentro privado en Nueva York encendió una interna inesperada en el Gobierno: en una grabación se ve a Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, ofreciendo contactos políticos, judiciales y mediáticos a Tim Ballard —un exagente de la CIA con denuncias por abuso sexual— para rehabilitar su imagen en Argentina.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió al cruce y lo calificó públicamente de “abusador”, recordó que lo rechazó personalmente y pidió su renuncia, lo que profundiza las tensiones entre dos figuras centrales de la administración.
Las imágenes captadas por cámara oculta muestran al ministro desplazándose con soltura por referencias al sistema judicial, proponiendo facilitar reuniones con jueces, legisladores y periodistas para mejorar la reputación de Ballard. Incluso menciona haber redactado un borrador de reforma penal inspirado en los relatos del exagente y ofrece enviarlo para su corrección antes de presentarlo en el Congreso.
Ballard, por su parte, ha sido señalado en Estados Unidos por múltiples causas por abuso sexual y acoso, lo que Bullrich recordó con énfasis al rechazar cualquier vínculo previo y justificar su negativa a recibirlo como parte del Gobierno.
La polémica escaló rápidamente: legisladores de la oposición ya presentaron pedidos de juicio político contra Cúneo Libarona, mientras el Ejecutivo busca contener el escándalo minimizando el alcance de la filtración y evitando medidas inmediatas en la Casa Rosada.
Internamente, la exposición del video generó sensaciones encontradas: algunos funcionarios interpretan que el material fue filtrado desde sectores aliados a Bullrich, quienes buscan controlar la narrativa política del escándalo, mientras otros advierten que pudo haber sido difundido por Ballard para presionar por su reintegro mediático.
El trasfondo resalta la tensión sobre la ética en el poder: mientras Cúneo Libarona defiende la reunión como gestos de apoyo a una causa humanitaria, sus opositores lo acusan de tráfico de influencias, defectos en la separación institucional y un claro desborde de los límites éticos del Estado.
El caso pone en evidencia las fracturas internas de un Gobierno que, en poco tiempo, pasó del respaldo total a Ballard a una confrontación pública abierta. El escándalo plantea interrogantes sobre la legitimidad del poder político, la transparencia institucional y el rol de figuras polémicas en agendas sensibles como la lucha contra la trata de personas.
